ALICANTE. La operación desplegada por la Guardia Civil contra la construcción de edificaciones ilegales en las partidas rurales de Alicante llega al juzgado con la práctica de la primera ronda de declaraciones de los investigados. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 que asume las diligencias ya ha celebrado una primera tanda de comparecencias entre los 20 implicados identificados por el Instituto Armado, en un proceso que trata de esclarecer las circunstancias en las que se produjo la instalación de esos asentamientos sin licencia. Todos ellos, concentrados en una misma parcela matriz de suelo no urbanizable de La Cañada del Fenollar. En concreto, fuentes jurídicas consultadas confirmaron que ya se ha tomado testimonio a ocho personas en calidad de investigadas, sin que haya trascendido la posibilidad de que el resto de los identificados por la Guardia Civil puedan declarar también en fechas posteriores.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil dio por desmantelada la trama urdida por esos 20 investigados (14 hombres y 6 mujeres) a principios del pasado mes de enero, en el marco de la operación Insidias 2. Las pesquisas se iniciaron a partir de los escritos de denuncia presentados por la Asociación de Vecinos de la partida rural desde mayo de 2024, en los que alertaban de la proliferación de asentamientos alegales encuadrados en parcelas rústicas que se segregaban de manera irregular y se comercializaban con el apoyo de canales on line y aplicaciones (apps) no necesariamente vinculadas con el sector inmobiliario. Entre ellas, figuraban plataformas como Wallapop o el marketplace de Facebook, en las que se publicaban los anuncios de venta.

A partir de ahí, los agentes iniciaron una labor de vigilancia hasta determinar la existencia de una primera parcela, de unos 11.000 metros cuadrados, que había sido dividida en 12 subparcelas delimitadas por cercados o vallados como líneas de separación. En ellas, se detectó la presencia de varias tipologías de construcciones en distintas fases de ejecución: desde contenedores adaptados, a tiendas de campaña, pasando por mobile homes o edificios confeccionados con ladrillo. Además, se detectó la instalación ilegal de un sistema de suministro de agua no potable sin la correspondiente licencia urbanística.

Los agentes pudieron precisar que la finca -situada, además, sobre suelo inundable afectado por zona de rambla- había sido adquirida por una mercantil creada específicamente para formalizar la compra de ese suelo y promover su venta posterior en participaciones a diferentes compradores. Estos contratos privados encubrían la asignación de distintas subparcelas a cada adquirente, que -según sostienen los investigadores de la Guardia Civil- conocían plenamente la ilegalidad de la parcelación y la imposibilidad de construir legalmente en ellas, según precisaron fuentes del Instituto Armado, al dar a conocer los detalles de la operación.

La intervención de la Guardia Civil concluyó con la imputación del conjunto de los investigados, tanto los vendedores como los compradores, así como de la persona jurídica responsable de la parcelación ilegal. Y, además, también se identificó a una persona como constructor ejecutor de la mayor parte de las edificaciones ilegales, según concretaron las mismas fuentes. A todos ellos, los investigadores les atribuía la presunta comisión de delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo.

Pero no solo eso. Durante las inspecciones realizadas, los agentes también descubrieron que el constructor que ejecutó la mayor parte de las edificaciones ilegales empleaba de manera habitual a trabajadores extranjeros en situación irregular en España. Estas personas carecían de contrato de trabajo y no estaban dadas de alta en la Seguridad Social.  Además, en varios casos, esos empleados no llegaron a percibir el salario por el trabajo realizado. De ahí que a los implicados también se les atribuya delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros.

El juez instructor pretende, ahora, dilucidar el grado de responsabilidad de cada uno de los investigados tras la celebración de la primera ronda de declaraciones para concretar su participación personal en los hechos y desentrañar si realmente son constitutivos de delito. A partir de ahí, podría acordarse la práctica de nuevas diligencias o, en su caso, dar paso al dictado de un auto de enjuiciamiento, como parece probable.

Restauración de la legalidad 

Entre tanto, la presión ejercida por los vecinos también habría obtenido resultados en lo que respecta a la intervención de la administración. Como mínimo, las denuncias presentadas ante la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT), adscrita a la Conselleria de Medio Ambietne, y ante la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante también ha propiciado la apertura de expedientes de infracción urbanística contra los titulares de otras parcelas en las que también habrían emergido edificaciones ilegales sin licencia al asentarse sobre suelo rústico. En concreto, fuentes de Medio Ambiente precisaron que ya se había actuado ante 32 fincas a partir de 26 denuncias presentadas por la Asociación de Vecinos de La Cañada del Fenollar, otras dos por parte de particulares y otras cuatro de oficio. 

De ellas, ya se habría dictado órdenes de paralización administrativa sobre el desarrollo de los trabajos de edificación detectados en 17 casos y se preveía emitir otras 13 en cuestión de semanas. A priori, todo parece indicar que el siguiente paso del proceso consistiría en el precinto de las parcelas, en el supuesto de que no se paralizasen los trabajos emprendidos. En todo caso, en último término, esos expedientes deberían concluir en una orden para que sus titulares desmantelasen las edificaciones instaladas y restituyesen las parcelas a su estado original, al margen de que pudiesen establecerse posibles sanciones económicas por la infracción urbanística cometida.

Esa respuesta de la administración, se produce en un contexto en el que la misma Sindicatura de Greuges ha apremiado a la AVPT a dotarse de medios adicionales para actuar e intervenir en la inspección urbanística de forma que se evite la proliferación de asentamientos alegales en el conjunto del territorio de la Comunitat, con el fin de agilizar la respuesta y evitar que puedan producirse perjuicios sobre el entorno natural que puedan resultar irreparables en el momento en el que se produzca una intervención tardía.