ALICANTE. El pleno del Ayuntamiento de Alicante insta al Ministerio de Hacienda de manera formal a revisar la resolución sobre la concesión de los fondos Edil que excluye la solicitud de financiación para ejecutar una decena de proyectos en la ciudad, en su mayor parte, concentrados en los barrios de la Zona Norte, que suponían el desarrollo de inversiones por un importe global de 20 millones. Lo hace a instancias de la declaración institucional promovida por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), defendida por el edil de Fondos Europeos, Toño Peral, quien ha considerado que la puntuación obtenida por Alicante por el ministerio es "muy alta y muy buena", de más de 70 puntos, aunque ha señalado que las condiciones de la convocatoria perjudicaban las posibilidades de Alicante al tener que competir en el reparto de fondos asignado al territorio con las propuestas de otros grandes municipios de la provincia. Además, ha añadido que el ministerio había introducido modificaciones en la baremación de las solicitudes que perjudicaba aún más los intereses de la ciudad.

De ahí que haya incidido en que se ha vuelto a ampliar la petición de aclaraciones en las alegaciones ya presentadas, para señalar que la declaración institucional elevada a debate defiende que "los proyectos presentados cumplen con sólidos principios las normas sobre contratación pública y las directrices de contratación institucional, evitando reducciones en la financiación de las subvenciones; las directrices específicas sobre los tipos de costes de personal que se pueden activar y que son subvencionables, el principio de economía de costes, obteniendo una buena relación calidad-precio garantizando que los costes sean razonables y estén justificados, evitando así ineficiencias financieras". De igual modo, fuentes municipales han añadido, a través de un comunicado posterior, que el texto de esa iniciativa política incide en que la solicitud de fondos presentada por el Ayuntamiento también tenía en cuenta un "control estricto sobre los costes en la presupuestación o en la elaboración de informes, para mantener la transparencia financiera, se establecen los indicadores y actividades predeterminados que se deben cumplirse y se explota sinergias entre los distintos programas presentados".

En el turno de intervenciones, el portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha considerado que la exclusión no es "un problema de cuestiones políticas, sino de gestión". "No se puede ir a pedir dinero cuando aquí se improvisa y no se cuenta con nadie", ha enfatizado. Con todo, ha anticipado su abstención al considerar que los proyectos, bien planteados, eran positivos. En segundo término, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha ironizado con la discriminación política que el PP atribuye al Gobierno, cuando, a su juicio, la exclusión de la solicitud presentada por el ayuntamiento obedece a un problema de gestión. En esta línea, ha apuntado que su grupo ya había cuestionado al Gobierno para conocer cuáles eran los motivos reales de la desestimación, al no tener constancia de la propuesta presentada. En cualquier caso, ha anticipado su intención de secundar la iniciativa "por coherencia" en la reivindicación de fondos para Alicante.

Por Vox, el edil de Óscar Castillo, también ha anticipado su respaldo a la propuesta para atajar la discriminación que ha atribuido al Gobierno de Pedro Sánchez. No obstante, la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, ha lamentado que se responsabilice al Gobierno de la gestión municipal y que se trate de buscar un posicionamiento de su grupo político frente a una decisión del Ejecutivo central cuando "no conocemos los proyectos que se han presentado ni se nos ha informado sobre los motivos que se considera que habrían propiciado" la exclusión de la solicitud municipal. Además, ha considerado que, una vez presentadas las alegaciones frente a la denegación de esos fondos, lo oportuno sería esperar a conocer si pueden tener aceptación. Y, por último, ha reprochado que no se hubiese contado con el resto de grupos políticos municipales a la hora de presentar los proyectos que optaban a esa financiación.

A la postre, en el momento de la votación, la propuesta política del PP -que carece de toda eficacia ejecutiva real- ha quedado aprobada con los votos del equipo de gobierno (13 concejales, ante la ausencia de la edil de Urbanismo, Rocío Gómez, en situación de baja), de Vox (cuatro ediles) y de Compromís (dos). El PSOE (ocho representantes) ha votado en contra y el único edil de EU Podem se ha abstenido.

¿Para qué proyectos en concreto se solicitaba fondos europeos? En la lista de iniciativas presentadas se encuentran la adecuación del Colegio López Soria como Centro de Proximidad, la reforma de la nave del antiguo secadero de Las Cigarreras como espacio para el programa Aterriza, la ampliación del Centro de Empleo y Formación para el Empleo ‘El Tossalet’, el nuevo Pabellón de Tómbola, la mejora del Centro Municipal Integrado de la plaza de Argel, la renovación integral del Parque Lo Morant, de la plaza de Orán y la del Dolçainer Lluis Avellà, así como mejora de las plazas de la Constitución y de El Palamó, además del impulso de proyectos del programa Smart City. Estos proyectos estaban valorados en 20 millones de euros, de los que se esperaba obtener 12, al estar distribuida la financiación al 60% de fondos europeos y 40% municipales.

