ALICANTE. Los tres grupos políticos del eje progresista que ejercen funciones de oposición en el Ayuntamiento de Alicante, PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem, han reiterado este martes su crítica al equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), para denunciar su intención de bloquear el funcionamiento de la comisión de fiscalización sobre las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar municipal subastado por el Ayuntamiento entre 2018 y 2022. Y, además, han insistido en su acusación respecto a la ocultación de información.

En esta línea, las tres formaciones han vuelto a registrar un nuevo escrito en el que solicitan la convocatoria urgente de una comisión extraordinaria sobre el caso de Les Naus, ante lo que consideran "un intento del Partido Popular de bloquear la investigación al ocultar información relevante y no remitir toda la documentación solicitada". Además, han lamentado que todavía se desconocen "qué comparecientes han manifestado su voluntad de comparecer en la sesión fijada para el próximo viernes o cuáles son los motivos por los que, al parecer, no se grabó el audio de la anterior sesión", según han apuntado los portavoces de los tres grupos: Ana Barceló, Rafa Mas y Manolo Copé. 

"Nos preguntamos si el PP quiere saber realmente qué ha pasado con la adjudicación de viviendas. Todavía no han explicado por qué se nos ocultó que hubo funcionarios que mostraron su disposición a colaborar con la comisión. Tenemos la sensación de que el señor Barcala se está protegiendo dejando que la comisión no funcione", ha afirmado la portavoz del PSOE, Ana Barceló.

De igual modo, ha advertido de que esta situación "está dañando la confianza ciudadana en el sistema de adjudicación de vivienda pública y ha exigido al PP transparencia y explicaciones inmediatas". En ese sentido, ha recordado que el PP se posicionó en el pleno a favor de impulsar esta comisión propuesta por la izquierda. "Cada día que pasa tenemos la sensación de que el PP lo hizo para no quedarse solo con su negativa a impulsar esta comisión", ha apuntado.

En segundo término, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha apuntado que "la gran mayoría de los alicantinos y alicantinas quieren que sepamos la verdad, quieren volver a confiar en este Ayuntamiento. Y aquí hay dos grupos de personas o grupos de políticos: los que queremos saber la verdad, y por eso hemos instado a constituir esta comisión de investigación, y los que obstruyen, esconden y tapan la verdad".

Al respecto, ha considerado que "el Partido Popular, no sabemos por qué, está obstruyendo todo tipo de información que nos falta. Como dicen mis compañeros, falta documentación, nos ocultan las informaciones sobre los comparecientes o dilatan al máximo el proceso. Hay que recordar que esta comisión se aprobó hace casi tres meses. Y encima tenemos que aguantar algunos amenazas y chantajes. Basta ya, estamos muy hartos. Hartos de que escondan información, hartos de que nos mientan constantemente y hartos de que nos amenacen. Lo único que hacemos los grupos de la oposición es fiscalizar la labor del gobierno, que es nuestro mandato constitucional, que es aportar, vigilar e inspeccionar ante el mayor escándalo urbanístico y de vivienda de los últimos años", ha concluido.

Y en la misma línea se ha pronunciado su homólogo de EU Podem, Manolo Copé, quien ha instado al equipo de gobierno a responder a la solicitud planteada por los tres grupos, en la que se reclama la celebración de una reunión extraordinaria de la comisión "a la mayor brevedad posible y antes de la sesión ordinaria del viernes" para aclarar por qué no se informó de la predisposición de dos técnicos municipales del área de Patrimonio para emitir nuevos informes por escrito si resultase necesario, a pesar de declinar su comparecencia ante la comisión. Además, en ese escrito también se exige que "se informe expresamente a los grupos municipales firmantes del plazo previsto para la entrega de la documentación solicitada conjuntamente, indicando en su caso el estado de tramitación de cada petición" y que "se establezca y comunique un criterio general de antelación mínima para informar sobre los comparecientes previstos en cada sesión de la comisión, proponiéndose como plazo orientativo mínimo el de 24 horas antes de la celebración de cada sesión, salvo causa debidamente justificada".

Por lo pronto, el vicealcalde, portavoz adjunto del equipo de gobierno y presidente de la comisión de fiscalización sobre las VPP, Manuel Villar, ha negado, en primer término, que se hubiese producido una ocultación de ese ofrecimiento de los técnicos de Patrimonio a emitir informes por escrito, aunque ha señalado que las explicaciones detalladas al respecto se ofrecerán durante la reunión del próximo viernes. En este sentido, aunque no se ha referido de forma expresa a la solicitud de una sesión extraordinaria, ha dado por hecho que no se convocaría una sesión con antelación como solicitan los tres grupos del eje progresista.