ALICANTE. Misma posición, misma estrategia. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), no da por satisfechas sus dos principales reivindicaciones formuladas como condición para asumir el uso de la antigua refinería de La Británica y continuará demandando, en primer término, que la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda acredite documentalmente que dispone de la plena propiedad del inmueble. Y en segundo lugar, que demuestre que las galerías del antiguo complejo industrial excavado en las faldas de la Serra Grossa no conllevan ningún riesgo para la salud por la presencia de gas radón o de restos de combustible.
Así lo recalcaron este martes fuentes del equipo de gobierno consultadas por Alicante Plaza, después de que este diario diese cuenta de la contestación facilitada al ayuntamiento a través de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda, en la que, precisamente, se aseguraba que no existían impedimentos para que pudiese producirse la cesión de las instalaciones que la administración local había solicitado formalmente en 2021.
En esa contestación oficial, fechada a principios de junio, se precisa que, en realidad, sí existirían garantías de que el conjunto de fincas que se traspasarían al ayuntamiento son propiedad del ministerio, a tenor de la consulta elevada con ese fin a la Abogacía del Estado. Y, al tiempo, se descartaría la existencia de un problema de contaminación generada por la presencia de gas radón, en la medida en que el mismo autor de la tesis en la que se aludía a su existencia habría precisado que se trataba de una situación normal en otros edificios situados en el subsuelo que permanezcan en abandonado y que podía subsanarse con una adecuada ventilación.
No obstante, para el equipo de gobierno, esas consideraciones continúan sin ser suficientes hasta el punto de que se esté barajando solicitar que el ministerio aporte la documentación justificativa sobre la titularidad de las fincas y que incluso se esté sopesando demandar, igualmente, la elaboración de un informe específico en el que se corrobore que las instalaciones no presentan ningún riesgo para la seguridad de la ciudadanía, toda vez que el objetivo de la solicitud de uso es, precisamente, convertir las galerías en un espacio multiusos de carácter visitable. En esta línea, podría incluso evaluarse la posibilidad de encomendar un estudio propio con ese fin, en el supuesto de que no lo procurase el ministerio.
De este modo, el Ayuntamiento persistiría en su interés de asumir la utilización del edificio siempre que quedasen disipadas sus dudas sobre ambos aspectos, como ya había señalado el propio alcalde, Luis Barcala, en una entrevista concedida a este diario, una vez superado el primer año de gobierno del mandato actual. Todo, sin que la contestación facilitada por el ministerio ahora haya colmado las expectativas del PP.
Por su parte, la portavoz adjunta del grupo municipal del PSOE, Trini Amorós, reclamó este martes al equipo de gobierno "que formalice de una vez la cesión de La Británica después de que la Dirección General de Patrimonio haya reiterado que no existe ningún impedimento para traspasar la propiedad al Ayuntamiento". "El Ministerio de Hacienda ha desmontado las excusas que ha venido poniendo el alcalde para retrasar la cesión de este patrimonio. Barcala no puede demorar más la rúbrica de ese acuerdo. Está obstaculizando el traspaso de los terrenos porque, en realidad, no tiene un proyecto para dar uso a esta propiedad y situar Alicante en el lugar que le corresponde", consideró.
En este sentido, Amorós apuntó que los socialistas concurrieron a las elecciones de 2023 "con un proyecto claro para convertir La Británica en un centro cultural polivalente mientras que el PP de Barcala ha perdido un año sin hacer nada para recuperar este espacio, poniendo palos en las ruedas al ofrecimiento del ministerio".
"La cultura no entra dentro de sus parámetros de modelo de ciudad ni de modelo turístico. Por tanto, entendemos que su visión de Alicante es la de una ciudad en la que niega las oportunidades de crecimiento colectivo a los vecinos y un turismo low cost anclado en los años 70", concluyó.