Aborto y autónomos

Antes de la discusión sobre esa iniciativa política, el pleno se había adentrado en temas que estarían monopolizando el debate nacional, como la protección del aborto, a partir de dos declaraciones institucionales distintas. Una promovida por Compromís y EU Podem, y otra, por el PSOE. A grandes rasgos, las dos planteaban la defensa del derecho de las mujeres a decidir, e instar al Gobierno de España a que impulse la reforma del artículo 43 de la Constitución Española para que reconozca expresamente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo con carácter libre, informado, pleno, público y universal, frente a los "ataques" y el retroceso de derechos que los representantes de las tres formaciones -Manolo Copé, Sara Llobell y Victoria Melgosa- han atribuido a los dirigentes de PP y Vox.

En el turno de intervenciones, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha sostenido que las dos iniciativas trataban de tapar "los escándalos que acechan a Pedro Sánchez y a su gobierno" y ha defendido la necesidad de proteger la vida. Y la portavoz del PP, Mari Carmen de España, ha considerado que la propuesta de inclusión del derecho del aborto en la Constitución supondría la desprotección de las mujeres y que, además, promovería la discriminación entre los médicos, entre los inscritos en una lista de objetores y los que no. Así, en el momento de la votación, las dos propuestas han quedado rechazadas con la mayoría de los votos de PP (13 ediles) y Vox (cuatro representantes), frente a los once votos de PSOE (8), Compromís (2) y del único edil de EU Podem.

Sí se ha aprobado otra iniciativa política presentada por el equipo de gobierno, del PP, vinculada a otro debate nacional que -como la regulación del aborto- escapa a las competencias del Ayuntamiento: el de las cotizaciones de los trabajadores autónomos. En concreto, la declaración planteaba la defensa de unas condiciones fiscales dignas para los trabajadores autónomos. Y en su defensa, la portavoz del PP, Mari Carmen de España, no ha escatimado en críticas al Gobierno, al que ha acusado de incrementar su presión sobre los trabajadores, mientras se mantiene el gasto superfluo en cuestiones como la contratación de asesores, según ha señalado.

En las intervenciones, Copé ha reprochado lo que ha tildado de maltrato previo del PP a los autónomos y ha considerado que la declaración solo intentaba usar a los autónomos como escudo ideológico. Mas ha anticipado su voto a favor, en sintonía, según ha asegurado, con la posición defendida en el Congreso frente a la subida de tarifas planteada de inicio por el Gobierno. Con todo, ha defendido la progresividad fiscal, a diferencia de las políticas que ha atribuido al equipo de gobierno y al conjunto del PP. El edil de Vox, Óscar Castillo, ha reprochado el "castigo" del Gobierno a los autónomos. Y la edil del PSOE, Silvia Castell, ha instado al PP a dejar de usar a los autónomos para tapar "su mala gestión en este ayuntamiento" y ha asegurado que el Gobierno seguirá defendiendo los intereses de los autónomos. Además, ha recordado que el PP votó en contra de la subida de las pensiones y del salario mínimo interprofesional. La propuesta ha quedado aprobada con los votos de PP, Vox y Compromís.

Sin Bono Comercio (por ahora), pero sí mejoras en Villafranqueza

También se ha aprobado otra de las declaraciones institucionales promovida por el PP -que tampoco tenía niguna relación con la gestión municipal- en reconocimiento del Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado. En este caso, la propuesta ha sumado el apoyo de Vox. El PSOE se ha abstenido y Compromís y Esquerra Unida Podem han votado en contra. No ha prosperado, sin embargo, la iniciativa registrada por el PSOE para instar a la Diputación Provincial de Alicante a recuperar el programa Bono Comercio con una dotación de 13 millones. La portavoz adjunta del grupo socialista, Trini Amorós, ha considerado que ese programa era "el único" que estaba funcionando en apoyo al sector comercial, a la vista del incumplimiento que ha atribuido respecto al desarrollo de proyectos anunciados por el PP, como inversiones en la remodelación de los mercados, por ejemplo. Además, ha considerado necesario que el Bono Comercio quede incorporado y dotado con la cuantía suficiente en el presupuesto municipal para garantizar su puesta en marcha.

