ALICANTE. La disputa sobre el control del ruido en dos de las zonas de Alicante en las que ha proliferado la implantación de establecimientos hosteleros -el Centro Tradicional y el Casco Antiguo- volverá a dirimirse en el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV). Esta vez, por mediación de los recursos de apelación que los servicios jurídicos municipales prevén interponer respecto a los tres autos que conceden la suspensión cautelar de la Zona Acústica Saturada (ZAS) acordada para el Casco Antiguo el pasado 14 de octubre, en respuesta a la petición cursada por los empresarios hosteleros afectados por la aplicación de sus limitaciones. Peticiones con las que acompañaron los recursos, en los que demandaron que se declare la nulidad de la propia ZAS, al considerar que carece de justificación por estar basada en mediciones sonoras desactualizadas.

Cuando menos, el vicealcalde y edil de Asesoría Jurídica, Manuel Villar, aseguró este martes, en la comparencia pública en la que se da cuenta de los acuerdos aprobados en Junta de Gobierno, que el ayuntamiento acudiría al TSJ para tratar de revertir esos tres autos favorables a los hosteleros "con toda probabilidad" al no compartir el fondo de la apreciación judicial recogida en esos autos, en los que se considera que la vigencia de las restricciones causaría un perjuicio económico irreparable de una intensidad superior al interés general que se pretende proteger con su aplicación. Así, consideró que la actuación del ayuntamiento ha tratado de primar el derecho al descanso de los residentes, compatibilizándolo en la medida de lo posible con la actividad económica.

De ahí que estimase necesario acudir al alto tribunal autonómico en la vía de apelación, a pesar de interpretar que, en realidad, la ZAS del Casco Antiguo seguiría vigente. Básicamente, porque la suspensión acordada se refería al acuerdo de aprobación inicial de la ZAS, que habría quedado superado por el acuerdo de aprobación definitiva (después de contar con el aval de la Conselleria de Medio Ambiente) alcanzado el pasado 4 de noviembre, como ya ha informado este diario. Se trata, eso sí, de una interpretación que queda supeditada al registro de una solicitud de aclaración con la que se pretendería disipar dudas, ya que, según subrayó Villar, los tres autos resultan "muy ambiguos".

Por lo pronto, la persistencia en la aplicación de la ZAS ya ha tenido respuesta por parte de los empresarios hosteleros del Casco Antiguo. En primer término, fuentes de ese colectivo consultadas por Alicante Plaza indicaron que también se ha recurrido frente al acuerdo de aprobación definitiva de la ZAS. Y que, como sucedió de inicio frente al acuerdo de aprobación inicial, se ha solicitado la suspensión de su vigencia como medida cautelarísima, lo que conllevaría su aplicación inmediata. Con todo, lo cierto es que, en los primeros recursos, se trató esas solicitudes como medida cautelar (lo que permitió que el Ayuntamiento presentase escrito de oposición), sin que se acordase un bloqueo inmediato de la ZAS.

Mismas medidas 

En todo caso, los hosteleros también incidieron en que, en último término, los juzgados no pueden resolver en sentido diferente respecto a las impugnaciones respecto al acuerdo de aprobación definitiva de la ZAS, ya que sus medidas siguen siendo exactamente las mismas. Y, además, añadieron que, en el supuesto de que se mantuviese la aplicación de esas restricciones (las principales, el adelanto del horario de cierre y la introducción de limitaciones de superficie para situar veladores), y se levantasen actas de infracción, se incurriría en el riesgo de cometer un supuesto delito de prevaricación.

Entre tanto, el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), continúa sin dar trámite a la implantación de la ZAS comprometida también para el entorno del Centro Tradicional en paralelo a la acordada para el Casco Antiguo. Hasta ahora, se ha mantenido que su aprobación debía producirse a corto plazo y que su retraso se habría producido ante la necesidad de resolver las alegaciones presentadas frente a la propuesta que se expuso al público el pasado mes de febrero.

Lo cierto es que fue las demandas por un supuesto de vulneración de derechos fundamentales registradas, primero, por la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional, y después, por dos residentes a título particular, las que acabaron moviendo al equipo de gobierno a comprometer la implantación de dos ZAS: una para cada barrio. Fue, de hecho, una promesa anunciada a pesar de que el TSJ acabó desestimando las dos demandas lideradas por los vecinos. Con todo, solo se ha llegado a activar la del Casco Antiguo, con dudas sobre su aplicación, y no se vislumbra que pueda acordarse la prevista para el Centro Tradicional al menos hasta después de las fiestas navideñas.