ELCHE. El pasado 12 de septiembre de 2024, el Ayuntamiento de Daya Vieja se vio envuelto en un procedimiento judicial donde la empresa Cinor Gestión S.L reclamaba 5 millones de euros por el incumplimiento de un convenio urbanístico, acuerdo firmado por el entonces alcalde del PP primero, Cs después y vuelta al PP, Rafael Vives Pertusa, doce días antes de entrar en el periodo electoral de 2019.

Ahora, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Elche ha desestimado este recurso contencioso-administrativo interpuesto por Cinor Gestión S.L, una sentencia que es favorable para el consistorio dayavejense en la primera instancia del proceso judicial.

Para el actual alcalde de Daya Vieja, José Vicente Fernández Costa, de Compromís, “esta es una gran noticia que hace justicia a todo el pueblo de Daya Vieja, aunque sabemos que no habrá acabado aquí el proceso, puesto que entendemos que la parte demandante, no estará conforme e interpondrá recurso de apelación a la sentencia”.

El alcalde ha asegurado que “seguiremos defendiendo los intereses de todos los vecinos ante lo que consideramos, no solo nosotros, sino ahora también el juez mediante sentencia, una auténtica barbaridad en la gestión económica y urbanística de un pueblo como es Daya Vieja.

Antecedentes

El Ayuntamiento de Daya Vieja se comprometió en 2007 mediante convenio con la empresa Cinor Gestión, S.L a un desarrollo urbanístico basado en un crecimiento irreal y en el cual obvió los informes desfavorables de la Confederación Hidrográfica del Segura y la Conselleria de Ordenación del Territorio. Un crecimiento que no se ha dado y por el cual ahora la empresa reclama una indemnización de 5 millones de euros al consistorio.

No es la primera sentencia por el desarrollo urbanístico a la cual se enfrenta el Ayuntamiento de Daya Vieja desde que Compromís está al frente, de hecho esta es la tercera. En este caso, el convenio entre la empresa y el ayuntamiento se firmó para obtener la cesión de una parcela y su uso, una parcela valorada en medio millón de euros y con un convenio que ha ido sufriendo adendas durante más de una década para acabar ratificando el convenio en el año 2019, momento en el que se aceptaron contraprestaciones por una expectativa del Plan General de Ordenación Urbana que no se materializaría nunca. Fue a escasos días de comenzar el periodo electoral de 2019 cuando el consistorio gobernado por Cs y que pasó a ser PP, se comprometió a comprar dicha finca por valor de 5 millones de euros.

El actual alcalde ha mostrado su satisfacción por esta primera resolución, pero es prudente y está a la espera de conocer cómo se desarrollarán las ulteriores instancias del proceso judicial. Para el alcalde, “es una pena que estemos inmersos en procesos judiciales que quieren endeudar todavía más esta localidad por la nefasta gestión de unos gobernantes que no estaban pensando en el mejor futuro de sus vecinas y vecinas, sino en intereses de algunos pocos”.