En el debate, Copé ha solicitado, además, otras medidas de apoyo al sector, al margen de solicitar que se consensúe el periodo del año en el que poner en marcha la campaña del Bono Comercio. Llobell ha defendido la trascendencia del comercio y el beneficio que se había conseguido con ese sistema de incentivos al consumo, que sí se ha mantenido en otros municipios. Por Vox, el edil Juan Utrera ha considerado que el Bono Comercio fue muy positivo "en tiempos de pandemia" para incentivar la compra en el comercio tradicional y para acercar a los jóvenes al pequeño comercio. No obstante, ha apuntado que no hay tiempo para ponerlo en marcha antes de fin de año. Y la edil de Comercio, Lidia López, ha recalcado que el Bono Comercio es una herramienta eficaz, pero que debe ser consensuada con los comerciantes, quienes plantean que esa campaña no coincida con el periodo de Navidad o de Rebajas. Además, también ha lamentado el bloqueo sobre el uso de los remanentes municipales que posibilitarían el uso de fondos para poder poner en marcha "campañas como esta". En la votación, la iniciativa ha sumado los once votos de PSOE, Compromís y EU Podem, frente al rechazo de PP y la abstención de Vox. 

La segunda de las declaraciones institucionales registradas por el PSOE (promovida al calor de la crisis declarada en Andalucía), por la que se instaba a la Generalitat a mejorar y reforzar la transparencia del Programa de Prevención y Detección Temprana del Cáncer de Mama en la Comunidad Valenciana, tampoco ha prosperado. La portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha defendido la necesidad de intervenir con rapidez en la detección y el pronóstico y ha emplazado a que se publique el listado de la situación actual de las mujeres que están esperando la realización de una prueba. Copé ha coincidido en la necesidad de mejorar ese servicio y ha abogado por blindar la sanidad pública. Llobell ha denunciado "una gestión irresponsable" de la Generalitat, ha señalado que 21.000 mujeres de la provincia no han sido citadas para la realización de las pruebas y ha advertido del riesgo de privatización de la sanidad. Robledillo ha acusado al PSOE de utilizar el dolor para lograr rédito político y ha lamentado que existan "17 modelos de sanidad pública". Además, ha asegurado que se ha reducido la lista de espera en los cribados desde la etapa del Consell del Botànic. Y la edil de Sanidad, Cristina Cutanda, también ha recriminado la gestión de Barceló durante su etapa como consellera de Sanidad y ha asegurado que se están reduciendo las cifras en cuanto a las mujeres pendientes de realización de pruebas. En la votación, la propuesta ha quedado rechazada por PP y Vox (17 votos).

La propuesta por la que el PSOE trataba de instar al equipo de gobierno a elaborar un Plan de Actuación Integral en el barrio de Villafranqueza para atender las necesidades del barrio en materia de infraestructuras y de prestación de servicios -sobre todo, en cuanto al transporte público-, sí ha salido adelante. La portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, ha lamentado la situación de degradación registrada en los últimos años ese punto del término municipal, que se reflejaría, además, en una encuesta elaborada por la asociación de vecinos con la participación de 480 residentes. Así, ha alertado del riesgo de desafección que pueda dar pie a un movimiento en favor de su independencia respecto a la ciudad de Alicante.

Tanto Copé como Llobell han coincidido en las urgencias que siguen sin atenderse en el barrio, entre los que han citado la falta de movilidad pública, la proliferación de escombreras o el deterioro de las aceras de sus calles. Utrera ha reprochado el olvido del barrio en cuestiones como la limpieza, la seguridad o el transporte. Por el equipo de gobierno, el edil de Presidencia, Toño Peral, ha defendido que Villafranqueza sería el barrio en el que más se estaría invirtiendo en la ciudad, con el impulso de distintas actuaciones por más de 5 millones, en proyectos como la reforma del CEIP Juan Bautista Llorca o la remodelación del centro comunitario, a los que se sumará la próxima inversión en renovación de aceras y de luminarias, según ha anticipado. El alcalde, Luis Barcala, ha añadido que "no tenemos ningún inconveniente en que, al margen de la inclusión de Villafranqueza en el plan de la Zona Norte", ya acordada, "se pueda promover un plan de actuación específico". En el momento de la votación, la propuesta ha sumado 15 votos a favor: los de PSOE, Vox, Compromís y EU Podem. El PP, por su parte, se ha abstenido.

