ALICANTE. Reconocimiento y bonificación. El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha acordado este jueves conceder al Puerto la consideración de entidad de especial interés o utilidad municipal, lo que permite aplicarle una bonificación del 35% en el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), en respuesta a la solicitud presentada por la Autoridad Portuaria.
La propuesta ha prosperado con el voto a favor de PP, PSPV-PSOE, Ciudadanos (Cs), Compromís y el edil no adscrito, Fernando Sepulcre. Por su parte, la segunda edil no adscrita, Nerea Belmonte, y los cinco regidores de Guanyar han votado en contra, como ya hicieron en la comisión de Hacienda celebrada la semana pasada. Entonces, su portavoz municipal, Miguel Ángel Pavón, ya argumentó que la bonificación suponía que la ciudad dejase de ingresar "casi 100.000 euros al año durante tres años, una pérdida de ingresos que no nos parece justificada ante el modelo portuario insostenible que se promueve desde la actual Autoridad Portuaria de Alicante".
Este jueves ha reproducido esos argumentos y ha añadido que "esta bonificación es, además, una bajada de impuestos enmarcable en la política fiscal del PP que beneficia a los ricos frente a los sectores más vulnerablesde la sociedad". Así, ha apuntado que "100.000 euros menos al año se suman a los 4 millones menos que va a recaudar el Ayuntamiento con esa reducción lineal del 5% que ya está en vigor; más de 4 millones menos al año en beneficio de los más ricos y en perjuicio de las capas populares que podrían haber recibido ese dinero en forma de partidas sociales", ha concluido.
El PP y Cs, por su parte, han defendido que debía concederse ese respaldo al Puerto, como ya hicieron en la comisión de Hacienda. En concreto, la portavoz de Cs, Yaneth Giraldo, ha señalado que "Alicante es una ciudad orientada al mar y por tanto debemos contribuir para conseguir que la integración puerto-ciudad se consolide. El apoyo a la bajada del IBI es una muestra de voluntad por parte del Ayuntamiento y esperamos que el Puerto sea recíproco, de ahí que consideremos que los 3 años son tiempo suficientes para evaluar si la reciprocidad del Puerto es real y efectiva".
Por último, tanto PSOE como Compromís han modificado su postura inicial de abstención para acabar concediendo su respaldo a la exención, después de que se confirmase la cesión de espacios portuarios al Ayuntamiento para el disfrute de la ciudad. Entre ellos, el Paseo de los Mártires o el Museo de la Lonja del Pescado, por el que se paga un alquiler de cerca de 16.000 euros anuales. Se trata de una posibilidad por la que habría negociado el candidato socialista a la Alcaldía, Paco Sanguino, según informó su equipo de campaña el martes.
La exención se concede por el porcentaje de la superficie del recinto portuario que corresponde a viales de libre acceso público y zonas sin uso lucrativo, en función de los términos recogidos en la solicitud presentada por la Autoridad Portuaria el pasado diciembre.
No obstante, lo cierto es que la Ley Reguladora de Haciendas Locales contempla la posibilidad de que la bonificación alcance hasta el 95% del impuesto para entidades que gocen de dicho reconocimiento. Esa opción quedó recogida en la última modificación de las ordenanzas fiscales municipales aprobada, precisamente, el pasado diciembre.
Con la exención aprobada, el Puerto logra un ahorro anual de cerca de 97.000 euros anuales por un tiempo de tres años, pese a que la petición aspiraba a que la medida se extendiese durante cinco años. Sin embargo, el equipo de Gobierno del PP consideró oportuno modular el alcance de esa solicitud por un principio de prudencia, después de concluir que no podía aventurarse en este momento cuál iba a ser la situación contable del Ayuntamiento en 2023 y que, por tanto, no era aconsejable la renuncia a dichos ingresos, como ha apuntado el edil de Hacienda, Carlos Castillo.
La Autoridad Portuaria había justificado su solicitud con el argumento de que el ahorro del pago de esa parte del impuesto ganaría capacidad de maniobra para bajar sus propias tasas portuarias, con la finalidad de poder competir en condiciones de igualdad respecto a otros puertos próximos como los de València o Cartagena.
