ALICANTE. La campaña de denuncias y de reivindicaciones vecinales desplegada en La Cañada del Fenollar de Alicante surte efecto con el precinto de las primeras parcelas de suelo rústico en las que se había detectado la presencia de asentamientos alegales en una actuación desplegada por la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT) como entidad adscrita a la Conselleria de Medio Ambiente, que asume las competencias de inspección y persecución de infracciones para velar por el uso racional y legal del suelo en la Comunitat. Así lo ha puesto de manifiesto este miércoles la Asociación de Vecinos de La Cañada del Fenollar, al dar cuenta del inicio de los precintos administrativos en los solares en los que han proliferado edificaciones ilegales situados en suelo rústico y zonas inundables.

Portavoces del colectivo han apuntado que "esta acción, materializada recientemente en una de las fincas de la zona conocida como La Molineta, marca un antes y un después en la lucha por la legalidad urbanística y la defensa del medio ambiente. Se han instalado cintas negras y precintos visibles que afectan a la totalidad de las fincas y a todas las subdivisiones ilegales, no solo a las obras, sino también a chabolas, caravanas, mobile homes, contenedores adaptados y demás elementos utilizados como habitáculos", apuntan las mismas fuentes.

"Desde nuestra asociación queremos agradecer públicamente a todas las instituciones públicas que han hecho posible esta realidad. Este es el inicio de un cambio que devolverá el orden a las partidas rurales de Alicante. Mención especial merece el Síndic de Greuges, Ángel Luna, cuyo informe fue determinante para activar la acción administrativa", apunta la nota pública. "También agradecemos a la AVPT y a su director, el señor Gambín, por su trabajo coordinado con nuestra asociación, y a la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, que ha creado un departamento específico para erradicar los asentamientos ilegales", remarcan portavoces de la asociación.

"Reconocemos la labor de la Policía Local, por su comunicación directa con nuestro equipo de trabajo. Asimismo, agradecemos a miembros del pleno municipal como Raúl Ruiz, por darnos voz, y al alcalde Luis Barcala, por manifestar su compromiso con la legalidad urbanística, aunque no apoyase formalmente la iniciativa de la oposición. También aplaudimos la implicación del concejal Rafa Mas, que ha mostrado una clara voluntad de trabajar por una ciudad ordenada y libre de industrias contaminantes. Este éxito demuestra que cuando las instituciones trabajan de forma transversal, independientemente de su color político, el beneficiario es la ciudadanía", subrayan.

Además, recalcan que "en el ámbito penal, la fiscal de Medio ambiente nos ha comunicado que se están incoando procedimientos judiciales a medida que llegan los atestados del Seprona. Su compromiso de impulsar estos expedientes y evitar su estancamiento es un aliento para nuestra asociación. Agradecemos profundamente a la Guardia Civil por su profesionalidad y dedicación intachable", incide el colectivo.

"Esta finca es solo la primera. Existen más de 30 asentamientos ilegales identificados, que seguirán el mismo camino: precinto administrativo y posible imputación por delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente. Nuestra asociación continuará trabajando y vigilando que los precintos no sean vulnerados, y seguiremos denunciando todas las ilegalidades", aseguran.

Actividades potencialmente contaminantes

No obstante, la asociacion no ceja en su empeño respecto a otra de sus reivindicaciones: la exigencia de medidas frente algunas de las actividades instaladas en la partida rural que tendrían consecuencias potencialmente contaminantes. Así, apuntan que "conseguido este primer objetivo, ahora nos centramos en el siguiente gran reto: la lucha contra la contaminación, especialmente en la zona de Fontcalent. Reclamamos el cierre progresivo -en un plazo máximo de 5 años- de todas las actividades mineras a cielo abierto, la fabricación de cemento gris, la producción de aditivos químicos peligrosos y el apagado definitivo de los hornos de la multinacional Cemex. Las partidas de Alicante volverán a brillar con el esplendor que nunca debieron perder", recalcan.

En este sentido, el colectivo denuncia "la insostenibilidad de mantener en nuestra ciudad unas explotaciones mineras al aire libre y la fabricación de cemento gris, así como aditivos químicos presuntamente sin licencia, a solo unos pocos kilómetros del centro de Alicante y a menos de un kilómetro de la futura ampliación del campus oeste de la Universidad de Alicante". "Dicha ampliación contempla edificios residenciales, nuevas facultades de ciencias y un parque tecnológico. Resulta inconcebible que ni siquiera se mencione públicamente que todo esto se pretende hacer junto a una de las industrias más contaminantes del mundo", concluyen.