Actuaciones en Bola de Oro y Carolinas y disputa sobre el Centro 14

Acto seguido, también ha prosperado la primera de las iniciativas promovidas por Vox, por la que se trataba de emplazar al equipo de gobierno a actuar de manera urgente en la Plaza del Sol de la Bola de Oro y en el Barrio de Carolinas Altas para atajar los problemas de inseguridad, de limpieza y de carencia de infraestructuras, según ha defendido el edil Óscar Castillo. "Vemos inseguridad, suciedad y falta de mantenimiento, además de promesas que no llegan a cumplirse", ha sostenido. "Esta declaración nace de escuchar a los vecinos", ha insistido, por lo que ha instado a que se adopten soluciones "reales y urgentes" ante problemas como el consumo de alcohol y drogas en la vía pública y que se atienda la reparación de mobiliario urbano, así como la puesta en marcha de un plan de limpieza, la adecuación de aceras y calzadas y la implantación de plazas de estacionamiento en batería, porque "los vecinos pagan sus impuestos y tienen derecho a ello".

Copé ha recriminado a Vox que utilice los problemas reales de los barrios para "agitar la bandera del miedo" y seguir cargando contra "las clases más bajas". Así, ha señalado que los barrios necesitan más atención pública y más educadores. "La seguridad no se construye desde el miedo", ha incidido. Mas ha ratificado el diagnóstico de Vox en cuanto a las carencias del barrio, por falta de recursos, pero ha responsabilizado de parte de esa situación a Vox, al argumentar que sus representantes se oponen a la mejora del salario mínimo interprofesional, a la de las pensiones, entre otros puntos. Además, ha señalado que Vox es cómplice de la reducción de inversiones en los barrios al pactar con el PP los presupuestos, por lo que les ha acusado de tratar de engañar a los vecinos.

Por el PSOE, Melgosa también ha criticado el uso partidista que, según ha argumentado, haría Vox respecto a las necesidades de los barrios. Así, ha señalado que, cuando pactan los presupuestos con el PP, no incluyen esos proyectos que los barrios necesitan. Al tiempo, ha acusado al PP de tolerar la imposición de la agenda política de los voxistas. Por el equipo de gobierno, la edil de Infraestructuras, Cristina García, ha anticipado su respaldo a la propuesta, aunque ha apuntado que ya se han adoptado medidas para mejorar el diagnóstico del barrio -tanto en limpieza como en seguridad-, en el que ha considerado que Vox había incurrido en el catastrofismo. Además, ha sostenido que ya se habían ejecutado mejoras en las infraestructuras y el mobiliario público de la plaza de la Bola de Oro. Así, la iniciativa ha quedado aprobada con 25 votos con el apoyo de PP, PSOE y Vox, y el rechazo del único edil de EU Podem. Compromís, por su parte, se ha abstenido.

La iniciativa secundada por Compromís para promover el compromiso de garantizar el uso exclusivo del Centro Municipal de Recursos para la Juventud, conocido como Centro 14, por la Concejalía de Juventud y el Consell de la Joventut no ha prosperado. La edil Sara Llobell ha considerado que "las guerras internas del PP" no pueden conllevar que ese edificio, pendiente de conclusión de sus obras de ampliación "desde hace 20 años", quede destinado ahora a albergar las oficinas municipales ubicadas en el antiguo Hotel Palas, después de que la Cámara de Comercio (propietaria del inmueble) haya acordado la recuperación de su uso. Así, ha planteado que se utilicen otras dependencias municipales, entre las que ha propuesta la posibilidad de que se acondicionen las plantas superiores del edificio histórico del Ayuntamiento, que permanecen desocupadas y pendientes de rehabilitación.

En el debate de la propuesta, Copé ha insistido también en la defensa de las dependencias del Centro 14 como sede de las actividades de la Concejalía de Juventud, aunque ha reconocido, con ironía, que cuando menos, las disputas internas del PP vayan a propiciar que el edificio vaya a ponerse en funcionamiento, después de 20 años. Por Vox, Ortolá ha sostenido que las necesidades de los jóvenes no pasan por el uso en exclusiva del edificio del Centro 14 y ha argumentado que no debería suponer ningún problema que el inmueble se comparta con otros usos públicos. Por el PSOE, Melgosa también se ha referido al retraso en la puesta en funcionamiento del edificio del Centro 14 y ha tildado de "inaceptable" que se convierta en un "cajón desastre" en el que colocar oficinas municipales, sin destinarse a la promoción de las actividades destinadas a la juventud. Por el PP, el edil de Juventud, Carlos de Juan, ha señalado que el uso del Centro 14 para Juventud está garantizado. "Cabrán las actividades, los talleres, la concejalía y el consejo de la juventud", ha señalado. Además, ha señalado que tenemos la obligación de optimizar los recursos municipales, con el consiguiente ahorro en el alquiler del edificio del antiguo Palas. Además, ha detallado los espacios de los que va a disponer en cuanto se produzca su entrada en funcionamiento. De igual modo, ha señalado que el Palas es propiedad de la Cámara, que puede decidir sobre su uso, y ha recalcado que no resulta necesario que al Centro 14 se le dé un uso exclusivo. Por último, se ha felicitado de que haya sido el PP quien haya finalizado las obras de su ampliación. A la postre, la votación se ha saldado con 17 votos en contra (los de PP y Vox) frente a 11 a favor.

