Alicante apremia a Cultura para cumplir la condena de Torre Placia: 4 millones por su compra y traslado

ALICANTE. El Ministerio de Cultura da, al fin, los primeros plazos para desbloquear la ejecución de la condena del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) sobre Torre Placia: la que obliga a trasladar ese monumento, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), o a demoler el conjunto de bungalos construidos a menos de 25 metros, en Azalea Golf, con permiso municipal concedido en el año 2000. El Ayuntamiento de Alicante optó a finales de 2015 por la primera de las alternativas: desplazar la Torre a unos 400 metros de su emplazamiento actual. Para ello, requiere de la autorización expresa del ministerio, dado el carácter protegido del inmueble, que forma parte del conjunto protegido de las llamadas Torres de la Huerta. Y esa autorización podría llegar finalmente en un plazo de entre uno y tres meses, de acuerdo con el compromiso manifestado este jueves por el director general de Cultura, Luis Lafuente, en el transcurso de una entrevista de trabajo celebrado en Madrid con la concejal de Patrimonio de Alicante, Sofía Morales (PSOE). 

Según Morales, Cultura elevará la propuesta de autorización al Consejo de Ministros en cuanto el ayuntamiento aporte dos últimos documentos para completar el expediente. El primero consiste en un informe en el que se justifique las circunstancias sociales que hacen necesario el traslado del BIC. Se trata, según la edil, de argumentar que el desplazamiento es la opción menos mala para dar cumplimiento a la sentencia, ya que el derribo de las viviendas (la alternativa) conllevaría poner fin al arraigo de las familias residentes.

El segundo es un dictamen que acredite la conveniencia del lugar elegido para el traslado. Según Morales, no habrá problema para cumplir ese requisito, ya que la elección de ese emplazamiento no es azarosa: se trata de un pequeño parque público situado a menos de 400 metros de la ubicación actual de la torre. En esa zona, según la edil, se garantizará la continuidad de la línea visual con la que se construyó el conjunto de las Torres de la Huerta, entre los siglos XVI y XVII, como baluartes de vigilancia desde los que se debía comunicar la llegada de piratas.

La concesión de ese permiso por parte del Consejo de Ministros daría alas al Ayuntamiento para tratar de cerrar un acuerdo económico (en principio de compra, sin llegar a la expropiación) con los propietarios de la Torre con los que, al parecer, ya se está en conversaciones. Hasta la fecha, según Morales, no hay ningún precio cerrado pero sí se ha barajado una cifra de 4 millones para el conjunto de costes derivados de la operación de traslado.        

El Ayuntamiento de Alicante trató de dar cumplimiento a la sentencia del TSJ, dictada en 2014 y ratificada por el Tribunal Supremo (TS) menos de un año después, durante la pasada primavera. Sin embargo, la situación de interinidad del Gobierno central impidió que se avanzase en los trámites de autorización. El equipo de Gobierno (PSOE, Guanyar y Compromís) decidió reanudar los contactos con el Ministerio de Cultura en cuanto se dio vía libre a la formación del nuevo Ejecutivo.

Los bungalós construidos en el entorno del BIC, cerca de 40 viviendas, obtuvieron licencia en el año 2000, bajo el mandato del PP. La primera sentencia contraria a la concesión de esa licencia llegó en 2004 y el litigio se alargó durante diez años.