ALICANTE. La comisión de fiscalización sobre las supuestas irregularidades detectadas en la gestión y compra de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas por la cooperativa Residencial Les Naus en un solar municipal subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 vuelve a quedar marcada por las incomparecencias. Cuando menos, hasta tres concejales y exconcejales del PP han comunicado ya su intención de no acudir a la próxima sesión de trabajo de esa foro de análisis programada para el próximo lunes, 11 de mayo.
Se trata de la exconcejal de Urbanismo y actual edil de Educación y Empleo, Mari Carmen de España; de la exconcejala de Contratación, María Dolores Padilla; y del exconcejal de Hacienda y Patrimonio, Carlos Castillo. Además, también ha manifestado que tampoco comparecerá el funcionario ya jubilado que ejercía como jefe del servicio de Asesoría Jurídica, Manuel Cordón. Eso sí, cada uno de ellos ha informado de su decisión con información y argumentos distintos, entre los que mencionan que las comparecencias son de carácter voluntario, como se concluye en un informe jurídico emitido por el secretario municipal a solicitud del presidente de la comisión, el vicealcalde y edil de Recursos Humanos, Manuel Villar.
Por partes. La actual concejal de Educación y Empleo, Mari Carmen de España, concreta en el escrito en el que informa sobre su inasistencia que durante el periodo en el que desempeñó las competencias de Urbanismo desde finales de abril de 2018 hasta las municipales de 2019, no tuvo ninguna participación en los expedientes relacionados con la venta del solar o con la concesión de la licencia de obra para que se construyese la promoción. La exconcejal de Contratación, y actual directora gerente del Teatro Principal, María Dolores Padilla, se limita a concretar que no participaría en la comisión sin aportar mayores explicaciones.
Sí es más preciso el exconcejal de Hacienda, Carlos Castillo, quien señala que durante el tiempo en el que él desempeñó esa responsabilidad, su intervención se limitó a dar trámite a la convocatoria del concurso para enajenar la parcela que ya venía instruido desde la etapa de gobierno anterior, bajo el mandato de PSOE, Guanyar y Compromís. Y añade que, después de que se registrasen hasta dos recursos contra esa convocatoria por parte de la asociación de promotores Provía y de la empresa Block Arquitectura respecto a la incorporación de la fórmula de la anticipación como cláusula de desempate entre licitadores, el equipo de gobierno decidió anular el concurso con la intención de volver a convocarlo con nuevas premisas. No obstante, detalla que fue la cooperativa Residencial les Naus quien interpuso un contencioso contra esa decisión y que el TSJ dictó una sentencia a su favor en 2021 que forzó a reanudar el concurso con las mismas condiciones de partida, incluida esa cláusula de anticipación como mecanismo de desempate.
En todo caso, Castillo manifiesta que todo el expediente contaba con informes favorables y que había sido supervisado y avalado por los técnicos de varios departamentos, por lo que recalca que el procedimiento cuenta con "presunción de legalidad, objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad y confidencialidad". Además, plantea su predisposición a contestar por escrito ante cualquier solicitud de aclaración que se le pueda formular, tras incidir en que dispone de compromisos previos que le impiden acudir a la sesión de la comisión prevista para el día 11.
Por último, el exjefe del servicio de Asesoría Jurídica, Manuel Cordón, apunta, en primer término, que no tuvo ningún grado de participación en los expedientes objeto de revisión en la comisión sobre las VPP. Y, además, señala que se encuentra indispuesto por una situación médica particular que le impide desplazarse al Ayuntamiento para participar en la comisión. Asimismo, señala que coincide plenamente en la conclusiones del informe jurídico elaborado por el secretario municipal en cuanto al carácter voluntario de las comparecencias.
(((NOTICIA EN ELABORACIÓN)))