El mismo resultado ha tenido la declaración institucional registrada por Compromís por la que se solicitaba la modificación de la forma de gestión del servicio de la vivienda, con la intención de que dejase de ser prestada por el Patronato Municipal de la Vivienda y pasando a ser gestionado directamente por el propio ayuntamiento. El portavoz de la coalición valencianista, Rafa Mas, ha asegurado que el patronato se ha convertido en una mera gestoría, sin que haya procurado soluciones como la ampliación del parque de vivienda pública. Por ello, ha considerado necesario un nuevo modelo, organizado directamente por la Concejalía de Vivienda con la apertura de oficinas en los barrios para atender las necesidades de la ciudadanía.

Copé ha compartido que el Patronato requiere una reformulación, aunque ha sostenido que lo que se requiere no es una concejalía, sino la creación de una empresa pública municipal similar a la que ya existe en la ciudad de Barcelona, puesto que permitiría aglutinar dirección política y capacidad instrumental, además de la profesionalización de su personal. Por ello, ha planteado una enmienda en ese sentido para que, en lugar de la disolución el Patronato, se promueva su transformación en empresa pública municipal. Por Vox, Utrera ha señalado que su partido ya había propuesto la disolución del Patronato en su programa electoral, junto al resto de patronatos, puesto que el ayuntamiento no tiene competencias sobre vivienda. De hecho, ha señalado que el cierre de ese organismo autónomo será otra de las peticiones a incorporar en la negociación de los presupuestos de 2026. Por el PSOE, Castell ha coincidido en que el Patronato no cumple con los objetivos necesarios, pero ha asegurado que el modelo de gestión no debe ser el motivo de discusión, sino el desarrollo de políticas de promoción de vivienda pública, en lo que ha acusado al PP de reducir el presupuesto con ese fin, además de denunciar que se haya renunciado a 1,5 millones en subvenciones para promover soluciones.

Por último, el edil de Vivienda, Carlos de Juan, ha señalado que la iniciativa de Compromís no tenía sentido al plantear la sustitución del Patronato por una concejalía con la única finalidad de que "pueda perseguir los pisos turísticos". Además, ha considerado que el papel del Patronato es indispensable y que existen otras herramientas para inspeccionar y sancionar los alojamientos irregulares. Y, acto seguido, ha enumerado las funciones asumidas por el Patronato, como la promoción del alquiler asequible, la gestión del parque público de vivienda, la promoción de vivienda pública -ha dicho que ya estaban listos los pliegos de los edificios de Catedrático Soler y de la calle Ceuta-, así como la reparación del parque de La Ereta, la rehabilitación de la basílica de Santa María o la ampliación del Centro 14. Por su parte, el alcalde, Luis Barcala, ha intervenido para señalar que el Patronato asume políticas de vivienda "por una cuestión de responsabilidad", frente a la inacción que ha atribuido al Ministerio de la Vivienda o al Consell del Botànic que, según ha incidido, "no llevó a cabo la construcción de ninguna vivienda pública en Alicante". Es más, ha señalado que la rehabilitación de las viviendas del barrio de Miguel Hernández las ha tenido que acometer el actual Consell, presidido por el PP. En último término, la enmienda planteada por EU Podem no se ha admitido, y la declaración ha sido rechazada por 25 votos (PP, PSOE y Vox).

