ALICANTE. Los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Alicante revalidan su unión con el propósito de acometer los trabajos de consolidación del macizo del Benacantil, pero mantienen su división respecto a la actualización de la tarifa del agua. Así se ha evidenciado en el transcurso del pleno ordinario de octubre, este jueves, a cuenta de dos de los acuerdos de contenido económico debatidos en el primer tramo de la sesión: la cuarta modificación de crédito del presupuesto municipal de 2025 para destinar 500.000 euros al proyecto previsto para evitar desprendimientos en la ladera noroeste del monte, y el expediente de revisión de la tarifa del servicio de suministro, que conllevará un incremento de entre 15 y 30 céntimos al mes en el 82% de los recibos.

Por partes. La propuesta promovida por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), para habilitar medio millón con el fin de que puedan desarrollarse los trabajos de reparación de emergencia previstos en el Benacantil -que se complementarán con otro millón en las cuentas de 2026- ha suscitado el respaldo unánime del conjunto de formaciones, después de que la edil de Hacienda, Nayma Beldjilali, haya detallado la necesidad de actuar para solucionar una situación sobrevenida, sobre la que ya se ha comenzado a intervenir con la instalación de las redes protectoras. Eso sí, el resultado de la votación no ha evitado que se formulasen algunos reproches.

En esta línea, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha solicitado un plan plurianual de conservación del Benacantil con dotación estable y criterios de prevención, para no quedar forzados a actuar con acuerdos de emergencia, además de cuestionar sobre el estado de tramitación del Plan Director del Castillo de Santa Bárbara. En el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz de Compromís, Rafa Mas, que también ha reclamado la puesta en marcha del Plan Director. "El Castillo está abandonado", ha asegurado, después de haber lamentado que el PP "acelerase el servicio de dinamización turística, pero no actúe con la misma rapidez con el Plan Director".

Por Vox, el edil Óscar Castillo, ha defendido su respaldo a las actuaciones en beneficio de la ciudad. Y por el PSOE, su portavoz adjunta, Trini Amorós, ha incidido en que el Castillo de Santa Bárbara es un BIC, lo que obliga al Ayuntamiento "a protegerlo y no a actuar de emergencia". Además, también ha abundado en el retraso en la aplicación del Plan Director, dos años después de que se produjese la contratación de su redacción. Al tiempo, se ha preguntado si no existe un "diagnóstico" de situación del Castillo y "una calendarización" sobre los trabajos a ejecutar. Así, ha reprochado la "desidia" del equipo de gobierno que, a su juicio, solo interviene a hechos consumados, "como sucedió con el desprendimiento de un fragmento de cornisa de la torre del reloj del edificio consistorial". 

En el turno de réplica, Mas ha vuelto a instar al PP a habilitar una tasa para los turistas que visiten el Castillo de Santa Bárbara, con el fin de destinar los ingresos generados a su mantenimiento y conservación. "Que no les dé tanto miedo la tasa turística; puede aportar para mejorar la ciudad y su patrimonio", ha incidido. Y Amorós ha justificado su respaldo a la modificación de crédito "por una cuestión de seguridad", aunque ha acusado al equipo de gobierno de poner en riesgo la integridad de los visitantes. Por último, Beldjilali ha sostenido que más rápido que establecer una tasa sería que el Gobierno central permitiese utilizar los 151 millones de remanentes de crédito para poder utilizar esos recursos también en el mantenimiento del Castillo. Así, ha justificado el cambio presupuestario en la necesidad de responder ante una situación de emergencia, sin que quepan "batallas ideológicas".

El PP defiende que la revisión de las dos tarifas supondrá un incremento de 1,016 euros al trimestre para el 80% de los recibos

En lo que respecta al respaldo municipal a la actualización de tarifas, así como a la actualización de la tarifa de alcantarillado, la edil de Empleo, Mari Carmen de España, ha explicado que la aplicación de esa revisión entraría en vigor en 2026, tres años después de que se aprobase la última revisión, y ha sostenido que el nuevo ajuste responde a la necesidad de hacer frente a nuevas inversiones en las infraestructuras de la red de agua potable y para avanzar en la reutilización de agua regenerada. En cuanto al alcantarillado, ha señalado que la última tarifa entró en vigor en 2024, y que el incremento propuesto es inferior al del IPC. Además, ha señalado que la subida conjunta del agua y del alcantarillado supondrá un incremento de 1,016 euros al trimestre para el 80% de los recibos. 

