ALICANTE. El último esprint protagonizado por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, el bipartito conformado por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), en materia de contratación antes del cierre de año vuelve a generar resultados in extremis para evitar la pérdida de partidas presupuestarias. Salvo imprevisto, la Junta Local prevé aprobar este martes la adjudicación de las obras para reurbanizar dos de las plazas más reconocidas de la ciudad -la Plaza de San Blas y la Plaza Nueva-, así como la reforma del pabellón Pitiu Rochel, con una inversión global que supera los 5,4 millones.

El primero de los contratos, que atañe a la reforma de la Plaza de San Blas, queda en manos de la constructora Ecisa, después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) haya desestimado la petición de suspensión cautelar planteada por Tecopsa en su recurso frente a la propuesta de clasificación de las 13 ofertas que optaron a la licitación. Con esa resolución, la adjudicación cobra firmeza de modo temporal, a la espera de que el organismo adscrito al Ministerio de Hacienda pueda resolver sobre el fondo del asunto. Es decir, sobre si se debe volver a evaluar las ofertas para que se recalcule el importe de las bajas consideradas anormalmente desproporcionadas sin excluir, antes, a las compañías que no superaron el 50% de la puntuación prevista en el apartado de criterios que dependen de juicios de valor (uno de los requisitos del concurso).

En todo caso, no ha trascendido todavía si Ecisa podría tener el camino despejado para comenzar a ejecutar las obras antes de que exista un pronunciamiento definitivo sobre esa impugnación. En principio, todo parece indicar que los trabajos podrían aplazarse hasta conocer si la petición de Tecopsa llega a ser atendida por el TACRC con el objetivo de evitar posibles interferencias o cambios posteriores en su desarrollo que obligasen a establecer hipotéticas compensaciones.

Sea como fuere, con el acuerdo de adjudicación, el bipartito consigue salvar el uso de los fondos presupuestados en 2021 para acometer la reforma, sin tener que volver a incluirla de nuevo en los presupuestos de 2022, en los que también se contemplarían fondos para su conclusión. El coste de las obras es de 2,9 millones, en función de la propuesta presentada por Ecisa, que deberá finalizar la intervención en un plazo de 11 meses.