ALICANTE. La comisión de fiscalización constituida en el Ayuntamiento de Alicante para tratar de desentrañar el proceso administrativo seguido respecto a la gestión y compra de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas por Residencial Les Naus en un solar municipal subastado entre 2018 y 2022, y analizar posibles fallos a corregir en otros procedimientos futuros, tropieza finalmente con la inasistencia de los cinco técnicos a los que se había invitado a comparecer en la sesión de este viernes. Se trataba de funcionarios municipales vinculados a las áreas de Urbanismo, Plusvalía y Estadística, que ya habían comunicado su decisión de no participar en ese foro de análisis al apelar a la prudencia ante la existencia de una instrucción penal en curso, en la que figuran hasta 15 personas investigadas (entre ellas, varios funcionarios municipales). 

Esa decisión de no comparecer podría reproducirse en lo sucesivo con el resto de comparecientes propuestos, toda vez que la asistencia es de carácter voluntario (así lo reafirma un informe emitido por el vicesecretario general municipal), a diferencia de lo que sucede con las citaciones judiciales. De hecho, este viernes también se ha confirmado la inasistencia de la exdirectora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman, que presentó su dimisión para regresar a su plaza como jefa del área de Contratación cuando trascendió que dos hijos y un sobrino suyos habían comprado pisos en la promoción objeto de la polémica.

La comparecencia de Pérez-Hickman -precisamente, una de las quince personas que deberán declarar en el juzgado bajo la condición de investigadas (la figura que sustituye a la antigua imputación) estaba prevista para la próxima sesión, a celebrar el 11 de mayo. Al margen de ella, también se ha previsto girar invitación al exalcalde socialista, Gabriel Echávarri; a la exedil de Hacienda por el PSOE, Sofía Morales; al exconcejal de Contratación por Compromís, Natxo Bellido; al exconcejal de Hacienda por el PP, Carlos Castillo; y a las exediles de Contratación y Urbanismo por ese mismo partido, María Dolores Padilla y Mari Carmen de España, respectivamente.

Está por ver quiénes de esos exconcejales o actuales ediles (en el caso de De España, ahora edil de Fomento y Educación) atienden la invitación para someterse a las preguntas de los representantes de los cinco grupos políticos representados en la corporación (PP, PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem). Por lo pronto, los portavoces de los tres grupos políticos del eje progresista, PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem, han coincidido -antes, durante y tras el desarrollo de la reunión- en denunciar la situación de bloqueo al desarrollo de las indagaciones que supone la decisión de los funcionarios de no comparecer, que consideran hasta cierto punto instigada por los avisos previos formulados por los representantes del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), respecto a la existencia de un procedimiento judicial en marcha y la posibilidad de que las explicaciones que se faciliten ante la comisión puedan ser trasladadas al juzgado.

En este sentido, la portavoz socialista, Ana Barceló, ha manifestado que, a pesar del carácter voluntario de las comparecencias, la decisión de los técnicos de no asistir podía suponer "una falta de respeto a la ciudadanía", puesto que el acuerdo de constitución de la comisión fue aprobada por unanimidad en el pleno por parte de los representantes políticos elegidos democráticamente. En esta línea, ha señalado que los funcionarios podían haber asistido a la comisión y responder libremente a las preguntas que se les formulasen o optar por no contestar aquellas que hubiesen considerado, lo que habría permitido avanzar en el objetivo de esclarecer lo sucedido en el caso de las viviendas de Les Naus, así como detectar qué falló y qué controles no se aplicaron para poder dilucidar si existieron responsabilidades políticas.

"Aquí no estamos prejuzgando nada, solo pretendemos conocer qué pasó para evitar que vuelva a suceder y, así, recuperar la confianza de la ciudadanía, porque estamos hablando de la gestión de suelo municipal y de vivienda de protección pública", ha insistido. "Las ausencias de comparecientes solo tienen una lectura: que no quieren explicar lo que pasó o que no se puede explicar", ha abundado. En ese sentido ha destacado que "las incomparecencias no se pueden excusar en el procedimiento judicial, dado que lo que estamos abordando es cómo se tramitó el expediente. Si nadie las explica, nos quedamos con que ha habido irregularidades".