En el turno de intervenciones, Copé ha anticipado su voto en contra al entender que "no existe necesidad de acometer esa subida en estos momentos" a la vista de los beneficios obtenidos por Aguas de Alicante en los últimos años. "No hay necesidad de incrementar este año las tarifas de agua y alcantarillado; si hubiera algún problema de equilibrio fiscal, lo entenderíamos y lo apoyaríamos, pero no es el caso", ha argumentado. Además, se ha cuestionado por qué no se incrementa la partida del bono social, toda vez que Aguas de Alicante habría obtenido 8 millones de beneficio. "Tenemos margen", ha sostenido. "Defendemos un modelo de gestión público en beneficio del bien común, no de los intereses privados", ha añadido. Por Compromís, la edil Sara Llobell, ha recriminado al PP y a Vox que defiendan la rebaja de impuestos y que, después, voten a favor de la subida de la tasa de la basura y de la tarifa del agua, a pesar de que ha reconocido que se ha producido una rebaja del IBI. Además, ha puesto el ejemplo de la empresa Aigües d'Elx que, según ha sostenido, asume la subida del IPC sin repecutirla a los ciudadanos.

Por Vox, su portavoz adjunto, Mario Ortolá, ha recriminado a Compromís que la propuesta de actualización de la tarifa del alcantarillado contó con el voto favorable previo de esa formación, el pasado diciembre. Y, al tiempo, ha apuntado a la subida de impuestos promovida por el Gobierno "con el apoyo de Compromís". De igual modo, ha sostenido que Aguas de Alicante es una empresa mixta, con participación mayoritaria del Ayuntamiento, por lo que ha defendido que si a la empresa le va bien, a su socio público también. Y, por último, ha sostenido que la subida es "ínfima" y "responsable", y que, además, sí tiene en cuenta el incremento del fondo social. Por el PSOE, su portavoz, Ana Barceló, ha aludido a la rebaja del IBI aprobada por PP y Vox, que suponía una reducción de 1,1 millones en la recaudación municipal, para señalar que la subida de tarifas del agua propuesta va a suponer que los alicantinos paguen 1,5 millones más. Además, ha señalado que hace dos años ya se aprobó un incremento del 6% y "en ese tiempo, Aguas de Alicante ha seguido obteniendo beneficios", por lo que ha considerado que no existe ninguna justificación para esta subida.

"Si el racionamiento es la necesidad de ejecutar inversiones, ese argumento también sería válido respecto a los 1,1 millones que se dejarán de ingresar con el IBI", ha sostenido. "Eso se llama trilerismo político y decir mentiras a la ciudadanía", ha enfatizado. "No se puede presumir de bajar impuestos mientras se encarecen otros servicios", ha añadido. De igual modo, ha considerado que el agua es un bien esencial por lo que no puede emplearse como excusa para ejecutar inversiones. Por ello, ha confirmado que el PSOE votaría en contra de las dos actualizaciones tarifarias.

En la réplica, Copé ha considerado que la subida de 100.000 euros en el fondo social prevista es "insuficiente para las familias alicantinas". "No se dejará de hacer ninguna inversión si la tarifa del agua y del alcantarillado siguen como están", ha señalado. Ortolá ha replicado a Barceló con la propuesta de subida de cuotas a los autónomos promovida por el Gobierno. Y la edil de Empleo, De España ha sostenido que Alicante tiene una de las fiscalidades más bajas del país y también ha cargado contra el Gobierno al aludir a la exclusión de la solicitud de fondos Edil planteada por el ayuntamiento. Por último, ha asegurado que ha sido el ejecutivo central quien "obligó" a subir la tasa de la basura. En el turno de votación, las dos actualizaciones tarifarias han prosperado con los votos de PP y Vox (17) frente a los 11 votos en contra de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem.

En la sesión también se ha aprobado un expediente de modificación de crédito del presupuesto del Patronato de Turismo para destinar 1,7 millones en facturas pendientes de pago por la prestación del servicio de salvamento y socorrismo durante el periodo en el que estuvo prestándose en precario, sin el respaldo de un contrato en vigor, tras la renuncia de su adjudicataria. Al respecto, los grupos del eje progresista, y también Vox, han recriminado igualmente lo que han considerado una mala previsión presupuestaria. Igualmente, se ha aprobado por unanimidad el estudio de detalle número 143 sobre la parcela educativa situada en la calle Abad Fernández Helguera que permitirá ajustar la alineación del solar, de forma que se dé cabida a la futura ampliación del centro de empleo y formación El Tossalet.

