La Torre Placia, integrada en el conjunto de las Torres de la Huerta, catalogadas como Bien de Interés Cultural (BIC). Foto: RAFA MOLINA ALICANTE. Ahora sí. Alicante pone el contador a cero para ejecutar el traslado de Torre Placia: uno de los baluartes defensivos que forma parte del conjunto patrimonial de las Torres de la Huerta, reconocido como Bien de Interés Cultural (BIC) en 1949. La Concejalía de Urbanismo y Patrimonio que coordina la edil Rocío Gómez ha cerrado el proceso de revisión del proyecto, tras los últimos matices introducidos por el Ministerio de Cultura para garantizar la conservación del monumento y su contextualización histórica en el trámite de concesión de su autorización definitiva, lo que ha conllevado, además, la consiguiente actualización de costes desde que se formalizó la adjudicación del contrato, a finales de 2019.
Esos ajustes conllevan un incremento de precio del 19,97% respecto al coste original, cifrado en 1.407.174,22 euros (al margen de otros 81.519,03 por la redacción de proyecto), lo que supone que la actuación se encarecerá en 281.084,47 euros hasta un total de 1.688.258,69 (que se añaden, a su vez, a los 1,7 millones que el Ayuntamiento tuvo que destinar a la compra del monumento). Con todo, se trata de un aumento que tendría encaje en el mismo contrato, sin que resulte necesario convocar un nuevo concurso para encomendar su ejecución, de modo que la actuación seguirá quedando a cargo de la empresa especializada en rehabilitación de patrimonio Estudio Métodos de la Restauración.
De hecho, el departamento de Contratación trabaja ya en la modificación del contrato para acelerar la puesta en marcha de los trabajos, tras cuatro años de bloqueo en los que ha terciado la controversia respecto a qué administración era la competente para conceder el permiso definitivo para mover el BIC de su emplazamiento original: la Generalitat, a través de la Conselleria de Cultura, o el Gobierno, por medio del ministerio de ese mismo ámbito.
Después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resolviese que la decisión recaía en el Ministerio de Cultura, la espera terminó, finalmente, el pasado octubre con un informe favorable de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes en la que se validaban las últimas modificaciones introducidas por el Ayuntamiento de Alicante en el proyecto de ejecución del traslado, como respuesta al requerimiento formulado por la propia Dirección General en el arranque de 2023, como informó este diario.
De este modo, entre los meses de enero y febrero, la modificación del contrato debería dar alas a la realización de los trabajos de desmontaje del baluarte y su consiguiente reconstrucción pieza a pieza en el nuevo emplazamiento propuesto por el Ayuntamiento ya avalado por Cultura: una parcela de zona verde de titularidad municipal situada entre las Avenidas Pintor Pérez Gil y Conrado Abaladejo y la calle Juana Francés. En esa ubicación se garantizaría su contextualización histórica, de interrelación con el resto de Torres de la Huerta, al encontrarse a unos 200 metros de distancia de su emplazamiento original.
Así, el traslado del inmueble dará cumplimiento veinte años después a la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en 2004, en la que anulaba la concesión de licencia para la construcción del residencial Azalea Golf, posicionado en los límites del entorno de protección de la torre, y se conminaba a ejecutar la demolición de 11 de sus 40 viviendas. No obstante, el Ayuntamiento planteó el traslado de la torre como solución alternativa para acatar esa sentencia, con el fin de no generar desarraigo a los propietarios y evitar que el Ayuntamiento quedase abocado al pago de compensaciones millonarias. El TSJ aceptó esa fórmula y, finalmente, el Consejo de Ministros también avaló la operación, en 2017, aunque la autorización definitiva por parte del Ministerio de Cultura se hizo esperar hasta el pasado octubre.
