ALICANTE. El último proceso de contratación puesto en marcha por el equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), para proveerse de un instrumento de financiación extraordinaria con el que costear la ejecución de inversiones queda encarrilado con un previsible adjudicatario. Se trata de Arquia Banca, que habría presentado la propuesta más ventajosa para los intereses municipales frente a las alternativas planteadas por otras nueve de las principales cajas y entidades bancarias que operan en territorio nacional. Esa lista de aspirantes a la concesión del préstamo queda compuesta por Caja Rural Central, Eurocaja Rural, CaixaBank, Kutxabank, Banco Santander, Unicaja Banco, Banco Sabadell, Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca y, por último, BBVA.

Así pudo concretarse este miércoles en la reunión semanal de la Mesa de Contratación municipal, en la que se aprobó la propuesta de clasificación del conjunto de las ofertas presentadas, en la que la propuesta de Arquia Banca queda situada en primera posición. Esa resolución técnica debe quedar aprobada ahora en una próxima reunión de la Junta de Gobierno, como primer paso hasta que se convierta en un acuerdo de adjudicación definitiva posterior. A partir de ahí, el préstamo se hará efectivo, con lo que el equipo de gobierno podrá disponer de los recursos solicitados: cerca de 5 millones (4.888.810,84 euros) con los que se pretende sufragar distintas inversiones, sin la necesidad de que tengan que finalizarse obligatoriamente antes de que concluya 2025. Un requisito que sí concurre con las actuaciones contempladas con consignación económica específica en el presupuesto anual.

¿A qué proyectos se pretende destinar esos fondos? Como se especifica en el pliego de condiciones, los populares promovieron la contratación del crédito para dar cobertura al inicio de la primera fase de construcción del nuevo pabellón deportivo del barrio de Tómbola, adjudicado a Abala Infraestructuras desde marzo de 2024, y a las obras de finalización del parque del barrio de La Torreta, ahora en proceso de evaluación de las trece ofertas que optan a su ejecución. Con todo, el grueso del préstamo, con una suma de hasta 3,4 millones, se pretende destinar a la ejecución de las obras de rehabilitación del complejo de Las Cigarreras, en la antigua fábrica de tabacos. Y, por último, se incluye financiación para el proyecto de la futura zona deportiva prevista entre los PAU 4 y PAU 5, en el distrito de Playa de San Juan, así como para las obras de reurbanización del solar muncipal destinado a albergar la futura comandancia de la Guardia Civil. El resto de iniciativas contempladas consiste en la adquisición de vehículos, vestuario y maquinaria para el Servicio de Extinción y Prevención de Incendios (SPEIS).

Dos créditos cancelados

La decisión de concertar este último préstamo bancario se produjo a mediados del pasado mes de julio, en un acuerdo hasta cierto punto sorpresivo que se adoptó a solo unos días de que el pleno de la corporación aprobase la segunda modificación de crédito del presupuesto de 2025, precisamente con el propósito de cancelar los dos créditos para financiar inversiones que se contrataron entre 2022 y 2023, por un importe global de 24 millones.

Con ese movimiento de partidas, el ayuntamiento puso fin a esos dos préstamos y se quedó con un única operación de crédito en vigor: el crédito de 48 millones concertado en 2024 como fórmula de financiación plurianual de un amplio paquete de inversiones y proyectos municipales que debían ejecutarse a lo largo del actual mandato. Con todo, hasta el momento, se habría optado por fondos propios para poner en marcha parte de esas obras, sin que se haya llegado a disponer de ese recurso. Cuando menos, así lo subraya el interventor municipal en el informe de fiscalización sobre la contratación del nuevo préstamo, en el que refleja que los 48.100.000 euros todavía no se habrían utilizado para ningún fin concreto.

Es más, en ese mismo dictamen -con resultado favorable-, el alto funcionario responsable de velar por el equilibrio económico municipal llega a reprender al equipo de gobierno por el hecho de haber promovido la contratación de este último préstamo, al considerar que el ayuntamiento cuenta con recursos suficientes para afrontar inversiones y que, por tanto, no resultaría necesario recurrir a ese mecanismo de financiación externa. Lo hace tras aportar datos sobre el Remante Líquido de Tesorería para Gastos Generales, que asciende a 155.575.675,98 euros, y sobre el crédito disponible en caja, que alcanza los 232.247.448,96 euros. Así, el interventor apunta que de ello "se deduce que el ayuntamiento tiene recursos financieros suficientes y no necesita concertar esta operación de préstamo". Es más, apunta que "a la vista de cuanto antecede, por esta Intervención se recomienda a la Corporación una mejor planificación del gasto y su financiación, con el objeto de utilizar fuentes menos onerosas para las arcas municipales", en alusión a los intereses que se deberán abonar tras la contratación de ese nuevo préstamo.

Por lo pronto, entre las condiciones por las que se convocó el concurso, se estableció un plazo de dos años desde la formalización del préstamo para su disposición (hasta 2027), y un plazo de amortización de cinco años (hasta 2032). En cuanto al tipo de interés, se planteó la referencia de euribor a tres meses, más el diferencial ofertado por el licitador.