Vox evita la reprobación de la edil de Bienestar Social

Después, ha llegado el turno de la propuesta de reprobación de la edil de Bienestar Social, Begoña León, planteada por Compromís, por su gestión al frente del departamento, a colación de decisiones como el despido del 80% de los trabajadores de Atención Social, con el consiguiente retraso de tres meses en la obtención de citas, según ha señalado el portavoz de la coalición valencianista, Rafa Mas. Además, ha aludido al retraso en la contratación de la organización de los talleres para la tercera edad de los centros de mayores o la anulación parcial del pliego del concurso sobre la gestión del Centro de Atención Urgente (CAU), después de que el TSJ haya resuelto que debió haberse incluido la subrogación del personal de la contrata precedente. Así, ha emplazado a León a presentar su dimisión o, en su defecto, ha planteado que fuese el alcalde quien acordase su cese.

En el turno de intervenciones, Copé ha subrayado que cuando la gestión de una concejalía acumula informes del Síndic en contra y resoluciones judiciales en contra, "resulta necesario intervenir". Además, ha criticado la atención que se estaría procurando a las personas sin hogar; "el debilitamiento" de la asistencia social; el retraso en la gestión de las actividades destinadas a los mayores; el cierre del Servicio de Estancias Diurnas (SED) de Plaza América; o la denuncia sobre el funcionamiento irregular del servicio de 'Menjar a Casa'. Por Vox, Carmen Robledillo, ha acusado a la izquierda por utilizar a los mayores con fines políticos y se ha dirigido a León para emplazarla a garantizar soluciones reales para "procurar un trato digno" a los mayores. "Nuestro voto va a depender de las explicaciones que se nos den hoy aquí", ha señalado. Por el PSOE, el edil Emilio Ruiz ha instado a Barcala a cesar a León tras sostener que "llevamos meses escuchando promesas que luego no se cumplen". "No puede hablar de eficiencia cuando tienen los expedientes desbordados", ha señalado, para desacreditar su gestión.

Por último, la propia León ha intervenido para señalar que la propuesta de reprobación es "un ejercicio de memoria selectiva" tras sostener que los talleres de los mayores -uno de los puntos más criticados sobre su gestión- se suspendieron en 2015 durante tres meses bajo el gobierno del antiguo tripartito "y entonces no pasó nada". Además, ha sostenido que las esperas en la emisión de los dictámenes sobre vulnerabilidad es la más baja de la historia y ha añadido que se sigue buscando ubicación alternativa para reabrir el SED, después de que se tuviese que cerrar el preexistente "porque no cumplía" con los requisitos aprobados por el Consell del Botànic. De igual modo, ha sostenido que la sentencia sobre el pliego del CAU no es firme y ha recalcado que las actividades con los mayores comenzaron ayer miércoles y que ya se ha puesto en marcha la reestructuración de la concejalía con la designación de la nueva Jefatura de Mayores. Finalmente, en el turno de votación, la propuesta ha quedado desestimada con los votos en contra de PP y Vox (17 concejales en total) frente a los 11 votos a favor de PSOE, Compromís y EU Podem, en lo que constituye otra muestra más del respaldo de los voxistas a la acción del equipo de gobierno.

La primera de las propuestas promovidas por EU Podem con la intención de respaldar la iniciativa legislativa promovida por Esquerra Unida para la modificación de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunidad Valenciana, con el objetivo de garantizar una Sanidad Pública, Universal y de Calidad, tampoco ha salido adelante. El portavoz de la confluencia política, Manolo Copé, ha resumido la propuesta como un intento de "blindar la sanidad pública". "Lo que queremos es que se haga público un debate sobre las necesidades del sistema, que es tan necesario para todas las familias". Llobell ha considerado que la sanidad pública "está en peligro de privatización" y ha revindicado el refuerzo necesario de recursos en salud mental. Por Vox, Ortolá ha defendido que ahora, a diferencia de lo que sucedía en la etapa del Botànic, sí hay presupuesto para salud mental y se ha desplegado el programa de enfermeros escolares. Además, ha sostenido que las listas de espera se han reducido y se publican. Y respecto al acceso universal, ha sostenido que no puede tener el mismo derecho un español o un inmigrante legal, que uno que no lo es, aunque sí se le preste atención sanitaria urgente.

Por el PSOE, Barceló ha sostenido que el PP, "que venía a solucionarlo todo", no ha mejorado nada, mientras que Vox "no asume ninguna responsabilidad, porque se ha ido de todos los gobiernos". De igual modo, ha incidido en que el PP está ejecutando ahora la planificación que dejó planteada el Botànic y "lo único que están haciendo es privatizar". Por el PP, la edil de Sanidad, Cristina Cutanda, ha señalado que la iniciativa se resume en un "no a la sanidad privada" para reprochar la hipocresía de la izquierda, que luego acude a los centros privados. Además, ha recriminado a Barceló que el Botànic no construyese ningún centro de salud y ha asegurado que, en esa legislatura precedente, se triplicaron las derivaciones de pruebas como las mamografías a la privada. En todo caso, ha defendido que el sistema sanitario público mejora cada día gracias a la gestión del PP, con un presupuesto de más de 9.000 millones. A la postre, la declaración ha sido desestimada con los votos de PP y Vox, frente al respaldo de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem.

