ALICANTE. El Consell da un paso al frente y vuelve a reivindicar más plazo para la ejecución del convenio sobre la financiación de infraestructuras firmado con el Ministerio de Transportes en 2022. Se trata de un acuerdo por el que se comprometía la ejecución de un paquete de actuaciones valoradas entonces en 240 millones, como complemento a las previsiones recogidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En función de ese acuerdo, el ministerio debía aportar el grueso de esos fondos: hasta 200 millones. Y la Generalitat quedaba obligada a completar el presupuesto con los 40 millones restantes. El pacto permitía poner en marcha hasta 73 proyectos relacionados con la construcción o mejora de carreteras, o de infraestructuras como la Estación Central del tranvía en Alicante. La mayoría de ellos -hasta 33- debían ejecutarse en la provincia de Alicante, por un importe global de más de 77,2 millones; otros 27 en la de Valencia, por otros 87,5; y finalmente, otros 13 en la de Castellón, por otros 35,3.

Todo quedaba vinculado, además, al cumplimiento de un calendario concreto: el conjunto de esas actuaciones debía quedar ejecutada con fecha límite de 31 de diciembre de este año. Eso sí, el convenio amparaba la posibilidad de una prórroga de hasta cuatro años más, en el caso de que se constatase su necesidad, una vez evaluado el avance de las obras a realizar. De hecho, como informó este diario, la comisión de seguimiento constituida por representantes de las dos administraciones cerró un principio de acuerdo el pasado mes de marzo por el que ambas partes mostraban su disposición a extender la duración del acuerdo en un mínimo de otros dos años adicionales, a la vista de que la mayoría de las actuaciones se encontraban entonces en todavía en desarrollo o, incluso, pendientes de licitación.

En ese encuentro, el Consell planteó también la revisión del importe de la financiación comprometida, tras argumentar que los costes reflejados en el convenio respecto a la cuantificación de los proyectos a ejecutar no eran realistas, y que se habían incrementado, una vez concluida su redacción. Según la nueva baremación actualizada planteada por la administración autonómica, el presupuesto de esa batería de licitaciones superaba los 358,5 millones. Es decir, 118,4 millones más de lo previsto en 2022, bajo el mandato del Botànic (PSPV-PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem). Para muestra un botón: el convenio procuraba una partida de 35 millones para cofinanciar la construcción de la Estación Central del tranvía, en Alicante, cuando, finalmente, la contratación de sus obras se cerró por un importe de más de 102.

Entonces, Transportes descartó el aumento de la dotación presupuestaria prevista de partida, tras argumentar que el incremento de costes alegado por el Consell se había producido por el retraso en la redacción de los proyectos, en su licitación y en su posterior ejecución. Así, el ministerio se limitó a mostrar su predisposición a extender la duración del convenio, con lo que se daba oxígeno para que las inversiones pudiesen ejecutarse. No obstante, ese principio de entendimiento no se llegó a plasmar por escrito. De ahí que el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, haya remitido una carta dirigida al ministro de Transportes, Óscar Puente, con el propósito de instarle a convocar una próxima reunión de la comisión de seguimiento antes del 20 de octubre en la que se confirme la prórroga del convenio más allá del fin de este año. Y, además, plantea que esa prórroga se conceda por el máximo previsto: cuatro años más, en lugar de solo dos.

La misiva, fechada el 30 de septiembre, incide en que la voluntad del Consell es ejecutar la totalidad de esas actuaciones. "Siendo necesario la prórroga para garantizar la materialización de las actuaciones y la voluntad de esta parte la ejecución de las infraestructuras en la Comunitat Valenciana reflejadas en el anexo del convenio. Y atendiendo a lo manifestado en las últimas reuniones de la Comisión de Seguimiento por parte de los representantes de la Administración General del Estado, solicito se requiera a la comisión de seguimiento para que antes del 20 de octubre de 2025, dado que es necesario para garantizar la materialización de las actuaciones, proponga, de manera clara e incondicionada, la prórroga del convenio por cuatro años más", concluye la carta.

Sin renuncias

En su argumentación, Martínez Mus señala que "la Generalitat Valenciana ha solicitado y justificado en las últimas reuniones de la Comisión de Seguimiento la necesidad de proponer la prórroga para el cumplimiento de los fines del convenio, de modo que se puedan finalizar obras en ejecución así como licitar obras cuyos proyectos de construcción ya están redactados y supervisados". Y añade que, en caso contrario, se pondría en peligro el desarrollo de actuaciones "ya licitadas, contratadas o en ejecución". Se trata, en concreto, de la ronda sudoeste de Villena; la supresión de paso a nivel y reurbanización de la calle Rosalía de Castro en Villena; la mejora de la seguridad vial de la carretera CV-865, entre Elche y Santa Pola; de la Estación Central del tranvía de Alicante; de la rotonda de la CV-50 de la Barraca d'Aigües Vives en Alzira; de la mejora calidad acústica en el entorno de la CV-31 en La Lloma Llarga, Paterna; de la mejora de la calidad acústica en el entorno de la CV-31 en Terramelar, Paterna; de la mejora de la calidad acústica en el entorno de la CV-33, en Albal; del desdoble de la CV-32 en Gombalda; de la ronda oeste de Carlet y de la ronda norte de Albalat de la Ribera. 

Además, también detalla la existencia de otras 19 actuaciones que quedarían en una situación de incertidumbre en el caso de que no se amplíe la duración del convenio, toda vez que no se contaría con el compromiso de financiación necesario para poder sacarlas a licitación. En esta línea, fuentes del departamento de Infraestructuras consultadas indicaron que la Generalitat no renuncia a la ejecución de ninguna de las obras previstas en el convenio, una vez impulsada la redacción de sus proyectos, tras subrayar que varios de ellos se encontraban pendientes de elaboración hasta 2023. Y, de igual modo, rechazan el planteamiento que ha venido defendiendo el ministerio hasta ahora por el que se emplaza a la Generalitat a asumir la diferencia de más de 118 millones en los costes de ejecución identificada ahora, o a proponer una nueva relación de proyectos que no supere los 240 millones. Es decir, el importe establecido en el convenio. Por el momento, la Generalitat no estaría dispuesta a asumir ninguna de esas alternativas. Y, en todo caso, emplaza al ministerio a prorrogar la duración del acuerdo de financiación para garantizar la continuidad de los proyectos en curso o de licitación inminente.