Así, tanto Barceló como sus homólogos de Compromís, Rafa Mas, y Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, han vuelto a lamentar que siga sin facilitárseles acceso a parte de la documentación solicitada para poder analizarla, en alusión al informe emitido por la Policía Local al girar visita a Les Naus para comprobar qué viviendas estaban ocupadas y por quién, así como la relacionada con los expedientes reservados de averiguación interna promovidos por Recursos Humanos frente a tres funcionarios (Pérez-Hickman y los arquitectos municipales que también compraron vivienda en el residencial, Elsa Lloret y Francisco Nieto), así como sobre la tramitación de las liquidaciones del impuesto de la plusvalía. Además, también han recriminado que no se haya aportado tampoco documentación relacionada con la subasta de las cinco parcelas municipales cedidas a la EVHA en el marco del Plan Vive, tras recordar el retraso en el acceso al expediente de Contratación sobre la parcela sobre la que se construyó la promoción de Les Naus. 

Al respecto, Barceló ha acusado a Villar de "discrecionalidad" respecto al manejo de la información, tras aludir a la existencia del informe del vicesecretario respecto a la voluntariedad de la asistencia a la comisión, después de que en el transcurso de la sesión se haya dado a conocer su emisión y que, además, funcionarios como Pérez-Hickman ya habían tienido conocimiento de él antes que los propios miembros de la comisión, como se apunta en el escrito por el que la jefa de Contratación comunica su intención de no comparecer en la próxima sesión.

Por su parte, la representante de Vox, Carmen Robledillo, ha coincidido en gran parte de esas apreciaciones, aunque ha subrayado el carácter voluntario de las comparecencias y ha manifestado comprender los reparos que podrían albergar los funcionarios por el hecho de que exista una instrucción penal en curso. Es más, ha subrayado que el equipo de gobierno hacía bien en advertir de esa circunstancia a los llamados a comparecer.

Disculpas y sin preguntas por escrito

Por su parte, el presidente de la comisión y vicealcalde, Manuel Villar, ha negado el bloqueo denunciado por los grupos opositores para sostener que las comparecencias son voluntarias y que no podía atribuirse al equipo de gobierno la decisión de que los citados decidiesen no asistir. Además, ha ofrecido explicaciones respecto a las denuncias sobre la supuesta ocultación de la predisposición de los dos técnicos del área de Patrimonio citados a comparecer en la pasada sesión (Paloma Romero y Pablo Torregrosa) a responder por escrito a las dudas que se les pudiese plantear. Al respecto, Villar ha sostenido que no tuvo conocimiento de esa circunstancia hasta después de que trascendiese a través de los medios de comunicación, puesto que no había llegado a leer las comunicaciones en las que los dos técnicos expresaban ese ofrecimiento. En esta línea, ha pedido disculpas por ese "error" que ha considerado como una falta de "diligencia". 

Además, también ha asegurado que sí tuvo conocimiento de la propuesta de un tercer técnico, que ejerció como responsable de seguimiento del contrato, Antonio Faura, respecto a la posibilidad de comparecer en otro horario, aunque ha asegurado que, después, el propio Faura remitió un segundo correo en el que descartaba definitivamente su comparecencia. De ahí que, según ha explicado, no se considerase necesario plantear la posibilidad de ofrecer un nuevo horario de comparecencia, tras apuntar que, además, esa era una cuestión que debía decidirse en el seno de la comisión y que no debía asumir él de forma individual. 

