ALICANTE (EP). La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha alertado de que el incremento de políticas de externalización de fronteras ha provocado el primer descenso global de personas desplazadas en una década, de manera que se sitúa en 117,5 millones, una tendencia que se refleja en la Comunitat Valenciana con una caída del 12,6% en las solicitudes de asilo durante 2025.

Sandra Telles es una de las personas migrantes, que hace tres años salió de Colombia, tras ser amenazada por los grupos armados después de que secuestraran a su hija de 15 años durante siete meses. "La justicia no hizo nada, empezaron las amenazas, perdí mi casa, lo perdí todo y me tocó salir de la noche a la mañana porque era la vida de mi hija o mi vida", ha relatado este martes durante la presentación del Informe Anual de CEAR en València.

Sandra consiguió escapar junto a su hija y llegar a España, aunque ha reconocido que el proceso de integración "no" ha sido sencillo. No obstante, ha agradecido la ayuda prestada por Jaume Durà, responsable del área jurídica de CEAR Valencia, y por la entidad. "Sin conocer a nadie, sin saber de nada, se abrieron muchas puertas", ha afirmado.

Asimismo, ha defendido la realidad que viven miles de personas en su país de origen. "En Colombia dicen que no existe la guerra, esos son los que no están allí y no lo viven en carne propia", ha aseverado. Ahora, teme regresar a Colombia tras sentirse "segura" en España. "Apenas esa gente se entere de que mi hija o yo hemos vuelto, vuelven las amenazas, el miedo de que se vuelvan a llevar a mi hija", ha lamentado.

En la Comunitat Valenciana el número de demandantes de asilo ha descendido de 7.981 en 2024 a 6.976 en 2025. A pesar de este descenso generalizado en Europa y en España, CEAR ha advertido de que las necesidades de protección internacional no han disminuido, sino que se han agravado debido a la escalada de conflictos, la crisis climática y la inestabilidad política.

Este contexto migratorio también se enmarca la reciente puesta en marcha del proceso de regularización administrativa extraordinaria, aprobado mediante el Real Decreto del pasado 14 de abril.

Según ha explicado Durà, la Comunitat Valenciana es un "reflejo" de lo que sucede tanto en España como a nivel europeo y mundial. Este descenso se debe a una "mayor externalización de las fronteras, más dificultades para llegar a los países seguros donde la gente demanda la protección y, también, por una política de retornos".

Por provincias, Valencia lidera el volumen con 3.540 solicitudes, aunque experimenta un descenso del 20% respecto a las 4.476 del año anterior. Alicante también registra una tendencia a la baja, con 2.062 peticiones frente a las 2.510 de 2024, un 17% menos, mientras que Castellón es la única provincia que aumenta sus cifras, pasando de 995 a 1.373 solicitudes.

A nivel nacional, la caída de solicitudes de asilo ha sido del 13,7%, de manera que frena la tendencia ascendente de los últimos años. La entidad ha denunciado que, más allá de las fronteras, persisten obstáculos "graves" en el acceso a derechos básicos en España.

"El padrón es una obligación legal de la ciudadanía y un deber de la administración local. Sin empadronamiento, en la práctica, se limita el acceso a derechos básicos. Es imprescindible que se agilicen y se cumpla la normativa relativa a los empadronamientos especiales para aquellas personas que sufren exclusión y discriminación residencial", ha explicado Mercedes Ena, coordinadora de CEAR Valencia.

"Importantes desafíos"

La organización también ha criticado el Pacto Europeo de Migración y Asilo, en vigor desde el 12 de junio, porque plantea "importantes desafíos" para los derechos de las personas migrantes y refugiadas. CEAR ha mostrado preocupación por la consideración de países con graves déficits en derechos humanos como "seguros" y ha alertado de que el futuro Reglamento de Retorno supone "graves riesgos" para los derechos al prever detenciones prolongadas o expulsiones a centros de deportación de terceros países sin que exista un vínculo previo entre la persona y el país de destino.

Afganistán, Siria, Venezuela, Ucrania, Sudán, la región del Sahel, la República Democrática del Congo, Somalia y Palestina representaron las principales crisis de desplazamiento forzado en 2025, según recoge el informe.

Entre las personas refugiadas presentes en el acto también se encontraba la periodista afgana y activista por los derechos de las mujeres Nilofar Sarwary, que llegó a España hace apenas cinco meses a través de un rescate de Amnistía Internacional y con la ayuda de CEAR también se adapta al país. Aunque su trámite de asilo continúa en curso, ha asegurado sentirse "muy feliz" por encontrarse en un lugar seguro.

El informe advierte de un preocupante auge del racismo y la xenofobia en España, con un incremento del 23,6% en los delitos e incidentes de odio en 2025, la cifra más alta registrada por el Ministerio del Interior.

Finalmente, CEAR ha reclamado a España que habilite vías "legales y seguras" para garantizar el acceso a la protección internacional y evitar más pérdida de vidas en las rutas migratorias. Además, la organización subraya que el 15% de las llegadas a costas fueron niñas, niños y adolescentes sin referentes familiares.