ALICANTE. El embrollo urbanístico de Torre Placia, en el Plan Parcial La Condomina, ya tiene las primeras cifras concretas: un coste de más de 1,7 millones para el erario público. Según pudo constatar Alicante Plaza de fuentes conocedoras de la operación, el Ayuntamiento de Alicante acaba de cerrar un acuerdo de compra con los propietarios del inmueble por esa cantidad para poder llevar a cabo su traslado a otra ubicación, en cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en 2004.
En ese fallo, el alto tribunal declaró nula la licencia concedida bajo el mandato del Partido Popular (PP) a una promotora para levantar 40 viviendas en una parcela colindante con el edificio en cuestión: uno de los baluartes defensivos declarado Bien de Interés Cultural (BIC) que forma parte del conjunto de las llamadas Torres de la Huerta. Siete años después, en 2013, el mismo tribunal ordenó la ejecución de esa sentencia con una resolución en la que forzaba a demoler las viviendas construidas de modo indebido en el entorno de protección de un BIC. Esa resolución afectaba a 11 de los 40 inmuebles levantadas en un radio de 25 metros de la Torre. Sin embargo, la representación legal del Ayuntamiento promovió una fórmula de ejecución alternativa a los derribos: el traslado del baluarte hasta otro emplazamiento próximo, de propiedad municipal, para, además, promover su restauración y mejorar su tratamiento como patrimonio cultural.
El TSJ aceptó ese plan B al considerar el arraigo social de los residentes de esas viviendas y los costes económicos en concepto de indemnización a los que hubiese tenido que hacer frente el Ayuntamiento en caso de demolición. Esos costes se cifraron entonces en más de 3,4 millones, según se reflejó en la propuesta formulada por el Ayuntamiento. Finalmente, el Ministerio de Cultura dio su visto bueno al traslado del inmueble (un requisito indispensable al tratarse de un BIC) el pasado mes de mayo.
Con esa tramitación, el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Patrimonio que coordina la edil Sofía Morales (PSOE), pudo avanzar en las negociaciones con los dueños de Torre Placia que acaban de fructificar ahora con una rebaja de cerca de medio millón respecto al precio inicial que se había planteado para formalizar la venta, según las mismas fuentes. La operación sólo estaría pendiente de la adopción oficial del acuerdo, que podría aprobarse en menos de dos semanas.
No obstante, el coste público de la anulación de la licencia que se concedió de modo indebido en el año 2010 no acaba ahí. El Ayuntamiento debe licitar ahora los trabajos de desmontaje y traslado de la Torre, lo que supondrá un gasto adicional todavía por concretar. Como publicó este diario, en un principio, el Ayuntamiento había previsto que toda la operación (compra y traslado) podría llegar a suponer un desembolso de cuatro millones.