El edil de Recursos Humanos de Alicante, José Ramón González.ALICANTE. La provisión de fondos para el desarrollo de la carrera profesional en el Ayuntamiento de Alicante acabará en los juzgados. El equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), ha reiterado este martes su "firme voluntad de desarrollar la carrera profesional entre los funcionarios municipales" y de defender "hasta las últimas consecuencias" el acuerdo para su implantación alcanzado con los sindicatos el pasado mes de diciembre, en respuesta al requerimiento formulado por la Subdelegación del Gobierno, anticipado este diario, para que se anule la dotación de 205.000 euros incluida en los presupuestos de 2022 con ese fin.
Así, el concejal de Recursos Humanos, José Ramón González, ha replicado ante ese requerimiento que el equipo de gobierno, "con el alcalde Luis Barcala a la cabeza, no comparte en absoluto el criterio esgrimido por la Subdelegación del Gobierno para impedir la implantación de la carrera profesional, ni varía en su voluntad de desarrollarla tal y como se acordó el pasado mes de diciembre con los sindicatos". "En consecuencia", ha proseguido González, "no sólo no se va a anular la correspondiente partida presupuestaria de 205.386 euros habilitada por primera vez en los presupuestos municipales, sino que vamos a continuar con la hoja de ruta marcada para iniciar la implantación de la carrera profesional y su abono", ha insistido.
En esta línea, González ha avisado de que, si la Subdelegación persiste en su postura de impedir la implantación de la carrera profesional, el equipo de gobierno recurrirá a los tribunales y defenderá su postura hasta las últimas consecuencias. "Entendemos que lo resuelto por la Subdelegación del Gobierno no se ajusta a Derecho, ni a la más reciente jurisprudencia y, si es necesario, serán los tribunales quienes resuelvan en última instancia", ha concluido.
En realidad, será la Subdelegación del Gobierno la que dé inicio a acciones legales con el registro del correspondiente recurso contencioso-administrativo para que sea un juez el que fuerce al Ayuntamiento a anular la reserva de esa dotación presupuestaria para el desarrollo de ese sistema de ascensos y promoción interna, en el supuesto, ya confirmado, de que el Ayuntamiento decida mantener esa asignación. Después, será el Ayuntamiento el que exprese su oposición a la demanda. Y, finalmente, será el juzgado que asuma el contencioso el que acabe dirimiendo sobre la cuestión, en los próximos meses.
La Subdelegación del Gobierno insiste en que la dotación presupuestaria para el desarrollo de la carrera profesional supone incumplir el incremento retributivo límite del 2% establecido en los PGE
De hecho, fuentes de la Subdelegación del Gobierno consultadas ya han confirmado este martes que se interpondrá dicho contencioso ante la necesidad de defender el techo máximo de incremento retributivo para los empleados públicos regulado a través de la Ley de Presupuestos Generales (PGE) de este año. En concreto, en artículo 19.2 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, que tiene carácter básico por estar dictada al amparo de los arts. 149.1.13 y 156.1 de la Constitución, establece que "en el año 2022 las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 2% respecto a las vigentes al 31 de diciembre de 2021".
Así, fuentes de la Subdelegación han añadido que "tras analizar la documentación que le fue requerida en diversas ocasiones al Ayuntamiento de Alicante relativa a la aprobación del citado acuerdo y su adecuación a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se concluyó que la citada partida presupuestaria es contraria al artículo 19 de la Ley 22/2021 de Presupuestos Generales del estado para 2022 por contener un incremento retributivo superior al 2% que establece la referida Ley". Por ello, las mismas fuentes recalcan que "siendo, pues, que la aprobación de la citada partida vulnera la Ley 22/2021, es por lo que esta Subdelegación, en cumplimiento de la legalidad vigente, ha resuelto requerir al Ayuntamiento para que proceda a la anulación del acuerdo presupuestario, exclusivamente en la aplicación presupuestaria de los 205.836" con la que se da cabida al desarrollo de la carrera profesional.
