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resolución del contrato adjudicado en 2022 por mutuo acuerdo

Sanidad allana el nuevo concurso para el centro de salud de Garbinet en Alicante sin penalizar a Ecisa 

  • El solar vallado en el que se proyecta la construcción del centro de salud de Garbinet en Alicante. Foto: RAFA MOLINA

ALICANTE. Ahora sí: el centro de salud del barrio de Garbinet, en Alicante, vuelve a la casilla de salida. La Conselleria de Sanidad acaba de formalizar la rescisión del contrato por el que se adjudicó su construcción a la alianza empresarial formada por Ecisa y Joca (ambas integradas en el Grupo Urbas) hace ya más de un año y medio, con lo que allana el camino para volver a contratar las obras con la convocatoria de un segundo concurso, en función del proceso anticipado por este diario.

Por el momento, se desconoce cuándo podría acordarse esa nueva licitación, aunque todo parece indicar que no debería demorarse más allá de seis meses, según los plazos anticipados por Sanidad, toda vez que el acuerdo de rescisión con Ecisa-Joca se alcanza de mutuo acuerdo, sin que se augure el inicio de un posible recurso en vía administrativa o judicial por parte de la UTE adjudicataria que pudiese ser susceptible de alargar la extinción del contrato en defensa de la adjudicación. Por lo pronto, la propia UTE expresó su conformidad con el acuerdo de resolución el pasado 16 de febrero.

De este modo, la rescisión se concreta sin el establecimiento de hipotéticas penalizaciones para las dos constructoras, a pesar del retraso constatado en el inicio de las obras, de las que solo se llegó a realizar el vallado perimetral del solar municipal en el que se prevé situar el edificio. Tanto es así que la rescisión incluye la devolución de la garantía depositada en el momento en el que se oficializó la adjudicación del contrato, por un importe de 289.111,33 equivalente al 5% del presupuesto de licitación.

Eso sí, al tiempo, la ruptura del contrato se salda sin que se establezcan posibles indemnizaciones en favor de Ecisa y Joca en compensación por el encargo que no llegará a realizar, por un importe de 6.932.705,53 euros (impuestos incluidos), según el presupuesto de adjudicación, lo que vendría a descartar, también, la existencia de posibles responsabilidades por parte de la Administración por el hecho de que las obras no se hubiesen iniciado hasta ahora.

Adaptación al código de la edificación

La UTE compuesta por Ecisa y Jocase convirtió en adjudicataria de las obras en diciembre de 2022, bajo el mandato del Consell del Botànic (PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem EU). No obstante, su desarrollo no llegó a iniciarse antes de la celebración de las elecciones autonómicas de mayo de 2023 después de que se detectase que no había aportado la documentación necesaria para que diesen comienzo y que, además, tampoco había presentado el plan de seguridad y salud que le correspondía, en función de lo previsto en el pliego de condiciones del concurso.

Ese plan acabó aceptándose como válido en su sexta versión en septiembre de 2023, ya bajo el mandato del actual Consell compuesto por Partido Popular (PP) y Vox. Se trata, además, de un trámite relevante en la medida que habría permitido que la UTE quedase eximida de responsabilidad ante un posible incumplimiento contractual, según se hace constar en el acuerdo de resolución firmado el pasado 23 de marzo por el director general de Gestión Económica, Contratación e Infraestructuras de la Conselleria de Sanidad, Pedro Manuel López

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