ALICANTE. La Cámara de Comercio mueve ficha con la intención de poder hacer uso de las dependencias del centro de empresas Panoramis Life & Business destinadas a albergar su nueva sede institucional. La entidad cameral registró este martes, 25 de noviembre, un nuevo escrito ante el Ayuntamiento de Alicante en el que insta a que se dé impulso al expediente administrativo sobre la concesión de su licencia de actividad, emitiendo las instrucciones que procedan para adecuar el proyecto de forma que resulte autorizable.

Esa solicitud se produce justo en el momento en el que el Ayuntamiento de Alicante estaría manteniendo contactos con Digital Corner (la empresa concesionaria del edificio de Panoramis, propiedad del Puerto) para tratar de encontrar una solución global al cómputo de la edificabilidad del conjunto del inmueble, aplicando la normativa municipal y las determinaciones del Plan Especial del Puerto (PEPA), que no se ha adaptado todavía a la nueva realidad del edificio del antiguo centro de ocio, en aspectos tan básicos como la eliminación de los cines, por ejemplo.

Sea como fuere, a través de ese escrito registrado este martes, la corporación empresarial -que ha llegado a plantear la clausura de la entreplanta objeto del expediente de infracción urbanística- reclama, en suma, el desbloqueo del funcionamiento de sus oficinas, cuyos trabajos de adecuación -ya prácticamente finalizados- quedaron suspendidos por voluntad propia el pasado abril, cinco meses después de que la Concejalía de Urbanismo notificase que las obras ejecutadas no podían desarrollarse mediante el trámite de la declaración responsable, y que, en consecuencia, resultaba necesario obtener licencia de obra mayor, lo que conllevaba la apertura del expediente preceptivo. 

En mayo, un mes después de la suspensión de las obras, el Servicio de Disciplina Urbanística y Ambiental de la Concejalía de Urbanismo trasladó un informe emitido por la Jefatura del Departamento Técnico de Control de Obras en el que se concluía que la construcción de una entreplanta en la remodelación del espacio que ocupaban los antiguos cines había supuesto que se superase la edificabilidad máxima permitida para el edificio, lo que constituía una infracción urbanística. En concreto, en ese informe se apuntaba que "las obras solicitadas exceden del número máximo de plantas permitido en la zona I Sector c del PEPA de tal modo que se deberán adoptar las medidas de restauración de la legalidad infringida y aportar un nuevo proyecto refundido que regularice tal situación y elimine la nueva planta prevista tal y como queda esta definida en la normativa del vigente PGMOU anteriormente aludida".

La cuestión es que la Cámara niega ese razonamiento y sostiene que, en realidad, la remodelación ejecutada no requiere de la concesión de licencia de obra mayor, por lo que defiende que seguiría siendo válida su ejecución mediante el registro de la declaración responsable. Un mecanismo administrativo que, según sostiene, sigue en vigor, sin que se haya dictado ninguna resolución de nulidad por parte de un órgano competente para declararla y que sería suficiente para regularizar el uso de las instalaciones de Panoramis, ahora bloqueado, sin que se haya podido certificar la finalización de las obras, ni cerrar el proceso de justificación de la subvención nominativa de 1,5 millones comprometida por la Generalitat para cofinanciar las obras.

La validez de ese trámite de la declaración responsable como requisito adecuado quedaría avalada, al menos, en el informe jurídico específico encargado por la Cámara al bufete Pérez Segura Asociados en el que se alude a un error de interpretación por parte de los técnicos municipales y a la aplicación de una ordenanza municipal desfasada (fue revisada por última vez en 2020) que, según ese dictamen, no estaría actualizada respecto a lo que determinan normas de rango superior. 

En ese informe, se apunta, igualmente, que las obras de reforma ejecutadas en el edificio de Panoramis "nunca pueden ser consideradas obras sujetas a licencia, por no encontrarse en ninguno de los supuestos que establece la legislación vigente (artículo 232 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (TRLOTUP)". Por el contrario, según se sostiene, "el único título habilitante para su autorización es el de Declaración Responsable de Obra, de acuerdo con los artículos 233 y 241 del TRLOTUP".

Al tiempo, añade que el expediente "de oficio" incoado por el Departamento municipal de Disciplina Urbanística, "carece totalmente de cobertura jurídica, y debe archivarse, so pena de incurrir su eventual resolución administrativa en nulidad de pleno derecho, al no ser el procedimiento legalmente previsto para decidir sobre las obras ejecutadas". "Entendemos que la actuación municipal incurre en graves errores de apreciación jurídica al considerar aplicable a este supuesto una legislación urbanística derogada (LOTUP de 2014) y una ordenanza municipal de licencias, datada en 2020, que no ha sido adaptada a la legislación vigente (Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de 2021), y es evidente que una ordenanza municipal no puede contradecir lo dispuesto en una norma con rango legal", subraya.

Esa es, de algún modo, la argumentación que expuso el propio presidente de la Cámara, Carlos Baño, en una entrevista concedida a 12TV este lunes, en la que criticó con dureza la posición municipal, sin que sus palabras hayan tenido réplica directa por parte de ningún representante del equipo de gobierno de Alicante, o del mismo alcalde, Luis Barcala, que se han decantado por la prudencia y únicamente han apelado a las valoraciones de los técnicos municipales recogidas en los informes sobre las obras ejecutadas, en los que se alude a una infracción urbanística.