No obstante, Villar ha asegurado que, a la vista del ofrecimiento a responder por escrito de Romero y de Torregrosa, que también había planteado ahora la técnico de Urbanismo que emitió el informe previo a la concesión de licencia de obra para la construcción de Residencial Les Naus al comunicar su decisión de no asistir a la sesión de este viernes, que se les remitiría las cuestiones que consideren necesarias el conjunto de grupos políticos. En cualquier caso, al menos los representantes de PSOE, Vox y Compromís han declinado esa posibilidad al considerar que la respuesta por escrito supone "desvirtuar" el objetivo de la comisión en la medida en que se pierde la inmediatez y no permite repreguntar las dudas que puedan plantearse al hilo de las respuestas ofrecidas, como sí habría sucedido en el caso de que se hubiese producido su comparecencia ante la comisión. En todo caso, se ha abierto un plazo hasta el próximo lunes para que el conjunto de grupos políticos que lo desee pueda remitir las preguntas a trasladar a esos tres técnicos, después de que Villar haya descartado la posibilidad de volver a citarles para conocer si estarían interesados en acudir a la comisión, una vez descartada la posibilidad de trasladarles preguntas por escrito, como habían expresado parte de los miembros de la comisión.

Sin respuestas respecto a la licencia y las plusvalías

En cualquier caso, el conjunto de representantes políticos ha dado a conocer el conjunto de cuestiones que pretendía que pudiesen esclarecerse con la comparecencia de los cinco técnicos a los que se había citado en la sesión de este viernes. En este sentido, respecto al jefe del área de Disciplina Urbanística, los grupos opositores han manifestado que su comparecencia habría sido clave para dilucidar cómo se produjo la tramitación de la licencia de Les Naus y sobre la supervisión de la obra y el control del cumplimiento de las condiciones de vivienda protegida que se llevó a cabo, tras sostener que en el expediente revela contradicciones técnicas, modificaciones relevantes, advertencias de incumplimientos sin medidas claras e indicios de falta de rigor administrativo en la toma de decisiones. Entre esas cuestiones que quedan en el aire, figurarían el hecho de que la cooperativa se comprometiese a ejecutar las obras en 13 meses, que la licencia se le concediese por 19, que después se ampliase a 22 y que finalmente las concluyese en un periodo definitivo de 30. Todo ello sin que, según ha reseñado, conste que se hubiese abierto un expediente de penalización por el retraso como el que se contemplaba entre las penalidades previstas por contrato como una sanción de 200 euros por día de retraso, ha apuntado.

Barceló lamenta no haber podido cuestionar a los técnicos sobre los distintos plazos conferidos para las obras de Les Naus y sobre si se abrió expediente sancionador respecto al retraso acumulado, al no haber encontrado documentación al respecto

Respecto a la comparecencia de la jefa del Servicio de Plusvalías, los grupos opositores han señalado que su asistencia hubiera servido para aclarar cuándo se recibieron las escrituras de adjudicación, quien tuvo acceso a ellas, si todavía está pendiente de tramitar la liquidación de la plusvalía, y si el expediente de averiguación de hechos iniciado por Barcala para investigar si podía haber habido una filtración desde el departamento fue considerado una caza de brujas, tal y como señalaron las organizaciones sindicales. "Hubiéramos podido conocer cuál fue el procedimiento que se siguió, a que funcionarios se interrogó y sobre todo cuál fue su resultado de algo que, de momento, Barcala nos sigue ocultando", han recalcado Barceló y la también edil socialista Silvia Castell.

Además, respecto a la participación de una técnico del departamento de Estadística, los representantes políticos han señalado que su participación en la comisión habría permitido arrojar luz sobre el informe solicitado por la Generalitat para comprobar qué propietarios y que inquilinos residían realmente en Les Naus, y si tenían autorización en caso de viviendas alquiladas. Sobre la comparecencia de la técnico de Urbanismo, los miembros de la comisión han considerado que su participación habría permitido profundizar en "los informes clave" que emitió para conceder la licencia de obras a la cooperativa y cómo supervisó después si el proyecto de viviendas se ajustaba a lo ofertado por la empresa.

Por último, también han quedado sin respuesta preguntas dirigidas a la arquitecta municipal Elsa Lloret -que resultó beneficiaria de una de las viviendas de Les Naus, y que excusó su asistencia por motivos médicos- a quien se pretendía cuestionar si estuvo presente en alguna reunión con representantes de la cooperativa, según ha apuntado Robledillo, o si era consciente "del daño reputacional" que había provocado, según ha apuntado Mas.