ALICANTE. Las dos impugnaciones registradas frente a la megacontrata del servicio de estacionamiento controlado de Alicante -conocido como la zona azul o el sistema ORA- causan un primer efecto sobre la licitación impulsada por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), para renovar su prestación e incorporar novedades en su funcionamiento. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), adscrito a la Ministerio de Hacienda, ha resuelto admitir esos dos recursos y ha dictado una primera resolución por la que estima la medida cautelar solicitada y suspende el avance del proceso de contratación hasta que emita un pronunciamiento sobre el fondo de las objeciones planteadas frente al pliego de condiciones por el que se rige la convocatoria.

Eso sí, esa suspensión no afecta a los plazos de tramitación, de forma que no se bloquea la posibilidad de que cualquier empresa interesada en asumir la prestación pueda registrar propuesta. Así, el TACRC solo bloquea la posibilidad de que se consume un hipotético acuerdo de adjudicación, en el supuesto de que la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante concluya la evaluación de las alternativas que lleguen a postularse para asumir el contrato antes de que llegue a emitir un dictamen definitivo que admita o rechace esas dos impugnaciones.

No existe un plazo tasado para que el TACRC pueda emitir ese pronunciamiento, aunque la tónica habitual es que resuelva en un margen de entre dos y tres meses. En principio, la fecha límite establecida para que los licitadores puedan registrar propuesta es el próximo 8 de junio, por lo que todo parece indicar que los recursos sí retrasarán el acuerdo de adjudicación, aunque los técnicos municipales puedan necesitar un mes para analizar las alternativas presentadas a concurso. El periodo para la admisión de propuestas se abrió el 10 de abril y, hasta el momento, no consta el registro de ninguna oferta, a pesar del importe por el que parte la licitación: 143 millones por un plazo de 19 años de explotación.

Entre tanto, el servicio seguirá operado por la alianza de empresas que conforman Pavapark y Vectalia: las dos compañías que resultaron adjudicatarias del contrato precedente, en 2013. La duración de ese contrato ya está extinguida, incluida su posible prórroga, aunque el equipo de gobierno extendió su duración el pasado noviembre al concluir que debía procurarse su continuidad como servicio de interés público. Se da la circunstancia de que esa misma alianza empresarial (Pavapark y Vectalia) es la promotora de una de las impugnaciones presentadas contra el nuevo pliego tras interpretar que incurre en imprecisiones técnicas. Además, en ese recurso, los repesentanes de la UTE discrepan de la configuración del depósito de vehículos que debe construir el nuevo concesionario y consideran que el contrato resulta inviable desde el punto de vista económico. 

El segundo recurso (en realidad, el primero por orden cronológico de presentación) corrió a cargo del grupo Setex. En su caso, alegó que el concurso debía haberse dividido en al menos dos lotes para separar los dos servicios englobados en la licitación actual, y también en el contrato precedente: el del servicio de estacionamiento controlado, por un lado, y el de inmovilización, retirada y depósito de vehículos, por otro. 

Ampliación de plazas y zona naranja gratuita

Las dos impugnaciones dejan el concurso expuesto a un compás de espera, en un escenario que podría complicarse para los intereses municipales en el supuesto de que el TACRC admitiese las observaciones de alguna de las dos recurrentes y conminase al Ayuntamiento a rectificar las bases del concurso.

Hasta el momento, el nuevo contrato planteado por el equipo de gobierno incorpora cambios en el funcionamiento del servicio que también deben introducirse en su ordenanza reguladora. Esas modificaciones consisten, en primer término, en la ampliación de plazas de estacionamiento regulado. En concreto, se prevé la incorporación de 3.077 plazas nuevas distribuidas en los barrios de Ensanche-Diputación, Benalúa, Alipark y Princesa Mercedes, de las que 2.542 serán de zona naranja. Y, en segundo lugar, comprende la implantación de la gratuidad en el uso de las plazas delimitadas como zona naranja para los residentes. A ello se añade el fin de la exención de pago en la franja horaria comprendida entre las 14:00 y las 16:00 horas, la introducción de bonificaciones para vehículos adaptados a personas con movilidad reducida y la incorporación de pago por parte de propietarios de motocicletas.

Entre tanto, como también ha informado este diario, el grupo municipal de Esquerra Unida Podem ha instado a la Concejalía de Movilidad a facilitar acceso al expediente relacionado con la contratación de la encuesta ciudadana sobre la ampliación del servicio de estacionamiento que se desplegó en septiembre de 2024 con el fin de conocer la ficha técnica de ese estudio y sus conclusiones, al tener indicios de que el cuestionario empleado pudo condicionar las respuestas de los encuestados con el fin de disponer de una justificación para extender su implantación en más barrios.