ALICANTE. El Puerto se enroca sin dar su brazo a torcer en el expediente abierto a Digital Córner sobre la gestión del edificio de Panoramis. Lo hace tras obviar las alegaciones presentadas por la empresa en las que defendía su actuación, tras aportar diversa documentación justificativa de los trabajos de remodelación realizados sobre el inmueble con motivo de su conversión en centro de empresas, así como sobre la gestión de los contratos suscritos con sus inquilinos. El Puerto desestima esas objeciones y se inclina, finalmente, por confirmar su propuesta de sanción económica al considerar que la compañía habría incurrido en distintos incumplimientos o infracciones de carácter leve respecto a las condiciones acordadas en el contrato concesional.
En principio, todo parece indicar que esa propuesta de sanción podría quedar refrendada en la reunión del consejo de administración del Puerto prevista para este viernes. Salvo modificación de última hora, la sanción que se podría plantear asciende a una suma global de 220.000 euros, según fuentes consultadas por este diario. En cualquier caso, la previsible adopción de ese acuerdo no pondría fin al proceso. Digital Córner tendría a su alcance la posibilidad de recurrir esa hipotética decisión ante la propia Autoridad Portuaria. Y, en caso de que ese recurso también quede rechazado, derivar su reclamación a la vía judicial. Por el momento, se trata solo de escenarios plausibles, a la espera de una resolución definitiva.
¿Cuáles serían los incumplimientos advertidos por el Puerto? A grandes rasgos, se trata de aspectos relacionados con la ejecución de distintas obras de modificación del inmueble que, según se considera, no se habrían comunicado con carácter previo y se habrían materializado sin autorización, así como de la supuesta falta de información respecto a los contratos suscritos con las empresas instaladas en el complejo. Serían, en suma, los presuntos incumplimientos que los técnicos del Puerto habrían detectado a partir del pasado otoño, cuando se giraron inspecciones respecto al estado actualizado del edificio, en una labor que no se había llevado a cabo en los años precedentes desde que se autorizó la concesión, en febrero de 2019. De hecho, esa inspección solo se puso en marcha a colación de la controversia suscitada en torno a las obras de la nueva sede de la Cámara de Comercio en el edificio, a las que todavía no se ha dado solución que posibilite su uso, después de que la Concejalía de Urbanismo resolviese que no procedía conceder licencia hasta que no se ejecutase la demolición del exceso de obra construido sobre el espacio de los antiguos cines.
En concreto, según fuentes consultadas, la propuesta de sanción planteada para Digital Córner apunta a la falta de autorización para el desarrollo de actividades en los locales habilitados para oficinas en el edificio, y al hecho de no haber aportado los contratos suscritos con los inquilinos. Además, señala que no se habría seguido el modelo de contrato acordado en el momento de la concesión. De igual modo, añade que se habrían ejecutado obras y ampliaciones sin autorización previa hasta llegar a disponer de una superficie de cerca de 4.300 metros cuadrados superior a la permitida. Una superficie de más entre la que figuraría la asociada a las instalaciones de la Cámara.
Y, por último, que no se habría aportado información sobre el volumen de negocio obtenido por la concesionaria con la periodicidad semestral establecida. Eso sí, esa propuesta excluye otro de los presuntos incumplimientos detectados de partida por los técnicos del Puerto: el relacionado con el mantenimiento de la estructura metálica del ágora del complejo. Al respecto, según fuentes consultadas, se habría admitido las explicaciones de Digital Córner y se habría estimado que no existió requerimiento previo de subsanación que hubiese quedado desatendido por su parte.
En vías de regularización
En realidad, en su escrito de alegaciones, Digital Córner planteó que ese mismo argumento debía aplicarse para la totalidad de las presuntas anomalías apreciadas por el Puerto. Al tiempo, la empresa objetó que la propuesta sancionadora no estaba suficientemente motivada; que la obligación de recabar autorización de actividad correspondería en realidad a cada uno de los inquilinos del centro de empresas; que no implementar el modelo de contrato aludido no debía ser sancionable; que las obras ejecutadas sin autorización previa estarían siendo corregidas o se encontrarían en vías de regularización; y que sí se había aportado información sobre el volumen de negocio semestral, aunque la documentación facilitada no se ajustase a las condiciones específicas requeridas. Eso sí, recalca no puede considerarse que hubiese intencionalidad en ello.
Sin embargo, el Puerto persiste en su posición y mantiene su propuesta sancionadora al considerar que la documentación aportada por la empresa no exime de los incumplimientos detectados y que no puede extenderse de forma general el hecho de que no se haya formulado una advertencia de subsanación previa para todos ellos. Es más, concluye que el hecho de que esas faltas puedan ser subsanables, no evita que se hayan cometido. Y, además, apunta que no se habrían tratado de corregir a no ser que se hubiese incoado el expediente sancionador. De este modo, según las mismas fuentes, la propuesta que se prevé someter a deliberación del consejo plantea que cada uno de los supuestos incumplimientos atribuidos a Digital Córner sea penalizado con la cantidad de 55.000 euros. Está por ver si ese planteamiento prospera y, en ese caso, qué otras alternativas puede abordar la compañía para tratar de revocar esa sanción económica.
