El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la subdelegada del Gobierno, Araceli Poblador, en una reunión de la Junta de Seguridad.ALICANTE. El compromiso asumido por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante (el bipartito compuesto por PP y Cs) con los sindicatos con representación municipal para desarrollar la carrera profesional, después de más de tres años de reivindicaciones, se topa ante el muro de la Subdelegación del Gobierno. El brazo de la Administración del Estado en la provincia acaba de instar al Ayuntamiento a anular la puesta en marcha de ese sistema de promoción y mejoras de categoría entre los funcionarios municipales al considerar que su despliegue supondría un incremento retributivo superior al 2% previsto en los emolumentos de los trabajadores públicos al que se da cabida en la Ley 22/2021 de Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Así se pone de manifiesto en una resolución fechada el 7 de junio por la que la titular de la Subdelegación, Araceli Poblador, conmina al bipartito a eliminar la partida de 205.836 euros habilitada por primera vez en los presupuestos municipales de 2022 con el objetivo de poner en marcha ese mecanismo de ascensos. En ese escrito, se concreta que el Ayuntamiento de Alicante ya habría incorporado ese incremento retributivo del 2% para el conjunto de sus empleados, por lo que cualquier otro acuerdo que promoviese un incremento salarial supone exceder ese límite legal.
La solicitud se acompaña de una prolija argumentación entre la que se cita ejemplos en los que los juzgados de lo Contencioso han acabado tumbando la disposición de acuerdos similares. Uno de ellos es la decisión promovida por la Diputación Provincial de Castellón, que acordó implantar "el complemento de carrera" en 2018. Como subraya la resolución, la Subdelegación del Gobierno de esa provincia recurrió y, un año después, logró una sentencia favorable del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Castellón que dejó sin efecto el acuerdo de la Diputación por el mismo motivo que se alega ahora: la superación del límite retributivo fijado en la Ley de Presupuestos Generales de ese año.
Así, el escrito de la Subdelegación reseña que la Delegación del Gobierno en la Comunitat le delegó, en 2018, la competencia "para requerir la anulación de los actos o acuerdos de las Entidades Locales en su ámbito territorial que infrinjan el Ordenamiento Jurídico". Y, al tiempo, también le cedió la capacidad de impugnar dichos acuerdos "ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa", en lo que supone una advertencia velada sobre cuál será el siguiente paso a adoptar, en la hipótesis de que el Ayuntamiento mantenga la disposición de esos fondos en los presupuestos que ahora se solicita que se anulen.
Subdelegación señala que el acuerdo supone superar el límite del 2% en incremento retributivo previsto en los PGE y advierte con recurrir en vía contenciosa; el ayuntamiento defenderá el principio de autonomía municipal
La solicitud llega, además, después de que las dos administraciones se hayan girado varias comunicaciones previas sobre la procedencia de la inclusión de esa partida económica para el desarrollo de la carrera profesional. En esas respuestas, el Ayuntamiento sostiene que, por el momento, solo existe la ya citada dotación presupuestaria sin que se haya aprobado todavía el Reglamento de la Carrera Profesional de manera definitiva. Así, apunta que, probablemente, el incremento retributivo se contemplaría en los presupuestos de un próximo ejercicio, ya que también se prevé abordar un periodo transitorio de implantación progresiva. Es decir, que no existiría todavía ningún aumento salarial que excediese del límite legal previsto para este 2022. No obstante, la Subdelegación descarta esa alegación e insiste en reclamar la anulación de la dotación presupuestaria.
¿En qué situación queda ahora el Ayuntamiento y el propio acuerdo de implantación de la carrera profesional? En principio, la pretensión del equipo de gobierno sería la de defender el acuerdo en base al respeto al principio de autonomía municipal, según fuentes consultadas. Así, salvo acuerdo improbable entre las dos administraciones, todo parece indicar que la disputa de interpretaciones acabará dirimiéndose en la vía judicial en una resolución que se atisba incierta.
Así, podría darse la circunstancia de que el Ayuntamiento mantuviese la consignación de fondos para implantar la carrera profesional, pero que un juzgado la revocase con posterioridad, como sucedió en el caso de la Diputación Provincial de Castellón. No obstante, también se han registrado decisiones favorables a entidades locales en otros supuestos similares, como en el caso de la Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) del Ayuntamiento de Benidorm, avalada por el juzgado en enero de este año. Ahora bien, en ese caso, la sentencia señala que la Subdelegación del Gobierno erró al no recurrir la asignación presupuestaria que permitía desplegar esa VPT: justo la vía que sí se pretende emprender ahora en el caso del Ayuntamiento de Alicante.
