ALICANTE. Nueva actuación frente a la proliferación de asentamientos ilegales en las partidas rurales de Alicante desplegada por la Guardia Civil, que se suma a la desarollada a principios de 2025, bajo la denominación de operación Insidias 2. En concreto, el Instituto Armado ha culminado ahora la operación Urbanitas que ha permitido investigar a 64 personas como presuntas autoras de delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, y, en algunos casos, también por falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública, en el marco de una intervención en materia de ordenación del territorio.

La investigación, a cargo de la Patrulla de Protección de la Naturaleza (PACPRONA) de Alicante, en el marco de las intervenciones que el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) desarrolla para garantizar un modelo urbanístico sostenible y equilibrado en la provincia, se inició en octubre del año pasado, a partir de las denuncias presentadas por asociaciones vecinales y residentes particulares, así como por irregularidades detectadas de oficio por la propia patrulla, según informan fuentes de la Guardia Civil, a través de un comunicado. Estas informaciones apuntaban a la existencia de numerosas infracciones urbanísticas relacionadas con parcelaciones y construcciones ilegales en las partidas alicantinas de El Moralet, El Verdegás, La Cañada del Fenollar, La Alcoraya y Fontcalent, que ya han motivado la instrucción de expedientes administrativos por parte de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT), con el precinto de varias de las parcelas objeto de las irregularidades, como ya ha informado este diario.

Las mismas fuentes precisan que, en las más de 70 inspecciones que se realizaron, los agentes comprobaron que la mayoría de los terrenos afectados eran parcelas rústicas no urbanizables y protegidas, muchas de ellas ubicadas en zonas de rambla, donde la normativa vigente prohíbe expresamente la división del terreno y cualquier tipo de construcción o edificación. Así, las primeras diligencias permitieron detectar un mismo modus operandi por el que los intermediarios actuaban entre los propietarios de terrenos sin uso y los posibles compradores. En algunos casos, adquirían los terrenos para su posterior reventa, o bien mediaban en las operaciones para convencer a los compradores. Posteriormente, dividían las fincas en pequeñas parcelas, tanto de forma documental como física, con el objetivo de obtener un mayor beneficio económico. De este modo, los compradores firmaban contratos privados de compraventa, mediante los cuales adquirían un porcentaje del terreno original, sin una ubicación concreta dentro de la parcela matriz, asumiendo así las responsabilidades legales y urbanísticas derivadas de la totalidad de la propiedad original.

Como resultado de la investigación, hasta el momento se ha procedido a la investigación de 39 hombres y 25 mujeres, de entre 23 y 66 años, tres de los cuales habrían actuado como intermediarios. A todos ellos se les imputan delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, y a algunos, además, delitos de falsedad documental, por alterar documentos relacionados con las operaciones de compraventa para engañar a la Administración Pública, y delitos contra la Hacienda Pública, por defraudar a dicho organismo.

Las investigaciones se han trasladado ya al Juzgado de Instrucción. Asimismo, las posibles infracciones urbanísticas han sido puestas en conocimiento de los organismos competentes, lo que, además de sanciones económicas, podría implicar para los titulares de las viviendas ilegales la demolición de las edificaciones y el cese de los suministros de agua, energía eléctrica, gas y telefonía, entre otras medidas, según apuntan las mismas fuentes. Por lo pronto, la Guardia Civil advierte de que "adquirir una vivienda construida de forma ilegal conlleva graves riesgos, como la posibilidad de tener que demolerla -con la consiguiente pérdida total del valor invertido-, sufrir daños materiales importantes (por ejemplo, a causa de inundaciones), enfrentarse a sanciones urbanísticas, padecer inseguridad jurídica por problemas en el registro de la propiedad o encontrar dificultades para acceder a servicios básicos como el suministro de agua o electricidad, entre otras consecuencias".