ALICANTE. Nueva fase administrativa con nuevas consecuencias. Esta vez, económicas. Los expedientes instruidos por la Conselleria de Medio Ambiente, a través de la Agencia Valenciana de Protección de Territorio (AVPT), frente a los asentamientos ilegales detectados en varias de las partidas rurales de Alicante dan pie a la imposición de las primeras multas coercitivas, con las que se trata de forzar a los propietarios del suelo a desmantelarlos y a promover la restauración ambiental de la superficie afectada.
Fuentes del departamento autonómico consultadas por este diario concretaron que ya se han notificado las primeras resoluciones sancionadoras respecto a cuatro de las parcelas de terrenos rústicos en las que se ha constatado la realización de reparcelaciones ilegales con el fin de vender solares de menor tamaño en los que se ha instalado caravanas, contenedores adaptados, mobile homes e incluso construcciones convencionales contraviniendo la normativa urbanística.
El importe de esas multas oscila entre los 600 y los 3.000 euros, en función del valor de la actuación ejecutada en cada caso, con la particularidad de que son acumulables hasta un máximo de diez, por lo que pueden alcanzar cifras de entre 6.000 y 30.000 euros en la hipótesis de que no se acate la orden de retirada de los habitáculos instalados de manera irregular. Llegado ese supuesto, la suma de hasta diez multas permitirá que sea la propia AVPT quien asuma la ejecución forzosa y promueva la retirada de esos elementos de forma directa, con el objetivo de que el suelo quede liberado y recupere su estado original.
Esas primeras penalizaciones económicas recaen sobre los titulares de las parcelas sobre las que se incoaron los expedientes de infracción iniciales, a finales de 2024: en torno a cinco meses después de que los vecinos de las partidas trasladasen las primeras denuncias sobre la generación progresiva de los asentamientos. Con todo, todo parece indicar que no serán las únicas. La AVPT mantiene abiertos un total de 37 expedientes respecto a parcelas subdividas en solares de menor tamaño que, en algunos casos, alcanzan hasta a 20 titulares distintos. De esos expedientes, 28 se instruyeron a instancias de las denuncias formuladas por la Asociación de Vecinos de la Cañada del Fenollar, dos a denuncias de otros particulares, y siete por denuncias realizadas de oficio por parte del Ayuntamiento de Alicante a través de sus servicios de inspección.
Precintos y diligencias judiciales
La AVPT y el Ayuntamiento han convenido el dictado de las respectivas órdenes de paralización en aquellos casos en los que se pudo constatar el desarrollo de obras en ejecución. Así, según las mismas fuentes, hasta ahora se han acordado hasta 10 órdenes de precinto, llevadas a cabo por parte de la Policía Local de Alicante. Y en los supuestos en los que se ha constatado el incumplimiento de esa orden, y se ha roto el precinto realizado, se ha vuelto a acordar el precinto, y se ha dado traslado de los hechos a los juzgados para que se instruyesen diligencias por un delito de desobediencia a la autoridad.
Además, al margen de los cuatro primeros expedientes que ya han derivado en órdenes de desmantelamiento y la imposición de sanciones, existen otros 15 en los que está a punto de completarse todo su recorrido administrativo, con el cumplimiento del plazo de audiencia y de presentación de alegaciones, lo que permitirá que la AVPT también pueda dar paso al dictado de nuevas órdenes de restauración de la legalidad.
La instrucción de esos expedientes de infracción urbanística discurre, además, en paralelo a la labor de control desplegada por la Guardia Civil que ya se ha sustanciado en dos operaciones distintas entre enero y este mes de octubre. La primera ya ha dado pie a una causa penal que se siguió inicialmente frente a 21 investigados por delitos contra la ordenación del territorio y delitos urbanísticos. Y la segunda, que incluye a otros 64 investigados, también se ha trasladado al juzgado con el fin de que pueda abrirse las correspondientes diligencias judiciales.
