ALICANTE. No habrá restricciones adicionales para la circulación de vehículos con la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Alicante. Las limitaciones de acceso, con la consiguiente imposición de mutas en caso de incumplimiento, seguirán ajustadas únicamente al anillo formado por las calles del Casco Antiguo, sin extenderse al ámbito del Centro Tradicional, como proponían PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem con el argumento de que, de lo contrario, no se conseguiría el fin pretendido con esa herramienta promovida por la Unión Europea (UE): la reducción de los niveles de contaminación.
Por lo pronto, el informe de resolución de enmiendas elaborado por los técnicos de la Concejalía de Medio Ambiente se ajusta a las condiciones del pacto alcanzado entre el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP) y Vox, y rechaza las peticiones específicas registradas por los tres grupos opositores en ese sentido. Lo hace, además, sin añadir ningún dato o argumentación justificativa, más allá de aludir al principio de autonomía municipal y al margen de maniobra que confiere la trasposición estatal de la normativa comunitaria, para indicar que la ordenanza propuesta no plantea la hipótesis de aplicar limitaciones a la movilidad en el anillo II, encuadrado en el Centro Tradicional (de algún modo, el circuito que queda cerrado al tráfico durante la celebración de las fiestas de Fogueres).
Al menos, la opción de extender el ámbito sujeto a restricciones quedaría descartada en una primera fase, como se subraya de forma literal en el informe de resolución de enmiendas. "El anillo II del Centro Tradicional no está incluido en la regulación de las restricciones previstas esta primera fase de implantación", apunta el dictamen, en respuesta a todas las solicitudes de modificación registradas por PSOE y Compromís en las que se sugiere ese cambio.
Al respecto, solo se amplía la motivación del rechazo a ese posible escenario al dar respuesta a la enmienda a la totalidad frente a la ordenanza planteada por el grupo municipal de Esquerra Unida Podem. En ese trámite, el informe técnico apunta que "ya se ha contestado antes que el anillo II del Centro Tradicional no cuenta con restricciones en la primera fase de implantación de la ZBE quedando como zona de estudio y monitorización para la toma de decisiones relativas a los efectos de tráfico rodado sobre la calidad del aire".
Y, acto seguido, rebate las consideraciones sobre la supuesta ineficacia que la confluencia política atribuye a esa nueva regulación para añadir que "la ordenanza sí se dirige a la mejora de la calidad de vida, salud y niveles de contaminación acústica de los ciudadanos", para añadir, además, que "se ha redactado siguiendo las directrices a las que se hace referencia si bien cada municipio, en función de su situación y problemática tiene justificación de regular el funcionamiento de la ZBE de forma particular".
¿Eso significa que queda abierta la posibilidad de corregir la ordenanza para ampliar sus limitaciones? Nada parece apuntar en esa dirección de forma expresa, aunque sí es cierto que, como mínimo, el informe de resolución de enmiendas sí acepta una de las enmiendas promovidas por el PSOE (Compromís también había formulado una sugerencia similar) y aboga por incorporar la revisión periódica de la ordenanza para analizar la conveniencia de practicar modificaciones a futuro.
En concreto, el dictamen hace suya la propuesta socialista y sugiere la inclusión en el articulado de la norma de un punto específico en el que se establece que la ordenanza será revisada por primera vez a los tres años de su puesta en funcionamiento. Y que, en lo sucesivo, se volverá a analizar como máximo con una periodicidad cuatrienal. "El proyecto de ZBE será revisado como máximo a los tres años de su establecimiento y posteriormente, como máximo cada cuatro años, con el objeto de verificar el cumplimiento de sus objetivos y la actualización del proyecto técnico y, en su caso, modificar las medidas de intervención establecidas en el artículo 10 y Anexos de esta Ordenanza", reza la nueva redacción planteada en el dictamen.
Eso sí, el informe desestima el resto de las sugerencias formuladas, bien porque se refieren a la incorporación de restricciones en el Centro Tradicional, o bien porque promueven regular aspectos que ya estarían recogidos en la Ordenanza de Circulación, como la ordenación de la actividad de carga y descarga. De este modo, se rechaza incluso el cronograma planteado por Compromís con determinados tiempos para la implantación gradual de la ZBE y sus efectos, con el único argumento de que no coinciden con los plazos propuestos en el texto original de la ordenanza. Además, también se inadmite la posibilidad de que se cree una mesa técnica de movilidad sostenible, puesto que, según se subraya en el dictamen, ese foro ya existe en el marco de seguimiento del desarrollo del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).
Por último, entre otras sugerencias significativas, también se descarta la petición formulada por el PSOE de que la ordenanza se acompañe de una memoria económica "para evitar introducir restricciones injustificadas o desproporcionadas conforme prevé el art. 130 de la Ley 39/2015", así como de un estudio de impacto económico y social en el que se evalúe "los costes y los beneficios que implica el proyecto de disposición para sus destinatarios y para la realidad social y económica, incluyendo el efecto sobre la competencia", de acuerdo con los términos de la enmienda del PSOE. Se trata de una petición auspiciada al calor de uno de los motivos que ya ha provocado la anulación parcial de la ordenanza reguladora de la ZBE de Madrid: la ausencia de estudio de impacto.
En cualquier caso, el informe técnico de resolución de las enmiendas sostiene que "el análisis del impacto socioeconómico de la implantación de la ZBE está incluido y previsto en el proyecto Técnico de la ZBE que se aprobará ligado a la tramitación de la ordenanza, según establece el El Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre", por lo que se propone la inadmisión de la propuesta.
¿Qué camino le queda por recorrer a la tramitación de la ordenanza a partir de ahora? Ya se ha convocado la comisión informativa de Presidencia, el próximo lunes, para debatir el informe de resolución de esas aportaciones antes de que el texto se someta a votación en pleno. En principio, el equipo de gobierno había previsto que la regulación pudiese debatirse en un pleno extraordinario previsto para el próximo martes, 8 de octubre: solo un día después de la comisión.
En esa sesión, se da por seguro que el texto quedará aprobado con una holgada mayoría gracias a la suma de los votos de los ediles del PP y de Vox (18 en total). A partir de ahí, el texto se someterá a exposición pública para la presentación de alegaciones. Y, tras su resolución, volverá a pleno para someterse a aprobación definitiva. De este modo, quedaría garantizada su entrada en vigor antes de que finalice 2024, con lo que se ajustaría a los plazos de implantación requeridos. En todo caso, resta por concretar si el texto definitivo propuesto puede contar con el visto bueno del Ministerio de Transporte y del Ministerio para la Transición Ecológica.