ALICANTE. La concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de la basura de Alicante, una unión temporal de empresas (UTE) participada por el controvertido promotor Enrique Ortiz, reforzará la prestación del contrato durante la Semana Santa para garantizar que la escena urbana ofrece la mejor imagen posible en el periodo en el que, junto al verano, se prevé una mayor afluencia de visitantes.
Ese refuerzo, que también se hará extensivo al día de la Romería de Santa Faz, se intensificará fundamentalmente en los principales puntos de interés turístico: desde el paseo del Puerto hasta el Casco Antiguo y Centro Tradicional. Así lo avanzó este miércoles el edil responsable del área, Víctor Domínguez (Guanyar), ante los miembros de la Mesa de Limpieza, a los que también adelantó la inminente puesta en marcha de una campaña pública de concienciación entre la ciudadanía para "atajar malos hábitos" o la activación de un enlace en la web municipal con toda la información sobre puntos de limpieza.
La Semana Santa será la primera gran prueba de fuego de los ajustes llevados a cabo en la contrata tras las críticas vertidas por los grupos de la oposición, vecinos y representantes de colectivos empresariales vinculados al sector turístico sobre la sensación de suciedad registrada durante la pasada temporada estival. Entre esos cambios, figura, por ejemplo, la incorporación de nueva maquinaria (como las sopladoras mecánicas) y la reconfiguración de la periodicidad de barridos y baldeos.
Domínguez también detalló, ante la Mesa de Limpieza, que se está ultimando la negociación para poner en práctica una prueba piloto en los barrios de la Zona Norte que afectará al sistema de barrido. Según el edil, se trata de sustituir una mayor periodicidad en el barrido manual por los barridos mecánicos con sopladoras, de modo que pase de seis días a la semana (como se venía aplicando en algunos casos) a sólo dos días, pero con el apoyo de esas máquinas más efectivas. Los otros cuatro, según Domínguez, se aplicará un refuerzo mecanizado, de modo que se retirarían sólo los enseres y residuos de mayor tamaño.
Por último, expuso su propuesta para redefinir los términos de la auditoría sobre la prestación del contrato que la concesionaria está obligada a financiar con una aportación de 50.000 euros. En esta línea, apuntó que, en lugar de centrarse en el índice de absentismo, como los estudios que se han venido contratando hasta ahora, sería conveniente que la nueva auditoría analizase el estado real de la limpieza, la respuesta que se da ante las incidencias o en cómo se cubren las bajas de trabajadores, que es lo que realmente repercute en la prestación del servicio. Esa propuesta estaba abierta a sugerencias de los grupos de la oposición.