ALICANTE. El conflicto del ruido asociado al ocio y la hostelería vuelve a quedar en manos de los juzgados en Alicante. Varios empresarios del sector que disponen de negocios en el Casco Antiguo registraron este viernes los primeros recursos contencioso-administrativos con el fin de revertir la aplicación de las limitaciones incorporadas en la Zona Acústica Saturada (ZAS) aprobada por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), hace dos semanas.

La fundamentación de esas impugnaciones se basaría en los argumentos ya anticipados hasta ahora. Entre ellos, los propios hosteleros han señalado la arbitrariedad que atribuyen a la delimitación de las calles sujetas al adelanto del horario de cierre; la desactualización de las mediciones sonométricas que justificarían la ZAS, o la falta de comunicación oficial previa de su implantación, toda vez que el acuerdo y las medidas incorporadas en esos límites no se habrían publicado todavía en boletines oficiales.

Pero, además, el registro de esos primeros recursos va un paso más allá de la mera solicitud de anulación de la ZAS. Su interposición se acompañó de la solicitud de la medida cautelarísima de suspensión del acto administrativo impugnado: es decir la misma ZAS. Con ello, se trataría de procurar que la batería de restricciones que conlleva deje de estar en vigor, como la reducción de la superficie en la que situar las terrazas de los establecimientos. Y, sobre todo, la limitación horaria, por la que se establece la obligación de que los negocios situados en las calles de la ZAS bajen la persiana a las 0:30 horas de domingo a jueves, y a la 1:00 los viernes, sábados y vísperas de festivos.

Fuentes consultadas indicaron que el mero registro de esa solicitud de medidas cautelarísimas conllevaría la suspensión automática de la ZAS para el conjunto de los locales afectados, hasta que pueda producirse un pronunciamiento judicial expreso sobre la estimación o rechazo de esa solicitud de interrupción de las restricciones. Así se concluiría en la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional (TC) con el fin de evitar perjuicios de imposible reparación, según las mismas fuentes.

Con ello, se conseguiría que todos los negocios hosteleros del Casco Antiguo pudiesen permanecer en funcionamiento hasta las 3:30 horas (el horario anterior autorizado hasta el momento) al menos durante este fin de semana (la madrugada del sábado y del domingo) en el que se esperaría una intensa afluencia de clientes por las celebraciones asociadas al 1 de noviembre.

De hecho, según las mismas fuentes, los locales que habían asumido el cumplimiento del adelanto del cierre después de que la Policía Local levantase las primeras actas de infracción, preveían mantener su actividad en ese horario previo. Y así lo hicieron saber al Ayuntamiento de Alicante a través de sus representantes legales, para evitar que la policía pudiese exigir el cumplimiento de la ZAS.

La ZAS del Centro Tradicional, pendiente

Entre tanto, la implantación de las medidas de control al ruido en el Centro Tradicional sigue pendiente de la aprobación de la ZAS también anunciada por el equipo de gobierno para ese ámbito, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) revocase la sentencia de primera instancia que forzaba a promover esos límites. En principio, esa regulación debería aprobarse en una próxima reunión de la Junta de Gobierno. Y, según mantiene el PP, será de aplicación a partir de ese mismo momento, como ya ha sucedido con la ZAS del Casco Antiguo.

Así lo defendió el vicealcalde y edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, este martes, al apuntar que, a pesar de que la normativa autonómica establece la necesidad de que las ZAS queden refrendadas por el pleno de la corporación, la Ley de Grandes Ciudades (posterior a la Ley de Prevención frente a la Contaminación Acústica) atribuye la potestad de su aprobación a la Junta Local, de forma que surta efectos de forma inmediata. Al tiempo, Villar añadió que no resulta necesaria la publicación de la ZAS en boletines oficiales, aunque aseguró que se había girado comunicación informativa individual sobre su entrada en vigor a cada uno de los titulares de los negocios hosteleros encuadrados en la ZAS.