ALICANTE. La comisión de fiscalización sobre las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas por la cooperativa Residencial Les Naus en un solar municipal subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 podría quedar limitada en cuanto a sus comparecencias. Un informe jurídico encomendado a la Secretaría General del Pleno por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), concluye que ese órgano de representación política de carácter no permanente solo puede solicitar la comparecencia de funcionarios municipales que hayan participado en la tramitación de los expedientes relacionados con la construcción de esas viviendas. 

En esta línea, el dictamen, emitido el pasado 31 de marzo y dado a conocer a los grupos opositores este lunes, concluye que la función de la comisión debe ceñirse al examen formal de los expedientes completos, sin la comisión tenga la capacidad de solicitar la asistencia de funcionarios que no hayan tenido participación en el proceso, ni tampoco a terceras personas ajenas al ayuntamiento. Es más, resuelve que dicho foro de análisis creado para "evaluar los procedimientos seguidos y las garantías de imparcialidad en las promociones de vivienda pública sobre suelo municipal que, o bien se hayan licitado, o bien se vaya a licitar, por el Ayuntamiento o en el proceso del Plan Vive" tampoco dispone de capacidad para solicitar la comparecencia de concejales del equipo de gobierno.

Por último, también concluye que aquellos trabajadores municipales que sean citados para ofrecer explicaciones ante la comisión, no estarán obligados a acudir para exponerse a las preguntas que se les puedan formular, lo que confirmaría que su participación tiene carácter voluntario, como se ha venido poniendo de manifiesto hasta el momento, en las dos sesiones de trabajo efectivo desarrolladas hasta el momento. A ello, el informe expresa la recomendación de que "al personal funcionario o laboral que comparezca voluntariamente se le advertirá que no existe normativa aplicable que garantice la defensa de sus derechos constitucionales". 

Lo cierto es que el desarrollo de la comisión se está ciñendo a las determinaciones recogidas en ese informe, a pesar de que los grupos opositores aseguraron el pasado viernes que no habían tenido constancia de su existencia hasta esa jornada, en la que se celebró la última sesión de la comisión. De hecho, como viene informando este diario, en las dos sesiones celebradas hasta ahora solo ha comparecido un funcionario adscrito al área de Patrimonio que participó en la redacción del pliego de condiciones del concurso de enajenación de la parcela en la que se construyó el residencial, y que ya se encuentra jubilado.

El resto (hasta ahora se ha invitado a responder ante la comisión a once personas) ha declinado su participación, aunque al menos tres de ellos sí han expresado su predisposición a emitir informes o a responder por escrito, en el caso de que se les requiriese. Se trata de un ofrecimiento que la oposición considera que se les ocultó hasta la semana pasada, aunque el equipo de gobierno, del PP, persiste en negar tal ocultación y defiende que no se dio traslado de esa posibilidad al no tener constancia efectiva de ese ofrecimiento, según explicó el mismo presidente de la comisión, Manuel Villar, en la sesión celebrada el pasado viernes.

Con todo, al menos los representantes de los tres grupos opositores del eje progresista -PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem- no se dieron por satisfechos con esa versión e insistieron en acusar al PP de tratar de bloquear los trabajos de la comisión. Entonces, también denunciaron que no se les había dado traslado del informe jurídico elaborado por la Secretaría General del Pleno respecto a las condiciones de funcionamiento de la comisión, a pesar de que algunos de los funcionarios citados a comparecer -como la exdirectora general de Organización Interna, que ha regresado a su plaza como jefa del área de Contratación- sí tenían conocimiento de sus conclusiones.

¿Citaciones en el aire?

¿Qué consecuencias puede tener ese dictamen a partir de ahora? Todavía están por ver. En principio, la última de las funcionarias sobre la que se había solicitado la comparecencia es, precisamente, la jefa de Contratación, que ya ha comunicado su decisión de no participar en la comisión dado el carácter voluntario de las comparecencias que queda reflejado en ese informe. Al margen de ello, en la próxima sesión de trabajo, a desarrollar el próximo 8 de mayo, se había programado la citación de varios excargos públicos municipales: el exalcalde del PSOE, Gabriel Echávarri; la exedil de Hacienda por el PSOE, Sofía Morales; el exconcejal de Contratación por Compromís, Natxo Bellido; el exconcejal de Hacienda por el PP, Carlos Castillo; y la exedil de Contratación también por el PP, María Dolores Padilla. Por ahora, solo Bellido y Castillo habrían mostrado su predisposición a acudir a la llamada de la comisión en el supuesto de no tener compromisos previos ineludibles. Por último, en esa sesión también se había previsto la comparecencia de la exconcejal de Urbanismo y actual edil de Empleo y Educación, Mari Carmen de España.

Además, los grupos opositores también habían anticipado su intención de solicitar las comparecencias del administrador único de Fraorgi (la entidad gestora de la cooperativa Residencial Les Naus), así como la del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón; la de la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero; y la del alcalde de Alicante, Luis Barcala. Al menos este último también se había mostrado dispuesto a responder ante la comisión, a pesar de haber ofrecido ya una comparecencia en un pleno extraordinario días después de que se conociese la polémica sobre la identidad de los compradores de los pisos del residencial, entre los que se encontraba la ya exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez. Por el momento, se desconoce cuál será la decisión particular que adopte cada uno de los comparecientes llamados a responder ante la comisión.