Vía libre a la contratación del nuevo CEIP La Cañada 

Al tiempo, en el transcurso del pleno también se ha dado luz verde -como asunto de urgencia- a la modificación de la aceptación de las competencias para la construcción del nuevo Colegio de Educación Infantil y Primaria de La Cañada, para que el proyecto pueda ejecutarse con cargo al Plan Edificant, después de que la Conselleria de Educación haya asumido revisión de costes del proyecto, que ahora se eleva hasta los 6.083.220 euros, como adelantó este diario. En este caso, la propuesta ha quedado aprobada por unanimidad, a pesar del cruce de reproches políticos registrados entre los representantes de los cinco grupos políticos con presencia en la corporación.

En primer término, la también edil de Educación, Mari Carmen de España, ha explicado que el acuerdo permite poner en marcha la contratación de las obras, después de la nueva etapa de "entendimiento" establecida entre el Ayuntamiento y la conselleria, después de casi dos mandatos de trámites. De España ha defendido que "hemos cumplido" con la ejecución del nuevo centro y del resto de infraestructuras de la ciudad, como el proyecto de El Somni. 

En el turno de intervenciones, Copé ha respaldado el acuerdo, pero ha reprochado al PP que tratase de "ponerse medallas" ante un proyecto que "lleva tantos años de retraso". Además, ha acusado al equipo de gobierno de no atender las necesidades de la educación pública como, a su juicio, estaría sucediendo con la falta de provisión de conserjes. Por Compromís, su portavoz, Rafa Mas, también ha recriminado el retraso en la construcción del colegio, para el que se aprobó la asunción de competencias por primera vez hace siete años, y ha advertido el sobrecoste que supone esa demora. De igual modo, ha alertado de la necesidad de su construcción, toda vez que las aulas prefabricadas en las que se ubica el centro en la actualidad están situadas en suelo de rambla con riesgo de sufrir avenidas en caso de precipitaciones intensas.

La modificación de la asunción de competencias para licitar las obras del CEIP La Cañada prospera por unanimidad, pese a los reproches sobre su retraso planteados por la izquierda y las críticas al Plan Edificant de PP y Vox

Por Vox, Ortolá ha atribuido el retraso en la construcción del colegio a la supuesta inoperatividad que ha atribuido al Plan Edificant, de delegación de competencias de la Generalitat a los ayuntamientos. "La utilidad se ha demostrado con este colegio y con otros tantos que han quedado parados", ha señalado. "Es una ruina y una estafa para los administrados", ha recalcado. Por el PSOE, el edil Emilio Ruiz también ha recriminado al PP que tratase de atribuirse el mérito de construcción del CEIP La Cañada cuando, según ha considerado, ha sido el único responsable de su bloqueo durante siete años. Además, ha señalado las deficiencias que, a su juicio, siguen existiendo en otros 22 centros públicos de la ciudad. 

En la réplica, Mas ha recordado la gestión de la empresa pública Ciegsa durante los pasados mandatos del PP en la Generalitat. Ortolá ha insistido en reprochar la ineficacia del Plan Edificant. Ruiz lo ha defendido, puesto que en otros municipios sí se han construido colegios con ese modelo. Y De España ha señalado que fue la pandemia de la covid la que propició el retraso en la licitación de los centros cofinanciados a través de ese sistema de tramitación delegada para la construcción de los centros.

Sin comisión sobre fondos europeos

La propuesta promovida por Compromís con la intención de que se constituyese una comisión no permanente para el estudio y captación de ayudas europeas que pueda gestionar el Ayuntamiento no ha prosperado. El portavoz de la coalición valencianista, Rafa Mas, ha considerado que ese foro de representación política resultaba necesario para "conocer qué está pasando con los fondos europeos, porque no se entiende que el PP presumiese de haber recibido hasta 81 millones, y ahora se diga que el Gobierno de Pedro Sánchez es el peor cuando no se han concedido fondos Edil para los proyectos presentados por el Ayuntamiento". Así, ha considerado que la comisión debe analizar cuáles son las propuestas presentadas por el Ayuntamiento y para ayudar en su gestión, después de lamentar el uso de las subvenciones concedidas hasta ahora en cuestiones como la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). A juicio de Mas, el PP cedió a las pretensiones de Vox y se dedicó a promover actuaciones de reurbanización en el paseo de los Mártires de la Libertad y en el eje Marvá-Gadea que "provocaron cierres de comercios" pero que no contribuyen a lograr los objetivos de reducción de la contaminación.

