Una de las galerías de la antigua refinería de La Británica de Alicante. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda persiste en su predisposición de ceder el uso de las instalaciones de la antigua refinería de La Británica al Ayuntamiento de Alicante tras descartar que puedan existir los supuestos obstáculos que frenarían ese acuerdo, a partir de las condiciones planteadas por la administración local como requisito previo. Así se pone de manifiesto en la respuesta facilitada al Ayuntamiento al escrito remitido por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), respecto a sus condiciones para asumir el bien, en la que, no solo se rechaza la existencia de los pretendidos impedimentos objetados en esa comunicación municipal previa, sino que también se emplaza a los responsables de la administración local a confirmar si se mantiene su interés en la continuación del procedimiento de cesión para que el antiguo espacio industrial situado en las faldas de la Serra Grossa quede en manos del Ayuntamiento.
En dicha contestación, facilitada a través de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda -a la que tuvo acceso este diario- se concreta, en primer término, que tras la consulta elevada a la Abogacía del Estado, se habría confirmado que el ministerio "tiene la plena disponibilidad del inmueble" y que, por tanto, está capacitado para acordar su cesión, al margen de que deba actualizarse y "corregirse" la titularidad del recinto en el Registro de la Propiedad para "remover inscripciones antiguas". Un trámite que aludiría, en particular, a la subsistencia de una finca de pequeño tamaño que no habría sido reivindicada por los herederos de quien figuraba como su titular original a finales del siglo XIX.
Es más, respecto al acuerdo de segregación de las fincas a ceder (que resulta necesario para que se formalice el traspaso de la antigua refinería), la misma respuesta de Hacienda apunta que "puede abordarse en el mismo acuerdo de cesión". Para ello, según se explica, bastaría con precisar que la entrega a realizar al Ayuntamiento corresponde únicamente a la parcela catastral que suma 40.447 metros cuadrados de superficie, de modo que el resto de la finca seguiría figurando como de titularidad estatal.
Con esa argumentación, se considera que quedaría despejada la reticencia formulada por el Ayuntamiento, por la que aseguraba que no podía asumir la cesión de una propiedad sin tener la certeza sobre la identidad de quién era su legítimo titular. De ahí que se apremiase a Hacienda a resolver esa teórica incertidumbre, en una posición que el ministerio considera inédita en la medida en que la administración solicitante de la cesión de un bien no sería la que estaría capacitada para poner condiciones al acuerdo.
En tercer lugar, la contestación de la Delegación de Hacienda también se refiere a los supuestos problemas de contaminación por presencia de gas radón a los que aludía el escrito municipal, tras citar las conclusiones de una tesis doctoral elaborada en el marco del programa de Doctorado en Agua y Desarrollo Sostenible del Instituto del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante (IUACA), en el año 2017. Al respecto, la respuesta de la Delegación Provincial del ministerio señala que, en realidad, no existiría tal problema de contaminación en la medida en que la presencia de ese gas es común a todos los edificios construidos en subterráneo que permanecen cerrados durante un tiempo prolongado y carecen "de una ventilación adecuada".
El escrito del ministerio señala que esa es la explicación que se había recibido por parte del propio autor del estudio citado por el Ayuntamiento, con el añadido de que se trataría de una circunstancia que quedaría solucionada procurando dicha ventilación. Eso sí, se apunta que, en todo caso, la responsabilidad de procurar ese sistema de ventilación correspondería al cesionario. Es decir, al propio ayuntamiento. Así como el resto de trabajos que resultasen necesarios para adecuar las galerías al fin pretendido.
De ahí que el ministerio dé por resueltos los condicionantes apuntados por el Ayuntamiento y le conmine a confirmar si continúa interesado en asumir las instalaciones para que pueda completarse el proceso de cesión, sobre el que el ministerio ya había informado favorablemente hace dos años, en julio de 2022, después de que la administración local aportase el proyecto de gestión con el detalle del destino que se pretendía dar al recinto, y la inversión estimada que se requeriría para ello.
Como informó este diario, en dicha propuesta se contemplaba la adaptación y recuperación del inmueble con el fin de convertirlo en un centro multiusos en el que pudiesen organizarse conciertos, exposiciones o incluso congresos o eventos de pequeño formato, al margen de que también se pusiese en valor la construcción del propio edificio como un ejemplo de arquitectura industrial único.
Está por ver cuál puede ser, a partir de ahora, la posición que pueda manifestar el equipo de gobierno a la vista de la respuesta facilitada por el ministerio. Por lo pronto, el alcalde, Luis Barcala, reiteró en una entrevista concedida a este diario que el ayuntamiento seguía interesado en asumir el uso de La Británica como elemento arquitectónico único en Europa para promover su recuperación como centro multiusos de carácter visitable siempre que el ministerio respondiese a los dos requisitos que se le habían planteado, a los que ahora se les da respuesta.
En esa misma entrevista, el primer edil apuntó, además, que el proyecto de recuperación de las instalaciones de La Británica (en el supuesto de que se acabase consiguiendo su cesión) debía quedar supeditado a la participación de varias administraciones por el volumen de la inversión requerida para que pudiese acondicionarse. De ahí que contemplase la posibilidad de que se solicitase financiación a través de las distintas convocatorias de ayudas de la Unión Europea.