Inspección del servicio 'Menjar a casa'

Por último, sí ha prosperado -y, además, por unanimidad- la segunda declaración institucional registrada por EU Podem, por la que se instaba a "investigar de forma urgente las denuncias de irregularidades presentadas sobre el servicio de 'Menjar a Casa' y de reforzar los mecanismos de seguimiento y control de las empresas adjudicatarias en todos los servicios públicos externalizados", a colación de las denuncias públicas registradas por los trabajadores de esas firmas, en las que se apuntaría a la existencia de contaminación cruzada en el transporte de los menús en los mismos vehículos en los que se recoge ropa sucia de las personas mayores atendidas, lo que supone la retirada de sábanas con restos de orín y de heces. Así, el portavoz de EU Podem, Manolo Copé, ha exigido responsabilidades políticas, ya que "los trabajadores llevan presentando cartas sobre esta situación desde el año 2023", informando al Ayuntamiento de Alicante, con varias respuestas "que dan fe de que se conocía esa situación y, sin embargo, no se había actuado". En esta línea, ha señalado que "lo que pedimos es que esto no vuelva a pasar" y que se intervenga.

Por Compromís, Mas ha cuestionado a León si tenía conocimiento de estos hechos y ha acusado al PP de preocuparse únicamente de beneficiar a las empresas. Por Vox, su portavoz, Carmen Robledillo, ha respaldado que se abra una investigación para esclarecer los hechos y ha considerado conveniente que se depuren responsabilidades y, llegado el caso, que se rescindan los contratos y se concreten posibles sanciones. Por el PSOE, Ruiz ha estimado que el ejemplo del 'Menjar a casa' evidencia "la mala gestión de los servicios sociales de Alicante" y ha pedido control y que se investigue a fondo el servicio, tras acusar de desidia a la edil de Bienestar Social. Por último, León ha incidido en que el Ayuntamiento de Alicante no presta el servicio de 'Majors a Casa', solo el de 'Menjar a Casa' por lo que ha señalado que no resulta posible que pueda producirse el traslado de menús y de ropa sucia en los mismos vehículos. Además, ha señalado que, después de que trascendiese la denuncia a través de los medios de comunicación, se solicitó informes a la empresa concesionaria del servicio de 'Menjar a casa', que "nos remitió información en la que se concreta que son sometidos a inspecciones trimestrales por la Conselleria de Sanidad". Con ello, ha defendido que es falso que no se hubiese ejercido control sobre el servicio. Además, ha señalado que no habían recibido ninguna queja por parte de los usuarios del servicio de 'Menjar a casa'. Con todo, ha anticipado el voto favorable del PP con el fin de que se esclarezcan los hechos. 

Ruegos y preguntas

En el turno de ruegos y preguntas, desarrollado con carácter previo al debate del conjunto de las declaraciones institucionales, el edil de Vivienda, Carlos de Juan, ha respondido a un ruego formulado por EU Podem para que se facilite locales públicos para el desarrollo de actividades de entidades y asociaciones municipales sin ánimo de lucro, para señalar que ya se estaba revisando la disponibilidad de dependencias. Además, ha adelantado que la próxima semana se procedería a la reapertura del centro municipal de voluntariado. 

La edil de Bienestar Social, Begoña León, ha respondido a otra petición formulada por EU Podem para que se procure el abono urgente de los honorarios y compensaciones pendientes a las personas afectadas por actividades organizadas por la unidad LGTBI. Al respecto, León ha sostenido que no ha habido ningún retraso de ese pago atribuible al ayuntamiento, sino que obedecería a la necesidad de corregir errores en la facturación que ya se habrían acordado. 

La misma León ha descartado la posibilidad de presentar su dimisión, a colación de la pregunta formulada por el PSOE, después de que su portavoz, Ana Barceló, le haya atribuido una "cascada de errores" de gestión en su área. Entre ellos, el retraso en la puesta en marcha de los talleres de los centros de mayores, o la anulación parcial acordada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) sobre el pliego del concurso por el que se concedió la gestión del Centro de Atención Urgente (CAU). Además, también ha señalado el informe emitido por la Sindicatura de Greuges sobre el retraso en la prestación del servicio de atención social que procuró el despido y recontratación de los trabajadores municipales de ese servicio, contratados con cargo al contrato programa cofinanciado por la Generalitat. 

