ALICANTE. El conflicto sobre la prestación del servicio de mantenimiento de zonas verdes de Alicante volverá a quedar en manos del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV). El equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), ya da por descartada la posibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial que permita concretar el importe de una posible compensación económica para resarcir a Geamur como fórmula alternativa para cumplir con la sentencia del alto tribunal autonómico a su favor.
En esa sentencia, ya confirmada por el Tribunal Supremo (TS), se conminaba al Ayuntamiento a retrotraer el proceso de licitación convocado en 2018 para volver a valorar al conjunto de las ofertas presentadas, incluida la de Geamur, después de que su propuesta quedase excluida por los técnicos de la Mesa de Contratación por un supuesto de baja temeraria no justificada.
Tanto el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), primero, como el TSJ, después, invalidaron esa conclusión, de modo que el Ayuntamiento queda ahora forzado a plantear una nueva clasificación de ofertas en la que Geamur partiría como previsible beneficiaria del contrato en la medida en que su propuesta -por un importe de 16,6 millones- había quedado reconocida como la más económica entre el conjunto de las ofertas concurrentes en el proceso de licitación.
El equipo de gobierno y representantes de Geamur llegaron a un primer principio de acuerdo por el que solicitaron al TSJ una prórroga sobre la ejecución de su sentencia con la intención de alcanzar una solución negociada, después de que los populares considerasen que no resultaba viable dar cumplimiento efectivo a esa resolución judicial en un momento en el que la vigencia inicial del contrato objeto del litigio ya ha expirado y se continúa prestando a través de una prórroga.
Además, se alegó que las condiciones del servicio actual -en manos de STV Gestión- no tenían nada que ver con la oferta que presentó Geamur, ya que se había ampliado la superficie de zonas verdes a cubrir y se había incrementado tanto el personal como el coste del servicio respecto a las cifras planteadas por la compañía. De ahí que se presentase la vía de la indemnización como solución alternativa.