ALICANTE. Todo sigue igual en el desarrollo de la comisión municipal de fiscalización sobre las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas por la cooperativa Residencial Les Naus en el distrito de Playa de San Juan de Alicante. Otros dos funcionarios -en este caso, dos de los de mayor rango del organigrama municipal- también han comunicado ya que no acudirán a la próxima sesión de trabajo de ese foro de análisis sobre el residencial de la polémica, y sobre el resto de proyectos para la promoción de VPP impulsados por el Ayuntamiento. En este caso, se trata del vicesecretario municipal, Germán Pascual, que ejerce como secretario municipal accidental, y del interventor municipal, Francisco Guardiola.
Los dos han remitido a la secretaria de la comisión sus respectivos escritos de excusa en los que informan de su intención de no acudir a esa próxima reunión, prevista para el 22 de mayo. En el caso del vicesecretario, se limita a apuntar que acudir a ese tipo de comisiones no está entre las funciones que tiene encomendadas. Y, además, añade que tampoco tendría nada que aportar respecto a los expedientes objeto de revisión más allá de lo que ya apuntó en el informe de averiguación de hechos encomendado por el alcalde después de que un informe emitido por el servicio de Patrimonio alertase de la posible existencia de un conflicto de interés o de una supuesta incompatibilidad, al tener constancia de la identidad de algunos de los compradores de los pisos construidos en esa urbanización. Como viene informando este diario, entre ellos figuran la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez; la exdirectora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman, que ha regresado a su plaza como jefa de Contratación, así como dos arquitectos municipales y otros nueve funcionarios municipales no relacionados con las áreas de Urbanismo, Contratación o Patrimonio.
En ese informe de averiguación de hechos, conocido a principios de febrero, el vicesecretario concluía que, tras revisar los expedientes relacionados con la promoción de Les Naus, ninguno de los cargos públicos municipales vinculados con los pisos sobre los que se había centrado las indagaciones había tenido participación directa en la toma de decisiones respecto a la venta del solar de propiedad municipal en el que se desarrolló la promoción, o en la concesión de licencia de obra para permitir su construcción.
En el caso del interventor municipal, la justificación de su ausencia también es simple: sencillamente sostiene que no podrá acudir a la sesión puesto que en esa fecha se encontrará fuera de Alicante. No obstante, tampoco deja abierta la posibilidad de comparecer en otra fecha distinta, en el caso de que así se propusiese por parte de los representantes políticos que forman parte de la comisión. Sea como fuere, con esas dos comunicaciones de ausencias, la comisión mantiene la tónica de funcionamiento que ha tenido desde su constitución, en la medida en que solo una de las personas llamadas a comparecer ha llegado a aportar explicaciones. Se trata del extécnico del área de Contratación, José Luis Ortuño (ya jubilado), que participó en la redacción del pliego de condiciones de la enajenación del solar.
De hecho, en la sesión programada para este próximo 22 de mayo también se había propuesto la comparecencia del exjefe del área de Servicios Jurídicos, Manuel Cordón, también jubilado. No obstante, Cordón también comunicó la semana pasada que no acudiría a la llamada, puesto que se encontraba indispuesto por motivos de salud. De este modo, la próxima sesión podría cerrarse de nuevo en blanco. No ha trascendido todavía si está dispuesto a comparecer el cuarto de los convocdos a esa reunión: el inspector de la Policía Local que emitió el informe tras la visita girada a las viviendas de Les Naus para comprobar cuántas viviendas estaban ocupadas y por quién, a mediados del pasado mes de febrero.
¿Suspensión de la comisión?
Las nuevas ausencias ya confirmadas por parte de los técnicos llamados a comparecer vuelven a plantear dudas sobre la operatividad de la comisión. Cuando menos, así lo ha corroborado el vicealcalde de Alicante y presidente de la comisión, Manuel Villar, este martes, en la comparecencia pública en la que se informa sobre los acuerdos alcanzados en la reunión semanal de la Junta de Gobierno. En esta línea, Villar ha sostenido que el equipo de gobierno estaba convencido de que su constitución era necesaria y que, por ello, se puso en marcha "con celeridad".
No obstante, al ser cuestionado sobre la posibilidad de que pudiese suspenderse al estar en curso el procedimiento judicial sobre los mismos hechos, ha apuntado que "evidentemente, este equipo de gobierno no lo va a proponer, porque lo que no queremos es dar justificación a nadie de que piense que no queremos que se investigue". "Aquí el procedimiento principal es el procedimiento judicial", ha recalcado el vicealcalde, quien posteriormente ha indicado que "gran parte de los grupos municipales" llevaron la polémica de Les Naus a Fiscalía para subrayar esa consideración. En todo caso, ha apuntado que, pese a que las comisiones son "una ayuda", ha considerado que "lo principal es que el procedimiento judicial siga adelante como está haciéndolo", porque tiene "medios y capacidad para llegar hasta el final". "Nadie podrá decir que no estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para que las comisiones sigan adelante y que el procedimiento judicial siga adelante, que creo que es lo que todos deseamos", ha remarcado el vicealcalde y presidente de la comisión.
En este sentido, ha confirmado su intención de comparecer ante la comisión, en el supuesto de que se solicite su intervención, como había anticipado el grupo municipal de Vox. "Como soy un hombre de palabra, compareceré", ha manifestado. Respecto a los motivos en los que se fundamentaría la solicitud de su comparecencia, ha indicado que podría deberse al hecho de que él era el concejal de Contratación cuando se adjudicó la venta de la parcela. Así, ha recordado que el procedimiento de contratación empezó en 2018 y que se suspendió durante cuatro años, porque el equipo de gobierno pretendía anular la cláusula de desempate por la que se primaba al licitador que presentase la oferta en primer lugar, y que, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) dijo que esa cláusula era "correcta", lo que se hizo fue "adjudicar a la empresa" que obtuvo la mayor puntuación, en este caso la cooperativa Residencial Les Naus, sin necesidad de recurrir a esa cláusula, a pesar de que la cooperativa fue también la primera que registró oferta.