Además, respecto a la convocatoria de los fondos Edil, Mas ha reprochado que se presentase un proyecto como el del pabellón de Tómbola que suscitó rechazo entre los usuarios de las instalaciones deportivas actuales y que se planteó modificar, sin que se haya llegado a iniciar su construcción, lo que ha propiciado el desestimiento de su empresa adjudicataria, a la que se ha tenido que indemnizar con 123.000 euros. Por ello, ha considerado necesaria la constitución de la comisión, para conocer los proyectos que se presentan y la gestión de los fondos obtenidos. 

En parecidos términos se ha pronunciado el portavoz de EU Podem, quien ha señalado, además, que el proyecto del pabellón de Tómbola ya estaba contemplada en los presupuestos antes de que se tramitase su inclusión en la solicitud de fondos Edil. Por Vox, Castillo ha considerado que la creación de "una comisión política" como la propuesta "no va a traer ni un euro más a la ciudad", por lo que ha justificado su voto en contra. En todo caso, sí ha señalado que Alicante necesita un plan estratégico de fondos europeos para evitar que se pierdan oportunidades. Por el PSOE, la edil Silvia Castell ha considerado que el PP ha dejado perder "20 millones en fondos europeos" al sostener que presentó proyectos a última hora y recriminar su bajo nivel de ejecución presupuestaria. Además, ha sostenido que en otros municipios de la provincia sí se han concedido fondos Edil "por criterios técnicos", mientras que aquí "el problema es Pedro Sánchez". Así, ha defendido que no existe "discriminación", sino falta de planificación y mala gestión política y económica para ejecutar las inversiones. En su crítica, ha sostenido que proyectos como el de pabellón de Tómbola estaba presupuestado y adjudicado "y no se ha iniciado porque no se ha querido". Y lo mismo ha reproducido respecto a otros proyectos como la remodelación del parque de Lo Morant, por ejemplo. "Ahora Alicante tiene que pagar sus improvisaciones, basta de excusas y de culpar a Sánchez", ha sostenido.

Por el equipo de gobierno, el edil de Fondos Europeos, Toño Peral, ha considerado que la convocatoria de los fondos Edil "ha sido un desastre administrativo" que va a suponer que "el Gobierno de España vaya a proceder a devolver la mayor cantidad de fondos asignados hasta ahora". Además, ha coincidido con Vox para sostener que la comisión propuesta por Compromís no resulta necesaria puesto que ya existe la comisión de Presidencia en la que se da cuenta de la gestión relacionada con la tramitación de los fondos europeos. De hecho, ha asegurado que, en el margen de dos semanas, se procederá a celebrar una de sus sesiones para dar cuenta de las alegaciones presentadas por el ayuntamiento frente a la denegación de los fondos Edil.

En la réplica, Mas ha asegurado que PP y Vox aprobaron la constitución de una comisión con objetivos similares en 2021 y se ha preguntado cómo pueden conocer los grupos de la oposición los proyectos que se han presentado. Al tiempo, ha recriminado al PP y Vox que atribuyan al Gobierno todas las carencias de la ciudad. Castell ha considerado que conseguir los fondos europeos es "una responsabilidad directa del equipo de gobierno" aunque ha lamentado que "no haga su trabajo". "Las subvenciones se consiguen con acción, planificación y ejecución y han demostrado que no saben cómo hacerlo", ha añadido. "Si la comisión puede ayudar, adelante con ella, aunque no debería ser necesaria", ha insistido. Así, ha recalcado que seis municipios alicantinos gobernados por el PP sí han obtenido fondos Edil y ha señalado que los 151 millones en remanentes no son ahorros, sino proyectos no ejecutados. Por último, Peral ha vuelto a acusar al Gobierno de no liberar el uso de los remanentes para ejecutar "los proyectos que necesita la ciudad". Además, ha sostenido que los proyectos de los fondos Edil "los elaborámos con los técnicos" ajustados a las bases de la convocatoria, aunque ha recalcado que en esos requisitos se perjudicaba a Alicante al tener que competir con otras grandes ciudades de la provincia, y no en el cómputo estatal. Así, en el turno de votación, la propuesta ha quedado desestimada con los 17 votos de la suma de PP y Vox, a pesar del voto favorable de los once concejales de PSOE, Compromís y EU Podem.