ALICANTE. Las posiciones permanecen inamovibles en el litigio planteado en torno al servicio de mantenimiento de zonas verdes de Alicante. Los servicios jurídicos municipales ya han respondido al recurso de reposición planteado por Geamur (la empresa que asumió la prestación entre 2012 y 2020) frente al auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en el que se declara que la sentencia favorable a la compañía resulta inejecutable en sus propios términos, para solicitar que el alto tribunal mantenga esa decisión, en contra de la argumentación defendida por la empresa.
Ese escrito de oposición al recurso, los servicios jurídicos municipales insisten, así, en las manifestaciones que se trasladaron al mismo TSJ en enero, después de que el Tribunal Supremo (TS) inadmitiese los recursos presentados por el Ayuntamiento y por la empresa que resultó adjudicataria del concurso convocado en 2020 (STV Gestión) y confirmase la sentencia previa del TSJ en la que se conminaba a readmitir la oferta de Geamur y a retrotraer el proceso de licitación al momento de baremación de las ofertas presentadas.
En ese momento, el Ayuntamiento presentó un incidente de inejecución de sentencia en el que señalaba que no podía recuperarse un procedimiento de licitación para adjudicar un contrato que ya había perdido su vigencia, toda vez que se había producido el vencimiento de su duración inicial. Además, insistía en que ese contrato tuvo que modificarse para dar cobertura a las nuevas zonas verdes que se habían desarrollado en la ciudad desde que se produjo la redacción de las bases del concurso, con lo que también se había encarecido su coste. Y esa sería una circunstancia a la que, según los servicios jurídicos, no podría adaptarse la oferta que Geamur presentó al concurso, ni la del resto de licitadores que concurrieron a la licitación.
Esa es la tesis que se reitera ahora para volver a reclamar que se apueste por la vía de la indemnización económica como fórmula alternativa para compensar el posible perjuicio que pudiese haberse ocasionado a Geamur después de que se acordase su exclusión en el proceso al interpretarse que incurrió en una baja anormalmente desproporcionada no justificada: la conclusión que alcanzaron los técnicos y que, después, quedó rectificada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC).
De este modo, el conflicto queda a la espera de que el TSJ vuelva a pronunciarse respecto a las dos solicitudes contrapuestas planteadas por Geamur y por el Ayuntamiento. En el supuesto de que persista en su propia decisión -ajustada a la petición municipal-, las dos partes deberán plantear su propuesta de cálculos sobre la compensación que debería concretarse en beneficio de la empresa. Y, en último término, sería el TSJ el que resolvería al respecto.
Entre tanto, el servicio sigue prestándose a través de STV Gestión, a la espera de que pueda convocarse un nuevo concurso para disponer de un nuevo contratista. Esa nueva licitación no podría acordarse hasta que no se resuelva de forma definitiva el desenlace del concurso precedente, según apuntaron fuentes municipales.