León, por su parte, ha emplazado a dimitir a varios representantes del PSOE, entre los que ha citado a Pedro Sánchez o a la propia Barceló, a la que ha recriminado su gestión como consellera de Sanidad durante la pandemia de la covid, tras recordar las sentencias en contra respecto a la falta de provisión de equipos de protección para los profesionales sanitarios.

La edil de Comercio, Lidia López, ha respondido a la pregunta formulada por Vox sobre en qué situación o fase de creación se encuentra la Unidad Específica de Atención al Comerciante y al Hostelero en la Concejalía de Comercio y Hostelería, para señalar que su departamento trabaja en coordinación con los empresarios de los dos sectores para atender sus necesidades e inquietudes, sugerencias o quejas, y los servicios competentes son las que las atienden.  

La edil de Cultura, Nayma Beldjilali, ha tomado nota respecto a la pregunta planteada por Vox respecto al uso del Centro Cultural Las Cigarreras cedido con motivo de la organización del Festival Circarte que el grupo político considera que permitieron el desarrollo de actos "con contenido ideológico, político o activista". Al respecto, Beldjilali ha señalado que el festival lleva celebrándose desde hace 16 años en varios municipios y ha defendido que se autorizó su desarrollo a la vista del proyecto presentado, en el que no se daba cuenta de ninguna circunstancia anómala. Con todo, ha señalado que, en el futuro, se intensificará el control para evitar usos inadecuados.

La edil de Infraestructuras, Cristina García, ha respondido a otra pregunta formulada por Vox respecto a los problemas de iluminación detectados en la avenida de Alcoy para sostener que su departamento está trabajando en la reposición del alumbrado en varios barrios de la ciudad de forma gradual. Así, ha anticipado que la próxima intervención se ejecutará en el barrio de Los Ángeles, al margen de las actuaciones ya ejecutadas en San Blas, Princesa Mercedes o Ensanche Diputación, entre otros puntos.

El edil de Limpieza, Rafa Alemañ, ha respondido a una pregunta formulada por Compromís respecto a cuándo se firmará el convenio con Adif sobre la cesión de las vías de Benalúa que permita a los vecinos de los barrios del sur de Alicante acceder al Parque del Mar después de 15 años, cuya rúbrica seguiría pendiente de la elaboración de un estudio de viabilidad económica. Alemañ ha sostenido que se está trabajando en la negociación de ese convenio urbanístico de planeamiento en el que se excluya el uso ferroviario y que el estudio de viabilidad está en fase de entrega, lo que permitirá abordar el acuerdo definitivo con Adif. Además, se ha referido a la situación del Parque del Mar para señalar que dispone de dos accesos y que su cesión al ayuntamiento se produjo con ciertas deficiencias que deben ser subsanadas con una actuación integral. Por último, ha emplazado a Mas a acudir al Congreso para instar a Adif a que no especule con los terrenos objeto de esa cesión.

La edil de Cultura, Nayma Beldjilali, ha respondido a una pregunta formulada por EU Podem sobre si se prevé poner en marcha un refuerzo de personal para ampliar horarios, para incrementar la inversión en las bibliotecas municipales, con cargo a los presupuestos municipales, a la vista de la situación en la que se encuentran en la actualidad, según ha defendido su portavoz, Manolo Copé. Beldjilali ha acusado a Copé de mentir al sostener que la red municipal está compuesta por diez bibliotecas, y no solo dos, como había sostenido el representante de la confluencia en su pregunta. Además, ha sostenido que la mejora de las bibliotecas es continua, sin esperar a los presupuestos.

No obstante, el equipo de gobierno ha emplazado al próximo pleno la respuesta formulada por la portavoz del PSOE, Ana Barceló, respecto a la posibilidad de que se modifiquen las explicaciones en las visitas guiadas a los refugios antiaéreos de la Guerra Civil en la ciudad, como reclama el grupo municipal de Vox para negociar los próximos presupuestos, así como variar los programas ambientales del Observatorio Ambiental de la Vía Parque. 

Además, el vicealcalde, Manuel Villar, ha respondido a una pregunta formulada por Vox respecto a cuándo se preveía convocar la próxima reunión de la comisión de fiscalización sobre el funcionamiento de la Policía Local para señalar que se preveía reunir este próximo mes de noviembre.