ALICANTE. El Ministerio de Transportes mueve ficha respecto a la vigencia del convenio sobre la financiación de infraestructuras de la Comunitat por valor de 240 millones firmado en 2022, a modo de complemento de las previsiones recogidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El gabinete que coordina Óscar Puente acaba de responder a la carta girada por el conseller de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, con otra comunicación en la que confirma la preocupación con "la baja ejecución" de las actuaciones programadas en ese convenio, en la medida en que, hasta el pasado junio, "la inversión ejecutada" ascendía a 75 millones (75.136.776 euros) del total de 200 millones que correspondía aportar al ministerio. Por ello, en esa respuesta se añade que se está estudiando el encaje jurídico de la concesión de la prórroga de ese acuerdo, en la línea planteada por el Consell.
Así lo subraya la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena, en la contestación remitida a Martínez Mus, en la que le traslada que el ministerio trabaja con la intención de "llegar a la mejor solución posible para ambas partes" a partir de las "diversas opciones sobre la posible continuidad temporal del convenio y otras cuestiones" que, según indica, se estarían analizando "con toda la rapidez posible, especialmente desde el punto de vista jurídico".
En esa carta, que trasciende once días después del plazo máximo que el Consell había planteado para que se produjese la reunión de la comisión de seguimiento del convenio, Báguena no llega a ofrecer una respuesta clara. Se limita a señalar que "una vez concluido este análisis, se procederá a la mayor brevedad a convocar de nuevo la comisión de seguimiento". En principio, la reunión de ese foro bilateral debería calendarizarse antes de fin de año, puesto que esa es la fecha en la que se producirá la caducidad del convenio, salvo que se acuerde ampliar su duración.
Más margen
En principio, esa podría ser la opción más probable, con el fin de dar más margen al ejecutivo autonómico para que pueda acelerar la materialización de los proyectos previstos. Entre ellos, figura la construcción de la Estación Central del Tranvía en Alicante, ya en ejecución, que cuenta con un presupuesto de 102 millones. Es decir, el 42% del importe global del convenio. Además, se incluyen otro paquete de actuaciones relacionadas con las comunicaciones y la movilidad ya licitadas, contratadas o también en ejecución, cuya financiación peligraría en el caso de que no se extienda el plazo conferido para que puedan materializarse.
Entre ellas, figuran proyectos como la ronda sudoeste de Villena; la supresión de paso a nivel y reurbanización de la calle Rosalía de Castro en Villena; la mejora de la seguridad vial de la carretera CV-865, entre Elche y Santa Pola; la rotonda de la CV-50 de la Barraca d'Aigües Vives en Alzira; la mejora calidad acústica en el entorno de la CV-31 en La Lloma Llarga, Paterna; la mejora de la calidad acústica en el entorno de la CV-31 en Terramelar, Paterna; la mejora de la calidad acústica en el entorno de la CV-33, en Albal; del desdoble de la CV-32 en Gombalda; de la ronda oeste de Carlet y de la ronda norte de Albalat de la Ribera, según se concreta en la misiva remitida por Martínez Mus, a principios de octubre. En su conjunto, el convenio preveía 33 actuaciones en la provincia de Alicante, por un importe global de más de 77,2 millones; otras 27 en la de Valencia, por otros 87,5; y finalmente, otras 13 en la de Castellón, por otros 35,3.
Ahora bien, está por ver cuánto tiempo más podría concederse, en el supuesto de que se acabe concediendo esa hipotética prórroga. La propuesta planteada por el Consell preveía que la duración del convenio se alargase por otros cuatro años adicionales, hasta el ejercicio de 2029, como amparaba el articulado del acuerdo inicial. Y, además, también dejaba constancia de que no se pretendía renunciar a la ejecución de ninguno de los 73 proyectos incluidos en el convenio, como -según fuentes de la Generalitat- habría sugerido el ministerio, después de que la administración autonómica hubiese planteado la necesidad de revisar, también, la aportación estatal, a la vista de que esa batería de obras tenían un coste real de 358,5 millones. Es decir, 118,4 millones más de lo previsto en 2022, bajo el mandato del Botànic (PSPV-PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem). A priori, el ministerio estaría barajando también opciones al respecto, sin que haya trascendido todavía cuál sería su contrapropuesta.
