ALICANTE. La Zona Acústica Saturada (ZAS) que el equipo de gobierno de Alicante (compuesto por PP y Cs) pretende instaurar en las calles del Centro Tradicional en las que existe una mayor concentración de negocios hosteleros incluirá medidas de control de las emisiones de ruido singularizadas para cada local. Tan es así que podría darse la circunstancia de que se aplique un control específico sobre un establecimiento determinado, pero no sobre el que esté posicionado justo enfrente, según precisaron fuentes municipales consultadas por Alicante Plaza.
Como avanzó el edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, en el transcurso del pleno de diciembre, este jueves, el plan de actuación que diseña ese departamento contempla la captación de mediciones acústicas tramo por tramo de cada calle para precisar en qué puntos resulta "objetivamente necesario" tomar medidas con el propósito de evitar impugnaciones que puedan revertir su aplicación por falta de fundamentación. Así, según las mismas fuentes, se trataría de definir medidas particularizadas, en función de las necesidades de cada caso.
¿Qué tipo de medidas se estaría barajando exigir a aquellos negocios que incumplan claramente el nivel de emisiones sonoras? Oscilarían entre la reducción de horarios de funcionamiento, el recorte en el número de veladores autorizados, la exigencia de insonorización, o el requerimiento de instalación de sistema de doble puerta para evitar la propagación del ruido al exterior. En algunos supuestos, podría combinarse varias de esas exigencias o restricciones.
Además, según las mismas fuentes, se pretende extender el expediente de declaración de ZAS al ámbito del Casco Antiguo -popularmente conocido como El Barrio-, después de que se haya evidenciado que, en algunas de sus calles, también existe una excesiva concentración de establecimientos que estaría provocando la superación de los niveles límite de ruidos regulados en la Ley valenciana de Protección contra la Contaminación Acústica.
Las mismas fuentes precisaron que los técnicos de Medio Ambiente estarían evaluando si esas medidas adicionales sobre el Casco Antiguo pueden tener encaje en la misma ZAS del Centro Tradicional, o si resulta imprescindible tramitar un segundo expediente independiente, como el que se abrió en diciembre de 2019 en el caso del Centro Tradicional. Es decir, un mes después de que el Juzgado de lo Contencioso número 4 de Alicante conminase al Ayuntamiento a acordar la declaración de ZAS reclamada por los residentes, al concluir que las emisiones de ruido confirmadas a través de un informe pericial independiente estaba generando una vulneración de derechos fundamentales protegidos en la Constitución: el derecho a la igualdad, el derecho a la integridad física, el derecho a la intimidad personal y familiar, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la protección de la salud, el derecho al medio ambiente adecuado a la vida y el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
La aplicación de restricciones con motivo de la covid, a partir de marzo de 2020, paralizó el desarrollo del expediente de declaración de la ZAS, y no se llegó a reactivar hasta pasado el verano de 2021, cuando decayeron esas medidas de prevención de contagios. No obstante, en diciembre de ese mismo año, el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) revocó la sentencia de primera instancia tras admitir los recursos de apelación presentados por el Ayuntamiento, por la Asociación de Locales de Ocio y Restauración (Alroa) y por algunos hosteleros, a título particular.
Como informó este diario, los residentes acudieron en casación hasta el Tribunal Supremo (TS), pero el alto tribunal ratificó la resolución del TSJ e inadmitió su recurso al considerar que la Asociación de Vecinos carecía de legitimidad para reivindicar la vulneración de derechos fundamentales que pertenecen a la esfera individual. De ahí que algunos de los residentes del Centro hayan iniciado un nuevo contencioso con la misma fundamentación, que sigue en fase de tramitación en el Juzgado de lo Contencioso Número 3.
De hecho, en ese nuevo proceso ya se ha adoptado las primeras decisiones relacionadas con las pruebas planteadas. En concreto, según fuentes consultadas, el titular del juzgado ha inadmitido la solicitud cursada por los recurrentes para que se realice un nuevo informe pericial de mediciones en las calles del Centro Tradicional -como el que se elaboró con motivo del primer contencioso- con el objetivo de constatar la superación de los límites de ruido. En esa inadmisión, se habría argumentado que la prueba no resultaba necesaria, lo que no conlleva que se esté prejuzgando sobre el fondo del asunto, según las mismas fuentes.
Entre tanto, los representantes del bipartito -entre ellos, el mismo Villar- sigue insistiendo en que se implantará la ZAS aunque no exista un pronunciamiento judicial que obligue a ello. En esta línea, en el pleno de diciembre también aseguró que ese estudio previo y el diseño de medidas correctoras está "bastante avanzado", con lo que podría aplicarse en el primer trimestre de 2023. No obstante, representantes de la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional consultados mantuvieron sus dudas al respecto al insistir en que el expediente se inició hace tres años y todavía no se ha tomado ninguna decisión "con lo que esto sigue siendo una verbena permanente".
En esa línea abundaron también los representantes de PSOE, Unides Podem EU y Compromís durante el debate suscitado en el pleno de diciembre, al incidir en que el equipo de gobierno seguía sin aprobar la ordenanza del ruido prometida a finales del pasado mandato y que tampoco se había impulsado la nueva ordenanza de ocupación de vía pública con la que se prevé modificar los horarios de funcionamiento de la hostelería. Fuentes del equipo de gobierno añadieron al respecto que su tramitación queda pendiente de que pueda fijarse una nueva sesión del Consejo Local de Comercio -la que debía celebrarse a principios de mes quedó desconvocada- en la que se pueda conceder una prórroga para el traslado de los puestos de artesanía de La Explanada. Ese acuerdo debe incorporarse a la ordenanza, según las mismas fuentes.