El pleno también ha aprobado una moción presentada por el grupo municipal de Guanyar para crear una comisión no permanente del pleno para que el Castillo de Santa Bárbara, la Isla de Tabarca y el Pantano de Tibi pudiesen encuadrarse en una o varias candidaturas para optar a la declaración de Patrimonio Mundial y Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. El exconcejal de Cultura por Guanyar, Daniel Simón, ha defendido que no podía renunciarse al trabajo ya elaborado hasta ahora en esa dirección pese a la cercanía de las elecciones municipales y ha señalado que resulta conveniente que la próxima corporación ya se disponga de esa comisión como foro para continuar con la labor emprendida.
La propuesta ha contado con el respaldo de todos los grupos políticos, aunque la actual edil de Cultura, la popular María Dolores Padilla, ha señalado que "debemos comenzar la casa por los cimientos, y no por el tejado, puesto que hacen falta planes directores" y todos los estudios previos. Además, ha insistido en ser realista para señalar que se trata de un objetivo a muy largo plazo que requiere de años de trabajo y ha destacado la tarea de recuperación patrimonial que se ha llevado a cabo durante el último año.
Por último, ha subrayado que se trata de un objetivo muy complicado por la cantidad de declaraciones ya reconocidas al conjunto de España y ha augurado que, posiblemente, la Unesco no va a obtener ningún nuevo reconocimiento hasta dentro de cinco años. Tras las matizaciones de cada grupo político, la propuesta se ha aprobado por unanimidad.
En cualquier caso, la controversia ha llegado a partir de la pregunta presenta por el grupo socialista sobre las medidas que se adoptan en el Centro de Acogida de Inserción municipal (CAI) para personas sin hogar ante emergencias climáticas, a partir de los últimos episodios registrados hace dos semanas, cuando, según vienen sosteniendo los grupos de la oposición y los usuarios de ese centro, no se permitió el uso de esas instalaciones.
La edil socialista Rosana Arques ha defendido la necesidad de mejoras y de la puesta en marcha de un centro de recepción de baja exigencia para atender este tipo de situaciones. La edil de Acción Social, la popular Mari Ángeles Goitia, por su parte, ha defendido que existe un protocolo establecido para el funcionamiento del centro y ha reprochado a los partidos aliados en el extripartito no aprovechasen sus tres años de mandato para promover la construcción de ese centro que ahora exigen pese a tener a su alcance los fondos de la DUSI. La respuesta de Goitia se ha visto interrumpida por la protesta de los usuarios del CAI, que han lamentado la falta de atención.
En el turno de preguntas, el grupo municipal de Cs también ha cuestionado al concejal de Infraestructuras, el popular Israel Cortés, sobre los avances en la contratación de la consultoría externa con la que se pretende evaluar la prestación del servicio de limpieza viaria y recogida de la basura. Como publicó Alicante Plaza, ese encargo quedó paralizado después de que este diario publicase que se había preseleccionado a la consultora Amaranto, la empresa de un exalto cargo de la Generalitat durante el mandato de Francisco Camps que había sido condenado por un delito de malversación durante el ejercicio de su responsabilidad pública. Cortés, por su parte, se ha limitado a responder que los técnicos seguían evaluando el resto de ofertas a las que se había pedido presupuesto para tomar una decisión.
Belmonte se despide de su cargo como concejal con otra denuncia sobre el 'acoso' y el 'maltrato' que asegura haber recibido por parte del resto de concejales del extinto tripartito
Por su parte, la edil no adscrita, Nerea Belmonte, ha aprovechado una intervención en ese turno de preguntas, para expresar una suerte de despedida de su cargo como concejal, ya que no volverá a concurrir en ninguna lista electoral en los comicios del 26 de mayo. En esas palabras, ha agradecido el apoyo de los funcionarios municipales y ha vuelto a denunciar el "acoso" y el "maltrato" que, a su juicio, ha recibido por parte de los concejales que formaron parte del extinto tripartito.
También en el turno de preguntas, la edil de Compromís, Sonia Tirado, se ha dirigido al edil de Infraestructuras, Cortés, para que explicase los motivos que habían llevado a decidir un cambio del técnico municipal responsable del contrato de limpieza de colegios y dependencias municipales, que vuelve a estar en el foco de la polémica a partir de la denuncia presentada por un particular en los juzgados. Cortés ha respondido brevemente que el cambio obedece al objetivo de mejorar en la prestación de ese servicio.