ALICANTE. El concurso convocado por el Ayuntamiento de Alicante para renovar la prestación del servicio de estacionamiento regulado -más conocido como la ORA o la zona azul- tropieza con un primer contratiempo que expone su pliego de condiciones al escrutinio del Ministerio de Hacienda. Ese contratiempo consiste en el registro de un primer recurso especial ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) interpuesto por la empresa Setex-Aparki contra los pliegos y la memoria del órgano gestor que rigen la licitación de dicho contrato.
Así se ha puesto de manifiesto este jueves en el trancurso de una reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno en el que se ha elevado a ese organismo público (que se encarga de resolver las impugnaciones en materia de contratación pública) el informe elaborado por los técnicos municipales en respuesta ese recurso, sin que se hayan detallado los aspectos concretos objeto de la impugnación.
Por el momento, ese movimiento no ha supuesto ninguna alteración respecto a la hoja de ruta planteada por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP). El concurso se mantiene con sus mismas determinaciones sin que el TACRC haya acordado todavía ninguna decisión, como podría ser la suspensión de los plazos del procedimiento hasta que se resuelva sobre el fondo de la impugnación planteada. De este modo, la licitación sigue en pie, bajo sus mismas condiciones. Es decir, por un importe global de 143 millones (143.031.131,80 euros) y una duración de 19 años. Además, el concurso sigue ligado a la construcción de un nuevo depósito de vehículos previsto sobre una parcela de titularidad municipal en el sector de Rabasa.
La licitación quedó abierta el pasado 10 de abril con su publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, aunque, con posterioridad (el pasado 27 de abril) esa convocatoria sí sufrió una primera modificación relacionada con el plazo de admisión de ofertas. En concreto, se introdujo una ampliación del periodo para el registro de propuestas por parte de posibles licitadores interesados, de forma que se extiende hasta el próximo 8 de junio. Hasta el momento, eso sí, no se ha registrado ninguna oferta interesada en asumir la prestación, que ahora sigue en manos de la alianza empresarial formada por Pavapark y Vectalia, como servicio de interés público, ya sin el respaldo de un contrato en vigor, después de que se haya agotado su duración y sus posibles prórrogas.
Novedades y rechazo vecinal
Entre las principales novedades que se plantean en el momento en el que se ponga en marcha la nueva concesión (siempre que rechace el recurso y no se modifiquen sus condiciones) figura la ampliación de las plazas de estacionamiento regulado en los barrios del entorno del Centro Tradicional. En concreto, se trata del Ensanche-Diputación, Benalúa Sur, el entorno de los juzgados de Benalúa y Princesa Mercedes. En su conjunto, se prevé la creación de un total de 3.077 nuevas plazas por tiempo controlado, de las que más del 80% (2.542) serán de uso libre para residentes al quedar delimitadas como zona naranja. Además, con el fin de fomentar la rotación de vehículos durante el mediodía, también se prevé suprimir la exención de pago que se aplica en la actualidad en el periodo comprendido entre las 14:00 y las 16:00 horas, como informó este diario.
Sea como fuere, la propuesta de implantación de nuevas plazas en esa delimitación territorial y con esas condiciones ya ha generado contestación social en esos mismos barrios. Así se ha puesto de manifiesto este mismo jueves, en una comparecencia en la que representantes vecinales de Benalúa, Alipark y Princesa Mercedes han dado cuenta del inicio de una campaña de recogida de firmas con la intención de paralizar la implantación de ese sistema, con el argumento de que no se había proporcionado información a los propios residentes y que se desconocían sus condiciones reales de aplicación.
En concreto, esa iniciativa trata de conseguir tres objetivos esenciales. En primer lugar, que se aplique "una moratoria inmediata en la implantación de la zona azul/naranja" en los tres barrios: Alipark, Princesa Mercedes y Benalúa. Al menos, "hasta que se produzca un diálogo real con los vecinos y comerciantes afectados". En segundo lugar, se plantea que se abra "ese diálogo real con los vecinos y comerciantes, con carácter previo a cualquier aplicación de la medida". Y en tercer término, reclaman que se realice "una auditoría del servicio y un estudio de movilidad independiente que busque alternativas sin costes para el ciudadano", según se concreta en el propio formulario de recogida de apoyos.
"Los vecinos y comerciantes rechazamos la imposición de estas zonas de pago por ser injustas, arbitrarias y carecer de consenso. Exigimos la paralización inmediata de la medida y la búsqueda de alternativas de movilidad que no supongan un castigo económico para el barrio", incide el formulario. En esta línea, los representantes vecinales han señalado que, pesa a las promesas de gratuidad respecto a las plazas delimitadas como zona naranja, el sistema supondrá el aumento del control y de las sanciones, así como la necesidad de tramitar autorizaciones para disfrutar de las exenciones de pago.
- Los representantes vecinales de Alipark, Benalúa y Princesa Mercedes. -
