ALICANTE. La megacontrata del servicio de estacionamiento regulado de Alicante -más conocido como la zona azul o la ORA- diseñada por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), queda expuesta al escrutinio del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) a partir de los dos recursos registrados contra las bases del concurso por parte de dos compañías o grupos empresariales especializados en el sector de la movilidad. Se trata, por un lado, de Setex Aparki, del Grupo Setex, que ya tiene implantación en la provincia como concesionaria del servicio de estacionamiento controlado de Guardamar, así como de la gestión del aparcamiento del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández; y por otro, de la alianza empresarial formada Pavapark y Vectalia, que sigue prestando el servicio en la ciudad en la actualidad, una vez agotada la vigencia del contrato del que resultó adjudicataria en 2013, después de que se extendiese su concesión hasta que se concrete una nueva contratación para garantizar la continuidad de un servicio considerado de interés público.

Como informó este diario, el recurso de Setex apunta a la conveniencia de que el concurso se divida en al menos dos lotes distintos: uno para la gestión del estacionamiento regulado, y otro para el servicio de grúa, transporte y custodia de los vehículos arrastrados en depósito. La impugnación de Pavapark y Vectalia pone el foco en varios puntos del pliego que no considera apropiados, como la configuración del nuevo depósito a construir en el sector de Rabasa, la falta de precisión de ciertos aspectos técnicos y la supuesta inviabilidad económica del contrato.

Por el momento, no ha trascendido que el TACRC haya adoptado ninguna decisión que pueda conllevar la suspensión del proceso de contratación hasta que se resuelva sobre el fondo de las objeciones planteadas en esos dos recursos, de modo que el concurso sigue en pie con las mismas condiciones previstas hasta ahora: un periodo de 19 años de explotación y un importe de licitación de más de 143 millones. Además, el plazo para registrar ofertas se mantiene abierto hasta el próximo 8 de junio. Hasta ahora, no consta que se haya registrado ninguna propuesta que aspire a asumir la prestación, por lo que una hipotética paralización cautelar del concurso no supondría ningún perjuicio a posibles interesados.

En todo caso, ¿qué es lo que está en juego tras la interposición de esas dos impugnaciones? En primer término, el retraso en la incorporación de las novedades contempladas con el inicio de la nueva prestación. Al margen de la construcción del nuevo depósito de vehículos, el principal cambio que se pretende introducir es la gratuidad de las plazas delimitadas como zona naranja, de modo que los residentes no deberán pagar por estacionar. Además, también se incluye la creación de 3.077 plazas nuevas en los barrios de Ensanche-Diputación, Benalúa, Alipark y Princesa Mercedes, de las que 2.542 serán, precisamente, de zona naranja. Otra de las novedades esenciales será el fin de la exención de pago en el periodo comprendido entre las 14:00 y las 16:00 horas con el propósito de fomentar la rotación de vehículos también en esa franja horaria.

Y, por último, también estaría en el aire el aval de un nuevo contrato válido que ampare la recaudación generada por el servicio. Se trata de los ingresos obtenidos mediante la expedición de tiques de estacionamiento, que asciende a una media próxima a los 2,2 millones anuales, según el detalle desglosado por la Concejalía de Movilidad que queda a disposición de las empresas interesadas en participar en el concurso para que puedan calibrar sus propuestas. En concreto, el último balance de ingresos correspondiente a 2025 asciende a 2.281.194,54 euros en las condiciones actuales de funcionamiento: 1.824 plazas delimitadas como zona azul y otras 453 como zona naranja. Con ello, la ratio de recaudación anual por plaza de estacionamiento regulado se sitúa en los 1.250,65 euros.

En realidad, se trata de cifras que se han mantenido más o menos estables desde 2016, salvo el registro alcanzado en 2020, cuando el servicio quedó suspendido durante varios meses como consecuencia de la pandemia de la covid. Está por ver, eso sí, el efecto que puede tener la ampliación de plazas y la introducción de la gratuidad de la zona naranja en esas cifras, aunque todo parece indicar que, como mínimo, podrían mantenerse. Al tiempo, en ese desglose aportado por Movilidad, destaca, además, un segundo dato relevante: el porcentaje de uso. Los datos recopilados por el departamento municipal concretan que la práctica totalidad de los espacios habilitados en la vía pública permanecen ocupados, al alcanzarse un índice promedio del 94,64%.

Encuesta 'de respaldo'

Entre tanto, la convocatoria del nuevo concurso, y las condiciones previstas para la nueva prestación, continúan generando recelos entre las formaciones políticas que ejercen funciones de oposición. En este sentido, el grupo municipal de Esquerra Unida Podem pone el foco ahora en la encuesta desplegada en torno al mes de septiembre de 2024, antes de que se elaborase el estudio de viabilidad del nuevo contrato, a modo de consulta previa con la que, según sostienen los representantes de la confluencia, se trataría de acreditar una supuesta anuencia de la ciudadanía. En esta línea, EU Podem sostiene que el cuestionario que se utilizó como base de esa encuesta podría resultar sesgado y tendencioso hasta el punto de orientar el sentido de las respuestas para que el resultado del estudio fuese favorable a la implantación de la zona azul y la zona naranja en más barrios.

En concreto, esa encuesta incluía preguntas como "¿cómo valoraría de 0 a 10 que en su barrio las zonas blancas pasasen a ser zonas azules y naranjas, estas últimas con aparcamiento totalmente gratuito para residentes?"; o como "¿A usted le parece que las zonas donde existe estacionamiento regulado (zonas azul y naranja) son más seguras al disponer de revisores/controladores recorriendo las calles continuamente?", al margen de que, en ese cuestionario, también se apuntase que "la normativa europea en movilidad sostenible insta a los ayuntamientos a regular el estacionamiento en la calle mediante zonas azules y naranjas".

De ahí que EU Podem pretenda conocer todos los pormenores relacionados con esa encuesta. En concreto, su portavoz municipal, Manolo Copé, prevé solicitar por registro que se le facilite acceso al expediente relacionado con la contratación de esa encuesta, desplegada por CIDES, Estudios de Mercado, y que se precise tanto la ficha técnica de su elaboración -al haber recibido información de que no se basó en una muestra significativa, sino que se preguntó a viandantes en plena calle-, así como sus resultados y conclusiones, puesto que, según EU Podem, no se habría presentado públicamente, como sí sucedió con el sondeo elaborado en 2021 por parte de la misma empresa a la hora de evaluar la posible implantación de la zona azul y zona naranja en el barrio de Carolinas.