ALICANTE. Sin sorpresas. El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este jueves la exposición al público de la modificación puntual número 49 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) planteada por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), con el objetivo de que las plantas de sótano de edificios situados en 50 vías principales de Alicante -los denominados ejes comerciales y también los estructurantes- puedan tener uso comercial ligado al mismo negocio situado en su planta baja. La propuesta aspira a flexibilizar, así, la utilización de esos espacios con el fin de dinamizar la actividad económica al ampliar las opciones de ocupación de esas plantas sótano con fines comerciales (usos comerciales, hosteleros o de alojamiento), siempre que esas plantas no se utilicen como estancias para el descanso.
El primer trámite para que ese cambio urbanístico pueda ver la luz (que ahora queda sujeto a la presentación de alegaciones) ha contado con el voto favorable de los ediles del equipo de gobierno y los cuatro representantes de Vox, como sucedió en la comisión de Urbanismo del pasado viernes. Por su parte, los tres grupos del eje progresista que ejercen funciones de oposición (PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem) han votado en contra al considerar que la medida no quedaba justificada.
La encargada de explicar el alcance de la modificación de planeamiento (a la espera de que pueda aprobarse un nuevo Plan General, del que ahora se ha cerrado el primer proceso de participación pública) ha sido la edil de Urbanismo, Rocío Gómez, quien ha expuesto las mejoras introducidas en la tramitación del documento durante su fase ambiental, para señalar que se ha introducido la prohibición de uso de esas plantas de sótano con el propósito de que no puedan emplearse como estancia destinadas al descanso. Además, ha señalado que se trata de una medida con la que se pretende apoyar la actividad comercial, en un primer trámite de información pública por el que se abre la posibilidad de presentar alegaciones, para lo que se ha abierto al diálogo con el conjunto de grupos de la oposición.
El portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha justificado su voto en contra al considerar que la medida no se había acompañado de informes económicos que consideraba imprescindibles, tras argumentar que no había quedado acreditado que fuese una medida de apoyo real al comercio. "Nos gustaría saber a qué intereses responde y quien la ha solicitado", ha apuntado, al considerar que podría tratarse de una medida "especulativa". Así, ha expresado sus dudas sobre si el cambio puede generar equilibrio o desequilibrio, en lugar de revitalizar zonas urbanas. Y se ha referido a la ausencia de informes que avalen la seguridad de la medida, toda vez que, según ha indicado, se permite el uso de sótanos en zonas que presentan riesgos de inundabilidad.
Por Compromís, su edil Sara Llobell, también ha ratificado su rechazo a la medida al argumentar que genera dudas sobre la seguridad y la calidad del uso del espacio urbano, toda vez que, en su opinión, no están acreditados los requisitos de seguridad para la evacuación de las plantas de sótano y, como Copé, también se ha cuestionado "a quién beneficia esta medida", para expresar sus dudas sobre el supuesto beneficio al sector comercial.
La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha señalado que el acuerdo solo comprende la apertura de un proceso de información pública, lo que permitirá la presentación de alegaciones por parte de la ciudadanía. Además, sí ha considerado que el cambio propuesto sí permitirá dinamizar la actividad comercial. "No dejan de quejarse de que la actividad comercial está concentrada en el centro, pero cuando se plantean posibilidades de extender esa actividad a otras zonas, se oponen", ha considerado.
Por el PSOE, su portavoz adjunta, Trini Amorós, ha subrayado que la propuesta consiste en la modificación puntual número 49 del PGOU actual en un momento en el que se está trabajando en la redacción del nuevo planeamiento. Además, ha planteado que ya se habrían admitido dos primeras alegaciones por parte de particulares en una fase en la que no habría tenido participación la ciudadanía, con las que se abre la posibilidad de admitir el uso de los sótanos no solo en los ejes comerciales, sino también en los estructurantes, con lo que se desvirtuaría el objetivo inicial de la propuesta, según ha sostenido. Al tiempo, ha incidido en el reproche a la admisión de esas alegaciones, cuando es ahora cuando quedaría abierto el plazo para las alegaciones y ha sostenido que esas dos primeras aportaciones no han sido trasladadas a las consellerias de Innovación y Medio Ambiente, que habían emitido sus informes favorables antes de que se incorporasen esos cambios. Por último, ha considerado que la medida beneficia a las grandes superficies y no al pequeño comercio.
