Alicante

Alicante solo autorizará la sede de la Cámara con ajustes: superficie legal y/o restauración

La Concejalía de Urbanismo supedita la viabilidad de la licencia a que las oficinas encajen en el máximo de edificabilidad previsto en el proyecto global del edificio de Panoramis avalado por la Autoridad Portuaria, y en el propio Plan Especial del Puerto. Esos parámetros se encuentran ahora en fase de evaluación.

  • La ubicación de la sede de la Cámara de Comercio en el edificio de Panoramis.
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ALICANTE. La solución al entuerto de las obras de la nueva sede de la Cámara de Comercio en el edificio de Panoramis queda ya solo en manos de dos posibles escenarios. Al menos, en lo que concierne al criterio que pueda adoptar el Ayuntamiento de Alicante con las reglas del juego vigentes. Es decir, la ordenanza de concesión de licencias y el Plan Especial del Puerto de Alicante (PEPA), con sus determinaciones actuales. Esas dos únicas posibles salidas se ponen de manifiesto en el informe evacuado por los Servicios Jurídicos de la Concejalía de Urbanismo conocido este martes, en respuesta a la solicitud registrada por la Cámara para que pudiese desbloquearse el funcionamiento de sus nuevas instalaciones, bajo el trámite de la declaración responsable.

En concreto, ese dictamen emitido por Urbanismo -que reitera la necesidad de licencia de obra y descarta la opción de que las obras efectuadas puedan tener cobertura mediante ese trámite de la declaración responsable- viene a señalar que la sede de la corporación empresarial solo podrá tener autorización en el supuesto de que tenga encaje en el cómputo global de la superficie edificable prevista para el conjunto del edificio del antiguo centro de ocio (ahora reconvertido en centro de empresas). De hecho, justo ahora se pretende abordar el análisis de los parámetros reales del edificio, a partir de las conversaciones mantenidas con su concesionario, Digital Corner, y de la aportación del proyecto de remodelación del edificio que hubiese autorizado la Autoridad Portuaria al acordar su concesión. Es decir, la documentación que la Concejalía de Urbanismo habría demandado ahora para evaluar esa situación. 

Esa evaluación es la que determinará si los trabajos ejecutados en la nueva sede de la Cámara se ajustan a la superficie de edificabilidad máxima establecida en el PEPA. Y si, incluso en ese supuesto, resulta necesario -o no- que se ejecuten "ajustes" para atajar el exceso de metros cuadrados útiles (1.595 más de los permitidos en el PEPA) que se habría detectado hasta el momento en las dependencias de la corporación empresarial, como consecuencia de la construcción de una entreplanta en el espacio que ocupaban los antiguos cines. En consecuencia, será esa comprobación la que permitirá concluir de forma definitiva si debe procederse a la demolición de esa entreplanta, como los técnicos de Urbanismo han planteado hasta ahora

El informe jurídico daría por descartada la posibilidad alternativa planteada por la entidad empresarial de no utilizar la entreplanta objeto de la discordia, sin llegar a demolerla

Así se señala en la parte final de ese informe, al que tuvo acceso este diario, en el que se apunta de forma literal que "el Ayuntamiento no puede otorgar licencia de obra en suelo de dominio público portuario al margen de la concesión otorgada por la Autoridad Portuaria, y del proyecto autorizado por la misma al concesionario, Digital Corner, del que la Cámara de Comercio es arrendataria, lo que no se ha producido hasta la fecha", explica. En este sentido, el dictamen añade que "una vez que tal actuación se realice, y tal proyecto sea presentado ante el Ayuntamiento, lo que se encuentra en trámite en la actualidad a requerimiento municipal, y se verifique el cumplimento de los parámetros urbanísticos del Plan Especial del Puerto en el ámbito de la concesión, se podrá viabilizar la autorización a la Cámara de Comercio". 

Eso sí, acto seguido el dictamen también recalca que para que ese permiso en forma de concesión de licencia sea viable debería "realizarse las actuaciones necesarias para ajustar el proyecto a la legalidad, con la consiguiente restauración de todo lo construido ilegalmente, a fin de dar cumplimiento a las previsiones del Plan Especial del Puerto". Esa puntualización vendría a confirmar el rechazo a la propuesta alternativa que ha llegado a plantear la Cámara: la de condenar la entreplanta supuestamente indebida, sin utilizarla, pero tampoco sin llegar a derribarla. Es decir, que si se excede la superficie máxima permitida por la Autoridad Portuaria a Digital Corner, y si se supera el límite de edificabilidad del PEPA, esa entreplanta tendrá que quedar eliminada de forma irremediable.

Traslado del Palas

Entre tanto, también van cubriéndose etapas en otro movimiento paralelo: el del traslado de los servicios municipales ahora instalados en el edificio del antiguo hotel Palas, propiedad de la Cámara de Comercio, hasta el edificio del Centro 14, en la calle Labradores. El equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), aprobó este martes, en la reunión semanal de la Junta Local, la adjudicación del contrato para efectuar esa mudanza a la única empresa que concurrió en el concurso para asumir ese servicio. Se trata de Castilla León International Movers que habría ofertado un precio de 72.518,22 euros para realizar el trabajo.

La contratación de sus servicios permitirá acometer la reubicación de los funcionarios de las áreas de Comercio, Turismo, Recursos Humanos, del Registro General y del Servicio de Atención e Información al Ciudadano (SAIC) a partir de mediados de este mes, según las estimaciones dadas a conocer hasta el momento. Por lo pronto, el vicealcalde y edil de Recursos Humanos, Manuel Villar, confirmó este martes que la mudanza debe quedar completada a fecha de 31 de diciembre (el plazo conferido por la Cámara para recuperar el edificio, ante la venta del inmueble de la Plaza de Ruperto Chapí en el que se encuentran sus oficinas en la actualidad).

Con todo, Villar no llegó a ofrecer más detalles sobre cómo se preveía organizar el operativo al sostener que se estaba ultimando la planificación y que, en primer lugar, se debía informar a los representantes sindicales y a los trabajadores afectados. Solo apuntó que, previsiblemente, los funcionarios de Recursos Humanos serían los últimos en incorporarse a las nuevas dependencias por las tareas específicas que debían asumir hasta final de año. Entre ellas, la tramitación de nóminas.

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