ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante garantiza la prestación del servicio de mantenimiento de zonas verdes tras la decisión del Tribunal Supremo (TS) anticipada por Alicante Plaza que da por ratificada la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en julio de 2022. En esa resolución, el alto tribunal autonómico conminaba al ayuntamiento a retrotraer el concurso convocado en 2019 para contratar ese servicio al momento de la valoración de las ofertas presentadas. En ese trámite, se debía readmitir la propuesta presentada por la empresa Geamur (la compañía que había venido asumiendo la prestación al menos durante las dos últimas dos décadas precedentes), al considerar que sí había acreditado de forma justificada el precio propuesto para asumir el encargo, en contra de lo que resolvieron los informes técnicos, en los que se basó su exclusión del proceso.
Tanto el ayuntamiento como la empresa a la que se le acabó concediendo la adjudicación, STV Gestión, recurrieron esa sentencia en casación. No obstante, el TS resuelve ahora la inadmisión de esos recursos por motivos formales, al considerar que no se había justificado la concurrencia de las infracciones procesales aludidas como fundamento de sus impugnaciones frente a la sentencia del TSJ. Contra la decisión del TS no cabe recurso, lo que aboca al ayuntamiento a recuperar el concurso de 2019 con una nueva valoración del conjunto de los licitadores que dé lugar, también, a una nueva propuesta de clasificación.
Por lo pronto, portavoces del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), precisaron este jueves que, al menos temporalmente, la prestación seguirá en funcionamiento a cargo de STV Gestión, la empresa que asumió el contrato en enero de 2021 (entonces, con el aval del TSJ), ante la imposibilidad de dejar a la ciudad sin servicio.
Esa situación se mantendrá, como mínimo, hasta que los servicios jurídicos municipales puedan estudiar y analizar el alcance de la decisión del TS que, según las mismas fuentes, no habría sido comunicada oficialmente todavía al ayuntamiento. A partir de ahí, se valorarán los pasos a seguir, sin que, por ahora, se haya planteado revocar la prórroga de un año de duración ya concedida a STV Gestión para que continuase prestando el servicio hasta 2025 (la duración del contrato original vencía en enero de 2024).
En todo caso, las mismas fuentes incidieron en que todas las decisiones adoptadas en el proceso administrativo de contratación objeto del litigio se basaron en las conclusiones recogidas en los informes técnicos sobre la valoración de las ofertas. De ahí que se siguiese el criterio que se apuntaba en ellos, tanto por lo que respecta a la exclusión de Geamur, como por lo que concierne a la adjudicación en favor de STV Gestión.
Entre tanto, representantes de Geamur consultados por Alicante Plaza apuntaron que, a juicio de su gabinete jurídico, la providencia del TS deja poco espacio para la interpretación en la medida en que confirma la sentencia del TSJ en la que se da por anulado el acuerdo de adjudicación y se fuerza a acordar una nueva evaluación del conjunto de las ofertas concurrentes al concurso.
Según las mismas fuentes, a partir de ahora, se abre un plazo de dos meses para que el ayuntamiento dé cumplimiento a esa sentencia del alto tribunal autonómico, recuperando el proceso de licitación de 2019. En caso de que no se den pasos en esa dirección, sería Geamur quien solicitaría la ejecución de sentencia ante el TSJ, una vez consolidada su firmeza, tras descartar la opción que tenía su alcance desde julio de 2022 de solicitar su ejecución provisional.
Al tiempo, fuentes jurídicas consultadas añadieron, también, que la reactivación del procedimiento de licitación podría quedar sometido a una actualización de precios del servicio, toda vez que las circunstancias de la prestación se han modificado desde la convocatoria del concurso, hace cuatro años.
En esta línea, se ha incorporado la obligación de mantener las nuevas zonas verdes desarrolladas en la ciudad (entre ellas, el Parque del Mar, cedido por el Puerto al ayuntamiento), lo que forzó a ampliar el precio del contrato en cerca de un millón adicional. Así, estaría por ver si el conjunto de los licitadores que presentaron oferta estarían dispuestos a mantener su interés en asumir la prestación con esas nuevas condiciones.
