ALICANTE. La respuesta de la administración pública frente al fenómeno de los asentamientos alegales sobre suelo rústico y zona de rambla en las partidas rurales de Alicante comienza a plasmarse en disposiciones ejecutivas concretas. Se trata del dictado de los primeros decretos de restauración de la legalidad urbanística emitidos por la Agencia Valenciana de Proteccion del Territorio (AVPT): el organismo adscrito a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio que vela por "la utilización racional o legal del suelo" y que ejerce "las potestades administrativas de disciplina urbanística respecto de las infracciones graves o muy graves cometidas en suelo no urbanizable, común o protegido, en el territorio de los municipios" adheridos a su tutela, como es el caso de Alicante.

En concreto, fuentes de la AVPT señalaron este miércoles, a consulta de Alicante Plaza, que dos de los primeros expedientes de infracción urbanística que se incoaron a finales de 2024 ya han completado el grueso del proceso administrativo (con la concesión de los correspondientes plazos de audiencia y recurso, que se llegan a extender durante un año) de forma que ya han dado pie a la emisión de órdenes de restauración paisajística. Ello implica que los propietarios de las fincas afectadas deben desmantelar las edificaciones irregulares detectadas para que vuelvan a recuperar su estado original.

En el supuesto de que los titulares de esas fincas no cumplan con ese mandato, será la propia AVPT quien la llevara a efecto por el procedimiento de ejecución forzosa, en el momento en el que la disposición adquiera firmeza, según las mismas fuentes. Y eso no es todo. La AVPT también estaría ultimando la tramitación de otros dos expedientes más sobre los que también se prevé dictar la misma resolución en breve, para que los propietarios de esos solares también procedan a despejarlos.

Expedientes y precintos

Hasta el momento, la AVPT tendría constancia de un total de 37 denuncias sobre fincas en las que se habría llegado a detectar, en algunos casos, hasta 20 subparcelaciones con sus correspondientes propietarios. Todos ellos han motivado la apertura de expedientes de infracción urbanística, que -según las mismas fuentes- se continúan tramitando conforme al orden de prelación que determina el Índice de Priorización de Expedientes del propio organismo. De este modo, se concede atención preferente a los casos que entrañan situaciones de riesgo, como la presencia de elementos que puedan alterar cauces, barrancos o ramblas.

En esa relación de 37 expedientes, 28 se abrieron a partir de las denuncias formuladas por la asociación de Vecinos de La Cañada del Fenollar, que viene alertando de los casos detectados en esa partida desde mayo de 2024. De hecho, como informó este diario, esa labor se acaba de ampliar este mes de julio, con el registro de escritos de denuncia de nuevos casos que afectan a doce fincas más, la mayoría de ellas, con asentamientos en zona de rambla.

Además, en la relación de 37 expedientes instruidos por la AVPT, figuran otros dos abiertos a partir de las denuncias presentadas por particulares, así como otras siete realizadas de oficio por parte del Ayuntamiento de Alicante, a través de sus servicios de inspección. Las mismas fuentes inciden en que se ha consensuado con el Ayuntamiento de Alicante el dictado de órdenes de paralización en los supuestos en los que la obra promovida de forma irregular se encontraba en fase de ejecución. Es más, el organismo que dirige Santiago Gambín habría acordado hasta el momento nueve órdenes de precinto, ejecutadas por parte de la Policía Local de Alicante. En los casos en los que se ha constatado el incumplimiento de la orden de paralización, con la rotura del precinto, se ha vuelto a ordenar un nuevo precinto y se ha dado traslado de ese incumplimiento a los juzgados por la comisión de un delito de desobediencia a la autoridad, según concluyen las mismas fuentes.