Está por ver qué posición puede adoptar ahora el Ayuntamiento a la vista de la solicitud de la Cámara que, en todo caso, defiende la corrección del proceso seguido para contar con esa nueva sede institucional, a partir de los siguientes hitos que, según la institución, avalarían la legalidad del proceso. 

• 01/03/2024 – Declaración Responsable inicial. La Cámara de Comercio de Alicante presenta ante el Ayuntamiento la Declaración Responsable para las obras de adecuación de su nueva sede en Panoramis. Se subraya que no se trata de una construcción nueva, sino de la rehabilitación de un espacio ya existente dentro del complejo. Este paso se realiza siguiendo el mismo procedimiento que otras actividades previamente instaladas en el edificio, según la entidad cameral.

• 16/07/2024 – Inicio de expediente municipal. El Ayuntamiento de Alicante notifica la incoación de un expediente al considerar que la Declaración Responsable no corresponde al tipo de obra. Se abre así un procedimiento que cuestiona la validez del título habilitante inicial.

• 22/08/2024 – Informe de Disciplina Urbanística. El Servicio de Disciplina Urbanística concede 15 días para subsanar documentación. En el informe se recuerda que las licencias de obra mayor están reguladas por la Ley 5/2014 (LOTUP) y la Ordenanza municipal de 2020, lo que introduce un debate sobre la normativa aplicable.

• 11/09/2024 – Solicitud de prórroga. La Cámara pide una ampliación de plazo para subsanar. El Ayuntamiento de Alicante concede 15 días adicionales el 17/09/2024.

• 18/09/2024 – Subsanación y solicitud de licencia. Dentro del plazo, se presenta la subsanación documental y se solicita formalmente una Licencia de Obra Mayor, adaptando el procedimiento a lo requerido por el Ayuntamiento.

• 07/10/2024 – Certificado de compatibilidad urbanística. El consistorio emite informe favorable sobre la compatibilidad de uso con el planeamiento municipal, un paso clave para validar la adecuación del proyecto.

• 12/12/2024 – Informe de la Autoridad Portuaria. La Cámara aporta al expediente un informe de la Autoridad Portuaria de Alicante que avala la compatibilidad urbanística de las obras, reforzando la legalidad del proyecto.

• 08/04/2025 – Paralización voluntaria de las obras. Tras la polémica mediática, la Cámara decide suspender las obras iniciadas en marzo de 2024 para recabar informes técnicos y jurídicos. El objetivo es evitar suspicacias y proteger la reputación institucional.

• 14/04/2025 – Instancia de validación La Cámara presenta escrito al ayuntamiento confirmando la validez de la Declaración Responsable inicial, acompañado de informe jurídico que defiende la legalidad de las obras ejecutadas.

• 14/05/2025 – Informe municipal de incompatibilidad El Servicio de Disciplina Urbanística comunica que las obras exceden el número máximo de plantas permitido en la zona, ordenando medidas de restauración y la presentación de un proyecto refundido que elimine la planta añadida.

• 21/05/2025 – Respuesta de la Cámara. La institución manifiesta su discrepancia con la interpretación normativa y anuncia su intención de ajustar el proyecto técnico para adaptarse al criterio municipal.

• 18/06/2025 – Nuevo proyecto técnico La entidad presidida por Carlos Baño presenta una versión revisada del proyecto de obra mayor, eliminando la planta controvertida y acompañando informes justificativos sobre elementos estructurales necesarios.

• 01/08/2025 – Sustitución del proyecto técnico. La Cámara entrega un nuevo proyecto técnico que sustituye al anterior, consolidando la voluntad de la Cámara de adaptarse a las exigencias municipales.

• 12/08/2025 – Reunión en el Ayuntamiento. Con presencia del alcalde, vicealcalde y técnicos municipales, se traslada un oficio de la Autoridad Portuaria (25/07/2025) que, por su parte, insiste en que no se admitan solicitudes que afecten al dominio público portuario sin acreditación expresa de dicha autoridad.

• 25/11/2025 – Solicitud de impulso administrativo. El último paso dado: la Cámara presenta escrito al Ayuntamiento pidiendo que se emitan las instrucciones necesarias para autorizar el proyecto, insistiendo en su carácter adecuable y autorizable.

En paralelo, como también ha informado este diario, la Cámara ha acordado la recuperación del uso del edificio del antiguo hotel Palas para reubicar su sede institucional, sin renovar el acuerdo de arrendamiento concertado con el Ayuntamiento de Alicante en 2013 (con una renta anual que supera los 616.000 euros en favor de la entidad cameral) después de que el propietario de las oficinas que la corporación empresarial ocupa en la actualidad, en la Plaza de Ruperto Chapí, haya decidido poner a la venta el edificio. Esa decisión ha propiciado que el Ayuntamiento de Alicante se haya visto forzado a promover el traslado de los servicios instalados en el Palas hasta el momento (las concejalías de Recursos Humanos, Turismo y Comercio, además del Registro General y del SAIC) hasta el edificio ampliado del Centro 14, en la calle Labradores. De hecho, ya ha activado la contratación de esa mudanza, en una licitación a la que solo ha concurrido una empresa (Castilla-León International Movers SL), con la previsión de que el traslado de cerca de un centenar de funcionarios pueda efectuarse durante la segunda mitad del mes de diciembre.