ALICANTE. Al Ayuntamiento de Alicante no le ha quedado otra salida efectiva más que tramitar una nueva ordenanza fiscal reguladora del cobro de las plusvalías (el impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, IIVTNU). El equipo de Gobierno, ahora compuesto por 8 concejales del PP en una corporación de 29 ediles, prevé aprobar el próximo lunes en comisión de Hacienda -y en pleno tres días después, el jueves- la nueva regulación municipal que suple a la que se aprobó en 1989, después de enfrentarse a un extenso debate legal sobre la vigencia de aquel acuerdo en varios contenciosos presentados por empresas y particulares en los que se habrían acumulado distintas sentencias anulatorias de la recaudación de dicho tributo.
Según figura en la propia propuesta de acuerdo, el fallo que habría resultado definitivo en esa disputa jurídica fue el emitido por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en abril de 2014, en el que, como publicó este diario, se declaró la nulidad de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto en cuestión, al concluirse que no existía prueba de que se hubiese aprobado un acuerdo previo de imposición del referido impuesto, cuando se trata de un trámite indispensable para que pueda existir una ordenanza fiscal reguladora de su cobro. Esa sentencia motivó que se anulase el cobro de diferentes recibos con la consiguiente pérdida de ingresos para el Ayuntamiento.
Así, ahora se plantea el acuerdo de imposición de ese tributo y se aprueba de nuevo la ordenanza (previa derogación de la anterior). En el trámite, además, se aprovecha para ajustar el texto a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de mayo de 2017, en la que se establecía que los ayuntamientos no podían recaudar el impuesto de plusvalía en los casos en los que se produjesen ventas de inmuebles a pérdida. En esta línea, se incorpora un artículo en el que se establece que "no se producirá sujeción del impuesto en las transmisiones del terrenos respecto de las cuales el sujeto pasivo acredite la inexistencia de incremento de valor, por diferencia entre los valores reales de transmisión y adquisición del terreno".
La propuesta ya ha pasado por la Junta de Gobierno pero debe quedar refrendada por mayoría simple (más votos a favor que en contra) del pleno de la corporación. Todo parece indicar que contará con los votos necesarios, ya que de lo que se trata es de cerrar la puerta a que pueda anularse la recaudación del impuesto en el caso de que se presenten nuevas reclamaciones en los juzgados. No obstante, lo cierto es que la urgencia con la que se ha tramitado el nuevo acuerdo ha causado malestar en las filas de PSOE, Guanyar, Ciudadanos y Compromís, en la medida en la que se les ha concedido un plazo exprés, regulado por decreto de Alcaldía, para conocer la propuesta y poder posicionarse.
Como también ha informado Alicante Plaza, al margen de la falta de un acuerdo de imposición del tributo existe un segundo incidente administrativo que ha provocado la anulación de algunas liquidaciones por sentencia judicial. Se trata de la inexistencia de un Tribunal Económico Administrativo encargado de resolver los recursos que cualquier ciudadano pueda presentar sobre cuestiones relacionadas con el cobro de impuestos, entre otras. Ese órgano es de obligatoria constitución para los municipios de más de 250.000 habitantes desde el año 2003, como establece la Ley de Régimen de Bases Local, y no ha sido hasta este ejercicio cuando se ha previsto una primera dotación económica necesaria para crearlo a través de los presupuestos municipales. Eso sí, todavía no está formalmente en funcionamiento ni se ha concretado su composición, aunque sí se ha planteado una propuesta por parte de la Concejalía de Hacienda para acordar su configuración.