ALICANTE. Las diligencias incoadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil a partir de las denuncias registradas por los vecinos de partidas rurales como la Cañada del Fenollar surten efecto con el desmantelamiento de una trama compuesta por 21 personas, investigadas por la presunta comisión de delitos contra la ordenación del territorio por la venta de parcelas de suelo rústico en las que no resultaba posible la implantación de edificaciones, como si sí pudiesen admitir construcciones residenciales.

Así lo han confirmado este miércoles portavoces oficiales del Instituto Armado, al informar sobre el desarrollo de la operación 'Insidias 2', en la que se ha investigado a 14 hombres, 6 mujeres y 1 persona jurídica, por delitos sobre ordenación del territorio y delitos urbanísticos, así como contra los derechos de los trabajadores en relación a la contratación irregular de extranjeros para levantar esas edificaciones alegales.

La investigación, llevada a cabo por la Patrulla del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de Alicante, se inició tras detectar la parcelación y construcción en una finca rústica del término municipal de Alicante, ubicada en una zona protegida e inundable de la partida de la Cañada del Fenollar donde no está permitida la edificación, según las mismas fuentes. Esa investigación dio comienzo a partir de la labor de control y seguimiento desplegada por los residentes de dicha partida, que se sustanció con el registro de varias baterías de escritos de denuncia -hasta superar la treintena de escritos- tanto ante la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, como ante la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT), así como ante el Seprona de la Guardia Civil. 

Esas denuncias, presentadas al menos desde el pasado mes de mayo acabaron precipitando, ya en el mes de octubre, la apertura de expedientes de infracción urbanística por parte de la Concejalía de Urbanismo y de la propia AVPT, que siguen en curso -según confirman fuentes del departamento autonómico de Medio Ambiente- con el fin de promover el desmantelamiento de las edificaciones e instalaciones posicionadas en esas parcelas y de conseguir la restauración de la legalidad urbanística. Máxime, ante la constatación de que parte de ellas se sitúan en zona de rambla que presenta riesgo de inundabilidad o de avenidas de agua en caso de episodios de lluvias torrenciales, como también habían puesto de manifiesto los vecinos.