Sea como fuere, la resolución del TS ya generó este jueves distintas valoraciones por parte de los grupos que ejercen funciones de oposición. En esta línea, el PSOE no dudó en exigir "responsabilidades al alcalde, Luis Barcala, tras el pronunciamiento judicial relativo al proceso de contratación del servicio de mantenimiento de zonas verdes de Alicante". En concreto, el edil Raúl Ruiz, advirtió de que la prórroga del servicio que el equipo de gobierno del PP firmó de cara al próximo año queda en el aire y las consecuencias, a un mes y medio de que entre en vigor esa extensión del contrato, ponen contra las cuerdas a los responsables municipales".
"El PP ha tenido tiempo de sobra para licitar un nuevo contrato que garantice tanto la prestación del servicio como la seguridad jurídica de las empresas que lo prestan. Si no lo han hecho es porque prefirieron prorrogar un contrato ilegal a todas luces antes que licitar uno nuevo con las garantías que les ha exigido ahora el Tribunal Supremo en la nueva resolución", ha subrayado el concejal.
"Hace más de un año que el TSJ señaló a Barcala por las irregularidades en la contratación del mantenimiento de zonas verdes y el alcalde no movió un dedo para arreglarlo. Ahora, nos deja un contrato que nunca debió iniciarse, como acaba de confirmar el Tribunal Supremo, y una prórroga que el PP firmó para el año que viene y que no va a poder llevarse a cabo al tratarse de una adjudicación irregular. ¿Qué va a pasar con las zonas verdes en poco más de un mes?", se cuestionó Ruiz.
En esta línea, destacó que "esta es la tercera mayor contrata en volumen económico de la ciudad" y reprochó al alcalde que "ni siquiera haya sido capaz de garantizar que el 1 de enero de 2024 se seguirán manteniendo las zonas verdes". En esa línea, incidió en que "no será porque Barcala no estaba avisado, puesto que no sólo se lo dijo el TSJ el pasado año, también lo advertimos desde la oposición durante el anterior mandato, cuando se supo que este contrato estaba bajo investigación judicial".
Así, añadió que "el balance con el mantenimiento no puede ser más desastroso. Desde julio de 2018, Alicante padeció dos años y medio sin un contrato en vigor y ahora todo indica que volverán a relegar a nuestros parques y jardines a la misma situación de precariedad desde el próximo 1 de enero", apuntó, a través de un comunicado, pese a que el equipo de gobierno ya ha garantizado la continuidad (al menos temporal) de la prestación.
En segundo término, la edil de Compromís, Sara Llobell, consideró que el mantenimiento de zonas verdes es "un servicio privatizado que, como comprobamos por la resolución del TS, no tiene ningún control municipal desde el proceso de contratación. Lo que reclamamos al gobierno de Barcala, aparte de cumplir la resolución, es que pelee para que los trabajadores no salgan perjudicados de esta condena no recurrible y el servicio no se resienta. Otra chapuza más del gobierno de Barcala que irá en perjuicio del servicio prestado".
Por último, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, apuntó su preocupación "por la situación en que van a quedar la plantilla de ambas empresas, afectadas por esta decisión judicial. Este contrato no es menor y las decisiones tienen consecuencias en muchas familias trabajadoras. Lógicamente no queda más que cumplir la resolución judicial del Supremo, pero ¿por qué el Partido Popular no licitó este nuevo contrato con las suficientes garantías y prorrogó el contrato cuando había muchas posibilidades de que pasara lo que ha pasado? Volvemos a la casilla de salida", incidió.
En segundo lugar, añadió que "cuando reclamamos la remunicipalización de servicios, es precisamente para evitar este tipo de situaciones. El ayuntamiento externaliza la gestión de las zonas verdes y se desentiende. Es la tónica habitual en todas las cuestiones relativas a servicios que deberían ser municipales, pero que se externalizan y quedan en manos, exclusivamente de la empresa de turno, cuando la responsabilidad es municipal". "En el caso de que este servicio fuera estrictamente municipal y público no habríamos llegado hasta el momento en el que nos encontramos", concluyó.