ALICANTE. El Gobierno y el Consell liman asperezas en torno al convenio concertado durante la pasada legislatura como complemento a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que comprende la financiación de infraestructuras por un montante de más de 117,25 millones en la provincia de Alicante. Cuando menos, ese fue el importe estimado entonces como presupuesto de ejecución bajo el mandato del Botànic. No obstante, el actual Consell, del Partido Popular (PP), habría revisado ahora su coste para incrementarlo hasta los 193,54 millones. De ahí que la diferencia hubiese sido uno de los motivos centrales de controversia en las conversaciones previas mantenidas en los últimos meses sobre el grado de ejecución de ese convenio.

Lo cierto es que los representantes del Ministerio de Transportes y de la Conselleria de Infraestructuras no llegaron a un acuerdo definitivo para ampliar esa suma global en la reunión de la comisión de seguimiento celebrada este martes. Con todo, al menos sí se habría alcanzado un principio de entendimiento por lo que respecta a los plazos de ejecución de ese paquete de obras, que permitiría que ambas administraciones ganasen oxígeno para financiarlas y para realizarlas.

Por partes. El convenio extendía su duración en el periodo 2022-2025, de forma que su finalización debía vencer en diciembre de este año. De ahí que los representantes del ejecutivo autonómico aspirasen a una prórroga de su duración. Y ese fue, básicamente, el consenso que acabó alcanzándose al término del encuentro, en el que se convino ampliar en al menos dos años el plazo para su realización, aunque todo debería quedar supeditado al registro de una solicitud formal en la que se esa duración podría estirarse hasta otros cuatro años más como máximo legal.

Sin embargo, no hubo pacto cerrado respecto al incremento de la financiación prevista. Fuentes de ambas administraciones precisaron que todo quedó supeditado a un último estudio sobre la valoración del coste de esas obras, que debería recabar, después, la validación de la Secretaría de Estado del Ministerio de Transportes. Entre tanto, portavoces del departamento autonómico que coordina Vicente Martínez señalaron que la Generalitat no renuncia a la ejecución de ninguno de los proyectos contemplados en el convenio, aunque sí admitieron que podría producirse una reprogramación para priorizar los que se encuentren más avanzados, ya sea en fase de obra ya iniciada o con proyectos terminados para poder abordarse.

¿Qué proyectos contemplaba ese convenio? El más destacado entre todos por volumen presupuestario es la construcción de la estación central del tranvía en Alicante, en terrenos de Adif, cuyas obras se iniciaron tras el pasado verano con los preparativos previos y se han intensificado a partir de este mes de enero. Su construcción se adjudicó finalmente por un importe de 103 millones, aunque en el convenio negociado bajo el mandato del Botànic, en el año 2022, solo contemplaba una asignación por valor de 35. Además, también se incluyen otros proyectos relacionados con carreteras de la provincia, como la ronda norte de la CV-840 en La Algueña, valorada inicialmente en 6 millones y retasada en más de 7,5; la mejora de la CV-800 en Xixona, que pasaría de 3,6 millones a 4,1; o refuerzos en la CV-710, la CV-790 y la CV-70, que también pasarían de 2,4 millones a 5,3 millones.

Disputa por el nivel de ejecución

La justificación de ese incremento también habría sido motivo de disputa. El Consell venía argumentando que la valoración de esos proyectos elaborada por el Botànic no tuvo en cuenta su coste real. De hecho, fuentes autonómicas apuntaron que varias de esas obras se incluyeron sin precisar un presupuesto y que, al redactarlo, se habría elevado su coste global hasta los 358 millones. Es decir, 118 millones más respecto a los 240 previstos por el Botànic: 200 aportados por Transportes y 40 por la Generalitat. Al tiempo, el ejecutivo autonómico esgrimía que, con el cambio de legislatura, tras las elecciones autonómicas de 2023, la nueva administración controlada por el PP solo había encontrado acreditada la ejecución de obras por valor de 26,8 millones en el conjunto de las actuaciones contempladas para toda la Comunitat.

El ministerio, por su parte, reprochaba que la Generalitat había presentado documentación para justificar actuaciones por valor de apenas 70 millones de euros hasta el momento, lo que representaría menos de un tercio del total del convenio. De ahí que se lamentase que el Consell solicitase ahora 118,4 millones extra para concluir las actuaciones previstas en todo el territorio autonómico, con el argumento de la actualización de proyectos y sobrecostes que, según sostiene Transportes, no habría sido necesaria si se hubiese alcanzado un grado de ejecución de obra superior.