Gómez, por su parte, ha cerrado el debate para sostener que lo que se aprueba en este pleno era la apertura del proceso de información pública. Así, como se preveía, en el turno de votación, la medida ha quedado aprobada con 18 votos a favor y 11 en contra.
La vivienda, a debate
En segundo término, el pleno también ha aprobado la declaración de interés municipal para la concesión de la exención del 95% del impuesto de construcciones (la cuantía se reduce de 92.000 a 4.600 euros) para la promoción de 34 viviendas públicas destinadas al alquiler asequible ya en construcción en el barrio de Rabasa, como primera actuación promovida por la Generalitat en un proceso de subasta de suelo público puesto en marcha por el Consell del Botànic a finales de la pasada legislatura, que el actual Consell ha incorporado ahora al Plan Vive.
En el debate de la propuesta, la edil socialista Silvia Castell, ha incidido en que esa promoción procede de la anterior etapa del Consell para sostener que el Plan Vive en Alicante "es un anuncio publicitario" y ha aprovechado para reivindicar la puesta en marcha de un plan real para promocionar la vivienda pública en la ciudad. Con carácter previo, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha recriminado al edil de Hacienda, Toni Gallego (defensor de la propuesta), las conclusiones del informe de liquidación del presupuesto de 2024, en el que se apunta la superación de la regla de gasto y se establece la necesidad de promover un Plan Económico Financiero (PEF) para 2025 y 2026. En este sentido, ha llegado a solicitar su dimisión o cese.
Por Vox, su portavoz adjunto, Mario Ortolá, ha considerado, como réplica a Castell, que no se requiere un plan de vivienda municipal puesto que las competencias son autonómicas y ha tirado de ironía para apuntar que, en caso contrario, sería el Gobierno central que preside Pedro Sánchez quien pondría en marcha en Alicante "alguna de las 235.000 viviendas públicas que ha prometido". Además, ha recriminado a la izquierda sus políticas de vivienda con el incremento de impuestos para las que permanezcan vacías. Y Castell ha incidido en la posibilidad de implementar medidas fiscales para favorecer la construcción de vivienda protegida. El debate lo ha cerrado Gallego quien ha sostenido, en réplica a Mas, que un PEF "no es un plan de ajuste" y ha reivindicado que el Ayuntamiento dispondrá de un margen de 30 millones más como techo de gasto para este 2025, lo que permitirá "que se sigan haciendo viviendas sociales". Una circunstancia que, según ha indicado, no resulta posible con los 155 millones en remanente de los que dispone el Ayuntamiento que, según ha sostenido, permanecen bloqueados por el Gobierno. Así lo ha reiterado acto seguido el alcalde, Luis Barcala, para recriminar al ejecutivo central el bloqueo de esos fondos. A la postre, el acuerdo sometido a debate -la exención del ICIO para la promoción de viviendas- ha quedado aprobado por unanimidad.
Con carácter previo, también se ha aprobado por unanimidad la exacción de contribuciones especiales, por la mejora del servicio de extinción de incendios en el año 2025 y la modificación de la ordenanza reguladora del precio público por la prestación del Servicio de Escuelas Infantiles Municipales con ajustes "técnicos", según ha defendido la edil de Educación, Mari Carmen de España. De igual modo, también se ha aprobado (por 28 votos) la concesión de la cruz del mérito policial con distintivo rojo a los agentes de Policía Local que participaron en la operación desplegada con motivo de la explosión de la pirotecnia Sirvent: Fernando Javier Aldave Bellot, Jose María Martínez Gandía, Raúl Rodríguez Fernández, Francisco José Cutillas Abellán, Pedro Corbacho Barroso y Pablo Limeres Fuentes.
