ALICANTE. Alicante cubre otra etapa en el proceso de implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con la reapertura al tráfico de los últimos tramos de la calle General Marvá que permanecían cerrados a la circulación con motivo de su renovación urbanística. El avance de los trabajos en ese ámbito permitió, este jueves, reestablecer el tránsito por completo en el eje comprendido entre las escalinatas del IES Jorge Juan y el parque de Canalejas.
Las obras de reurbanización y calmado del tráfico continúan desarrollándose, en labores de jardinería y de instalación de mobiliario urbano, con la previsión de que puedan completarse en las próximas semanas. Con todo, como mínimo sí se habría cumplido con el compromiso de que las vías afectadas volviesen a readmitir el paso de vehículos antes de 31 de diciembre, después de que el Ministerio de Transportes haya concedido a Alicante (así como a otros ayuntamientos del país) una prórroga de un año más para la finalización de los proyectos de obra civil cofinanciados con fondos europeos que debían haber quedado concluidos a cierre de 2023.
De este modo, ese primer paquete de reurbanización de calles vinculados a la ZBE dispondrán de margen hasta 31 de diciembre de 2024 para su finalización, a lo que se añade, además, una segunda extensión de plazo hasta diciembre de 2025 para el resto de proyectos que debían estar ejecutados a finales del próximo año, según confirmaron este jueves fuentes municipales, a consulta de Alicante Plaza.
En concreto, esos proyectos todavía pendientes de desarrollo que quedan integrados en el marco de la ZBE son la adquisición de 23 autobuses 100% eléctricos, la instalación de su estación de carga en las cocheras adscritas al servicio de transporte y la reforma de la avenida de Aguilera para habilitar un carril reservado de forma específica para los autobuses urbanos.
En principio, se da por seguro que los dos primeros proyectos no agotarán ese nuevo plazo concedido ahora, ya que tanto la incorporación de los nuevos autobuses eléctricos como la puesta en marcha de su estación de carga se han programado para el primer trimestre del próximo ejercicio. Está por ver, eso sí, cuál puede ser el nuevo cronograma para la reforma de la avenida de Aguilera, toda vez se trata de una actuación que el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), pretende acompasar con la construcción de un nuevo aparcamiento subterráneo que contribuya a paliar la falta de plazas de estacionamiento en el barrio de Benalúa, como informó este diario.
A esas dos primeras prórrogas, que han permitido ampliar, también, el plazo para el despliegue de los sensores de la red de control de la ZBE sobre los anillos de la Gran Vía y el trazado de Doctor Gadea, Federico Soto y Alfonso el Sabio, se añade la solicitud que el área de Planes Estratégicos y Proyectos Europeos ha elevado al Ministerio para la Transición Ecológica respecto a las obras de reurbanización de la avenida de Jijona, cofinanciadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae), en las que se acumula un retraso de casi seis meses.
Con todo, se prevé que su ritmo de ejecución pueda acelerarse con la entrada de 2024, tras el acuerdo alcanzado este mes de diciembre con la empresa adjudicataria, Grupo Bertolín, por el que se garantiza su continuidad, sin necesidad de resolver el contrato y convocar un nuevo concurso.
No obstante, al margen de la ejecución de los distintos proyectos de obra civil, el equipo de gobierno todavía continúa trabajando en el elemento clave que marcará el funcionamiento de la ZBE: la elaboración de su ordenanza reguladora específica. Fuentes municipales precisaron que esa normativa sigue en fase de redacción por parte de los técnicos municipales, sin que se haya dado a conocer ningún avance sobre su contenido específico más allá del descarte de que vaya a contemplarse la aplicación de restricciones de acceso.
Hasta el momento, el equipo de gobierno ha venido manteniendo que la ZBE no implicará la imposición de multas ni limitaciones para la circulación de ningún tipo de vehículo con el argumento de que en la ciudad de Alicante, por su configuración abierta al mar, no se da la superación de los niveles de contaminación establecidos para que puedan acordarse prohibiciones al tránsito.
Con todo, como ha informado este diario, el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento persiste en su exigencia de conocer el contenido de esa ordenanza, al incidir en que el proyecto de ZBE que se elevó a la consideración del ministerio para optar a la concesión de fondos europeos sí se preveía un régimen sancionador en los supuestos en los que se produjesen incumplimientos de las limitaciones a imponer en caso de que se detectasen altos niveles de polución. De hecho, Vox ha vuelto a supeditar su posición respecto a las cuentas municipales de 2024 a que se facilite información sobre esa regulación con carácter previo al debate del proyecto presupuestario.