ALICANTE. El concurso convocado por el Ayuntamiento de Alicante para renovar la gestión del servicio de estacionamiento regulado, más conocido como la ORA o la zona azul, se topa con un segundo recurso. A la impugnación presentada por la empresa Setex-Aparki, se suma ahora la registrada por la actual concesionaria de su explotación (ya sin el respaldo del contrato inicial, vencido con sus posibles prórrogas): la unión temporal de empresas compuesta por Pavapark y Vectalia. Así, el concurso tendrá que ser examinado por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TACRC) por partida doble.
¿Qué plantean esas dos impugnaciones? La primera -la presentada por Setex-Aparki- alega que el concurso debía haberse dividido en varios lotes con el fin de que las empresas interesadas pudiesen optar por separado a gestionar los servicios que se pretende contratar. La licitación aprobada por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), abarca tanto el control del aparcamiento en superficie por tiempo limitado, como el desarrollo del servicio de retirada, inmovilización y depósito de vehículos. En otras palabras: el servicio de grúa y el funcionamiento del depósito municipal. Todo, con la particularidad adicional de que también se vincula esa prestación con la construcción de nuevas instalaciones para los vehículos arrastrados, que deberá ubicarse en una parcela de titularidad municipal situada en el sector de Rabasa.
La segunda impugnación -la registrada por Pavapark y Vectalia- se dirige contra el contenido específico del pliego. En concreto, solicita su anulación al discrepar sobre el régimen transitorio del servicio, sobre la configuración de ese nuevo depósito de vehículos. Además, también señala la indefinición de determinadas condiciones técnicas, según se conoció este martes, después de que el equipo de gobierno aprobase en Junta Local la remisión del informe técnico de respuesta a esa recurso. De igual modo, las dos compañías habrían considerado que no se había reflejado correctamente las aclaraciones que se contestaron a varios de los aspectos relacionados con esas aspectos durante la fase de consultas sobre el contenido del pliego. Y, por último, Pavapark y Vectalia también aluden a la inviabilidad económica del contrato en los términos establecidos en esa licitación, a pesar de que, el pliego sí superó el examen previo de la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana, adscrita a la Conselleria de Hacienda, y el organismo equivalente del Ministerio de Hacienda.
Pendiente de una posible suspensión
Ahora, será el TACRC -el organismo adscrito al Ministerio de Hacienda competente para resolver recursos en materia de contratación pública- quien deba analizar las motivaciones alegadas en las dos impugnaciones para decidir si procede mantener el pliego, anular alguna de sus cláusulas o, incluso, instar al Ayuntamiento a elaborar un nuevo concurso. Eso sí, antes de entrar a analizar el fondo de esos recursos, también deberá pronunciarse sobre si procede acordar la suspensión de la licitación de forma temporal. Por el momento, no se habría adoptado ninguna decisión en ese sentido, aunque todo parece indicar que podría dirimir sobre ello a corto plazo. Cuando menos, así lo ha augurado el edil de Contratación, Manuel Villar, este martes, en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos alcanzados en Junta de Gobierno.
Sea como fuere, Villar ha defendido la corrección del pliego tal como se aprobó el pasado 7 de abril, sin que se contemple, por ahora, la posibilidad de introducir modificaciones en las bases de la licitación. Lo cierto es que el servicio es uno de los que comprende un presupuesto de mayor cuantía entre los que dependen del Ayuntamiento. La convocatoria parte con un presupuesto de licitación de 143 millones por un periodo de 19 años de explotación: un plazo prolongado que quedaría justificado, entre otros puntos, ante la necesidad de que el futuro concesionario pueda amortizar la inversión que resulta necesario acometer para la construcción del nuevo depósito de vehículos.
Como viene informando este diario, entre otras novedades, la entrada en vigor del nuevo contrato conllevará la ampliación de plazas de estacionamiento controlado con la incorporación de otras 3.077 en los barrios de Ensanche-Diputación, Benalúa, Alipark y Princesa Mercedes, de las que 2.542 serán de zona naranja, que pasará a ser gratuita para los residentes en el conjunto de áreas que dispongan de esa consideración. Además, también comprende la eliminación de la exención de pago rige en la actualidad en la franja comprendida entre las 14:00 y las 16:00 horas con el fin de fomentar la rotación de vehículos también en ese periodo.
