ALICANTE. Los empresarios del sector de la hostelería del Casco Antiguo de Alicante encuentran acogida en los juzgados a su reivindicación frente a los límites horarios de la Zona Acústicamente Saturada (ZAS) aprobada por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), el pasado 14 de octubre con la intención de acotar los problemas de ruido asociado a los locales de ocio y hostelería y favorecer el descanso vecinal.

Fuentes de ese colectivo de empresarios han precisado que hasta dos juzgados de lo contencioso-administrativo, los números 2 y 4, han estimado tres solicitudes de suspensión cautelar de la ZAS (en realidad, planteadas inicialmente como medidas cautelarísimas, que no fueron estimadas, para pasar a tramitarse como medidas cautelares) registradas por tres titulares de establecimientos de ocio situados en el afectado por esas limitaciones, de modo que su vigencia queda suspendida hasta que se emita una resolución definitiva sobre el fondo de su recurso contra la aprobación de la ZAS.

Ese acuerdo afectaría a la aprobación inicial de la ZAS, un acuerdo adoptado el citado 14 de octubre que se convirtió en definitivo el 4 de noviembre, en un acuerdo posterior de la Junta de Gobierno, después de que la Conselleria de Medio Ambiente avalase la propuesta municipal. El ayuntamiento podría alegar que esa segunda decisión sigue vigente, aunque los hosteleros recurrentes también replicaron su impugnación frente a ese segundo acuerdo, con lo que dan por hecho que la conclusión que alcance la justicia tras el análisis de esas solicitudes de suspensión cautelar será la misma: estimar esa petición. Básicamente, porque las medidas del acuerdo de aprobación definitiva de la ZAS son las mismas contempladas en la aprobación inicial, y los argumentos de sus recursos en contra de su aplicación, también.

En concreto, las resoluciones judiciales dictadas hasta ahora admiten que la aplicación de esas restricciones al funcionamiento de los pubs puede suponer un perjuicio económico de difícil o imposible reparación al afectar a los ingresos a obtener por los titulares de los establecimientos, como consecuencia del adelanto de la hora de cierre. Y apuntan que ese perjuicio sería, en cierto modo, de intensidad superior en estos momentos al interés general que se pretende proteger con su aplicación.

En este sentido, al menos uno de esos tres autos, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4, apunta que "se hace obligado concluir que la aplicación de las medidas correctoras de limitacion del horario de cierre podria reportar a los recurrentes unos daños y perjuicios de suficiente entidad como para suponer la pérdida de la finalidad legítima al recurso, conforme viene exigiendo el art. 130.1 de la vigente LJCA, dado que ello daría lugar a la perdida de puestos de trabajo, perdida de beneficios y evidentes perjuicios para los diferentes negocios afectados".

Y añade que "tampoco consta en este caso que el interés público que se pretende preservar tenga la intensidad suficiente para contrarrestar aquéllos, ya que aparentemente no se advierten perjuicios concretos que pudieran derivarse de la continuacion de la actividad como viene desarrollándose hasta la fecha, razón por la cual, a juicio de la que suscribe, procede là suspensión del acto recurrido, máxime teniendo en cuenta que gran parte de los negocios afectados han impugnado también el acuerdo municipal, hallandose el mismo sub iudice".

Con ello, la aplicación de las restricciones a los pubs delimitadas en la ZAS dejarían de tener eficacia ejecutiva hasta que exista un pronunciamiento definitivo respecto al fondo del contencioso, a pesar de que los servicios jurídicos municipales se habían opuesto a la adopción de la medida cautelar solicitada por los hosteleros, precisamente con el argumento opuesto: la prevalencia de la protección del derecho al descanso vecinal. Máxime, según se argumentaba en el escrito de oposición registrado por los servicios jurídicos municipales, cuando los hosteleros no habían llegado a justificar ni a cuantificar el importe del perjuicio económico que les iba a ocasionar la aplicación de la ZAS.

Así, además de la suspensión del adelanto de la hora de cierre de los locales (a las 00:30 horas de domingo a jueves y a la 1:00 horas, viernes, sábados y víspera de festivo durante todo el año), también decae de forma temporal la reducción de la superficie en la que cada establecimiento puede situar sus terrazas y la reducción a la mitad del número de mesas y sillas autorizadas.

Apelación ante el TSJ

Al margen de esas tres resoluciones en favor de los hosteleros recurrentes, y de las que se dicten frente al acuerdo de aprobación definitiva de la ZAS, existe todavía otra solicitud similar de aplicación de medida cautelar pendiente de resolución en el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3. En cualquier caso, los tres pronunciamientos favorables a los hosteleros no son firmes, ya que cabe la interposición de recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) por parte del Ayuntamiento en el plazo de 15 días desde su notificación.

Entre tanto, la suspensión de la ZAS ha motivado ya valoraciones políticas por parte de los grupos que ejercen funciones de oposición. Así, la portavoz del grupo municipal del PSOE, Ana Barceló, ha considerado que "este auto supone un varapalo tanto para el equipo de gobierno como para los vecinos que tienen derecho al descanso". "Barcala tiene que dar inmediatamente explicaciones sobre qué ha hecho exactamente para defender la continuidad de la ZAS dado que la jueza considera que no consta un interés público de intensidad suficiente para mantener estas medidas.  No es una victoria para nadie, es una prueba más del caos y la incompetencia del equipo de gobierno del PP", ha apuntado.

"Este auto supone un revés político para Barcala y un perjuicio a los vecinos, que vuelven a ver perjudicado su derecho al descanso. Desde el grupo socialista estamos de acuerdo en la aplicación de la ZAS, pero ponemos en duda la diligencia de la gestión de Barcala para defender la continuidad de esta medida porque no ha compartido ese expediente con la oposición. Por tanto, la responsabilidad de lo que está ocurriendo es exclusivamente suya", ha añadido.

Barceló ha exigido además la convocatoria inmediata de la comisión contra el ruido para que el equipo de gobierno explique a los grupos de la oposición como a las asociaciones vecinales lo qué está ocurriendo y qué medidas se van a adoptar ahora. La portavoz socialista ha recordado que el gobierno del PP no ha convocado la mesa del ruido en todo el año, cuando se tendría que haber reunido al menos dos veces.

Por su parte, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha apuntado que "Alicante no puede elegir entre economía o salud: ambas deben convivir. Y el Casco Antiguo lleva años en una situación límite por exceso de ruido. La ZAS no es un capricho, es una obligación legal cuando la convivencia está en riesgo". "Pedimos al Ayuntamiento que defienda con claridad la ZAS y garantice su aplicación. Proteger el descanso no es ir contra nadie: es apostar por el bien común", ha incidido. Por último, ha expresado su "total respeto a que los hosteleros recurran, pero el derecho al descanso no puede quedar en suspenso. La ZAS debe aplicarse con rigor: salud, convivencia y bien común", ha concluido.

De igual modo, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha considerado que "esto es es resultado de una política sin previsión ni participación. Todo a base de imposiciones. Este tipo de decisiones políticas se tienen que trabajar, no solo a nivel técnico, también a nivel social, con todos los agentes. Llevamos años para aplicar medidas correctoras y luego las aplican y no duran ni dos meses. Años de desidia municipal menoscabando la salud y el descanso de los vecinos, generando incertidumbre económica y ahora esto. En resumen, desastre total de un gobierno municipal colapsado", ha concluido.