suspensión de licencias por dos años aprobada por pp, cs, psoe, unides podem eu y compromís

Alicante activa otro 'blindaje' para preservar un millar de edificios en trámite de protección 

30/06/2022 - 

ALICANTE. Blindaje en curso para proteger un millar de edificios de Alicante en trámite de catalogación. Todos los grupos políticos representados en la corporación, salvo Vox, que se ha abstenido, han validado este jueves la suspensión en la tramitación y otorgamiento de licencias que puedan presentarse para intervenir en esos inmuebles todavía desprovistos de requisitos de conservación específicos hasta que se produzca la aprobación definitiva del catálogo de protecciones. Se trata de un acuerdo similar al que se adoptó tras la formación del extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) en 2015, con el que se congelará la concesión de permisos para llevar a cabo actuaciones de calado en esa extensa relación de edificios por un plazo máximo de dos años de duración, a la espera de que, durante ese periodo, la Generalitat conceda su visto bueno definitivo al catálogo aprobado por el pleno de la corporación en septiembre de 2020.

En la relación de inmuebles afectados por el acuerdo de suspensión de licencias figurarían algunos edificios emblemáticos de la ciudad recogidos en ese catálogo por su valor arquitectónico, cultural o patrimonial, como el Asilo de Benalúa (propiedad del Obispado de Orihuela), la Casa de las Brujas (sede de la Delegación del Consell en Alicante), la antigua estación de Benalúa (hoy sede de Casa Mediterráneo), la Casa de Socorro, la Casa Alberola, el edificio de Correos de la Plaza de Gabriel Miró, el Instituto Sismológico, el IES Jorge Juan y sus escaleras, la sede del Banco de España, la Torre Provincial, la Lonja del Pescado o la sede de la Universidad de Alicante (UA) de Ramón y Cajal, por citar solo algunos de los más reconocidos.

El edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, ha explicado que la medida resulta necesaria después de que el informe solicitado a la Generalitat "no haya despejado dudas sobre la situación de protección de los edificios en trámite de catalogación" durante el tiempo en el que se demore la aprobación definitiva de ese catálogo. "Esto es una manera de proteger el patrimonio y evitar que se derriben los edificios protegidos", ha recalcado. Por su parte, la edil de Unides Podem EU, Vanessa Romero, ha lamentado que PP y Cs no votasen a favor de la propuesta de catálogo promovida en 2017 bajo la etapa de gobierno del extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís), al considerar que se habría evitado la pérdida de algunos de los edificios que quedaron desprotegidos hasta que se produjo la aprobación inicial de la nueva propuesta, en septiembre de 2020.

El portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha confirmado su abstención al incidir en que su partido fue el único que votó en contra de la propuesta de catálogo de protecciones al estar en contra de la restricción a medidas que pudiesen fomentar intervenciones de recuperación de los edificios. Tanto el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, como la portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, han expresado su apoyo al acuerdo al defender la protección del patrimonio. Bellido, además, ha recriminado la actitud de Vox y Amorós ha recalcado que fue el PSOE la primera formación que trató de concertar un acuerdo por la aprobación del catálogo.

Por último, el edil de Urbanismo, Santos Pérez, ha recriminado a Unides Podem EU que, en septiembre de 2020, se decantaron por una abstención en el debate sobre el catálogo de protecciones, por lo que les ha conminado a "no dar lecciones sobre protección del patrimonio". A la postre, la votación se ha saldado con el resultado esperado que ya se produjo en la comisión informativa de Urbanismo: 27 votos a favor y dos abstenciones.

Con carácter previo, el pleno también ha ratificado el reglamento por el que se ampara el desarrollo de la carrera profesional: el sistema de promoción interna de los funcionarios municipales. El edil de Recursos Humanos, José Ramón González, ha relatado que se trata de el acuerdo de aprobación definitiva tras el trámite de presentación de alegaciones, por el que se habría estimado la posibilidad de que pudiesen acogerse a ese sistema los funcionarios desplazados en comisión de servicio en otras administraciones. González ha señalado que, tras la adopción del acuerdo, se pondría en marcha "las comisiones de trabajo necesarias para abordar su puesta en marcha". En el momento de la votación, el acuerdo se ha validado por unanimidad, con el voto a favor de los 29 concejales de la corporación. 

Con la aprobación del acuerdo, el Ayuntamiento desoye el requerimiento formulado por la Subdelegación del Gobierno, por el que se instaba a eliminar la dotación presupuestaria de 200.000 euros habilitada en las cuentas de 2022 para poner en marcha ese sistema de ascensos, con el argumento de que supone un incremento de las retribuciones de los trabajadores municipales superior al 2% establecido por el Gobierno central. Así, todo parece indicar que el acuerdo quedará sujeto a la interposición de un contencioso-administrativo.


De hecho, el edil de Recursos Humanos ha mantenido que "el equipo de gobierno defenderá su postura hasta las últimas consecuencias, si la Subdelegación del Gobierno insiste en su posición de no autorizar su desarrollo con una decisión que no se ajusta a Derecho, ni a la más reciente jurisprudencia", según ha recalcado.

Además, en la sesión también se ha aprobado por unanimidad la declaración de especial interés o utilidad municipal y la concesión de la bonificación del Impuesto de Construcciones y Obras (ICIO), tras la aprobación de la licencia de obras, para la construcción de un centro para la rehabilitación de personas con enfermedad mental por ADIEM en el PAU1. Esta declaración permite otorgar una bonificación del 95% del ICIO por un importe de 89.382 euros. 

Durante la sesión, se han tratado otros asuntos como el rechazo a la constitución de una nueva comisión de fiscalización sobre el supuesto complot denunciado por el comisario principal de la Policía Local, José María Conesa, con el objetivo de forzar su destitución, o el posicionamiento institucional en defensa del disparo de las mascletàs de Fogueres en la Plaza de Luceros, entre otros puntos.

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