Vacía de contenido

Sea como fuere, el contenido del informe jurídico no ha hecho más que avivar las críticas de los grupos opositores contra el equipo de gobierno, al persistir en su denuncia respecto al bloqueo de los trabajos de la comisión. La portavoz del grupo municipal del PSOE, Ana Barceló , ha valorado que el informe del secretario "no puede ser la coartada de Barcala para vaciar la comisión que debe aclarar qué controles fallaron en la adjudicación de viviendas. Villar debe dimitir como presidente de la comisión por ocultar el informe". Barceló ha considerado que "el único partido que está convirtiendo en un juicio esta comisión es el PP, que está haciendo advertencias a los funcionarios para que no comparezan". Y ha añadido que "lo que no vamos a permitir es que se utilice este informe como excusa para vaciar de contenido la comisión", ha afirmado Barceló, quien ha denunciado que el objetivo del equipo de gobierno es "bloquear el control democrático del pleno e impedir que se conozca la verdad".

Asimismo, ha defendido que los funcionarios cuya comparecencia se solicita son precisamente quienes han intervenido en los procedimientos y ha subrayado que "es el Ayuntamiento quien debe garantizar que puedan comparecer, no dejarlo a su discrecionalidad". "Barcala se está protegiendo a sí mismo", ha concluido la portavoz socialista, "y por eso es más necesario que nunca que los técnicos expliquen cómo se han tramitado estos procedimientos". "Queremos saber la verdad y Barcala no puede impedirlo", ha apostillado.

De igual modo, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha tirado de ironía para asegurar que "todo lo que gira entorno al escándalo de les Naus que vincula al Partido Popular, a personas vinculadas con el Partido Popular con este escándalo, todo es un cúmulo de casualidades". "Qué casualidad que ahora, casi cuatro meses después que desde la izquierda forzáramos una comisión de investigación, para saber qué ha pasado y depurar del responsabilidades, ahora, nos facilitan un informe del vicesecretario afirmando que no podemos llamar a declarar a nadie que no sea funcionario. Ahora, que hemos pedido que comparezca Mazón, que hemos pedido que comparezcan responsables de la Generalitadt, políticos, hemos pedido que comparezca el alcalde o la señora Mari Carmen de España..., ahora, nos dicen que no, que no tenemos competencias", ha insistido. "Qué casualidades, que personas vinculadas al Partido Popular y sus familiares les haya tocado un piso de protección pública, según el alcalde, casualidad que él no tenía nada que ver, que él lo conocía absolutamente nada", ha insistido.

"Ya estamos viendo que el Partido Popular, con la complicidad de Vox, ha convertido esta comisión de investigación, que pretende que los alicantinos volvamos a tener confianza en la administración, la han convertido en un montaje y no lo vamos a permitir. Vamos a llegar hasta el final. Nos lo están poniendo muy difícil, pero aquí lo van a pagar quienes hayan actuado de forma ilegal". Así, ha concluido subrayando que "nos sorprende aún más las declaraciones del alcalde en el pleno extraordinario. Con todo lo que ha ido pasando en las sesiones, y con este informe, es evidente que no hay interés en conocer el fondo del asunto. Si el PP votó a favor de crear la comisión, sabiendo su naturaleza política, se supone que pretendían depurar responsabilidades políticas. Pero ahora nos encontramos con este informe", ha concluido.

En términos similares, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha mostrado su preocupación ante el informe emitido por la Secretaría del Pleno, "ya que plantea una interpretación enormemente restrictiva que puede dejar sin contenido real una comisión aprobada por unanimidad por todos los grupos municipales". "Si una comisión no puede llamar a responsables políticos, no puede contar con comparecencias efectivas, no puede repreguntar y se limita únicamente a recibir documentación, no estamos ante una investigación seria, sino ante un simulacro institucional. La ciudadanía no entendería que se aprobara una comisión para esclarecer hechos relevantes y después se impidiera que pudiera cumplir su función", ha apuntado. "Respetamos el trabajo técnico de la Secretaría, pero un informe no puede sustituir la voluntad democrática del pleno, que acordó la creación de esta comisión precisamente para analizar procedimientos, depurar responsabilidades políticas si las hubiera y garantizar transparencia sobre la gestión del suelo público destinado a vivienda. Además no puede decir que la labor política ha de ceñirse al examen formal de los expedientes completos cuando estos no han sido facilitados a la oposición completos", ha proseguido.

Así, ha considerado que "da la sensación de que algunos quieren cerrar esta comisión antes de que empiece de verdad. Alicante merece saber cómo se tomaron determinadas decisiones, quién intervino en cada fase y qué garantías existieron en procesos que siguen generando muchas dudas razonables. Desde Esquerra Unida Podem no vamos a aceptar una operación de maquillaje institucional. No estamos en política para cubrir expedientes, sino para defender el interés general, la transparencia y el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad. El suelo público no puede gestionarse a golpe de decreto ni protegerse ahora a golpe de informe", ha apostillado.