Alicante aprieta a la UTE de Ortiz: recorta 7,7 millones su contrato y le impone más limpieza 

ALICANTE. El Gobierno del cambio trae cambios de calado en la mayor contrata del Ayuntamiento de Alicante. El tripartito surgido de las municipales de 2015 (PSOE, Guanyar y Compromís) pretende asestar un drástico tijeretazo al contrato del servicio de recogida de la basura y limpieza viaria, adjudicado por el PP de Sonia Castedo a UTE Alicante -una alianza de empresas participada por el controvertido constructor Enrique Ortiz-, que le restará nada menos que 1,5 millones anuales en pagos municipales. Hasta 7,7 millones en el cómputo global por los cinco años que restan de contrato. Así, en el momento de su extinción, en el año 2021, la concesionaria acabará embolsándose 285,2 millones de euros, frente a los 293 previstos inicialmente. 

Según pudo constatar Alicante Plaza, el recorte se hará compatible, además, con un refuerzo en la segunda vertiente de la prestación, la que atañe a la limpieza viaria de la ciudad, que ha sido, precisamente, uno de los flancos por los que más críticas le han llovido al nuevo equipo de Gobierno en su primer año y medio de mandato por las supuestas deficiencias registradas en determinadas épocas del año. Entre ellas, durante la última campaña estival con el consiguiente impacto que, según se adujo desde los bancos de la oposición y desde varios sectores empresariales, pudo ocasionar sobre los intereses turísticos de la ciudad.

La compleja ecuación que supone menos coste, más servicio cuadra gracias a una redistribución de las encomiendas de trabajo por causas previstas en el propio pliego del contrato. En primer lugar, los planes de la Concejalía de Medio Ambiente, Limpieza, Residuos y Zonas Verdes que coordina Víctor Domínguez (Guanyar), pasan por reducir horas de funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos de la partida de Fontcalent al eliminar el llamado cuarto turno. Se trata del refuerzo que implantó en 2014 el anterior Gobierno del PP para dar acogida fundamentalmente a los desechos procedentes de la comarca de la Vega Baja (sin vertedero legalmente autorizado y pendiente de construcción, tras la resolución de la adjudicación a otra UTE participada por Ortiz, supuestamente amañada a cambio de dádivas al ex presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, según el sumario del caso Brugal). Con todo, también se amparaba la llegada de basura de poblaciones del sur de la provincia de Valencia, como Xàtiva y otras poblaciones de La Costera. 

EL PP IMPLANTÓ EL CUARTO TURNO TRAS ADMITIR LA LLEGADA DE HASTA 122.000 TONELADAS DE BASURA DE POBLACIONES DE VALENCIA Y DE LA VEGA BAJA; EL CONSELL HA REDUCIDO ESE CONCEPTO A SÓLO 45.000 

Aquel acuerdo permitía la entrada de un máximo de hasta 122.000 toneladas de residuos ajenos al año, lo que -según los términos del pliego- obligaba a ampliar la actividad de las instalaciones, y en buena lógica, de las horas de trabajo de los operarios a su cargo para poder tratar ese volumen adicional de desechos. Ahora, tras el acuerdo de redistribución del flujo de residuos acordado el pasado mes de mayo por la Dirección General de Cambio Climático de la Conselleria de Medio Ambiente, se establece que la basura procedente del sur de Valencia se tratará en plantas existentes en esa provincia, de modo que para la planta de Fontcalent se concreta un nuevo límite de 45.000 toneladas procedentes de otros consorcios de residuos ajenos al de la ciudad de Alicante.  

Desde entonces, Alicante sólo debe recibir basuras derivadas desde la Vega Baja. La consecuencia: el cuarto turno ya no es necesario, lo que genera un ahorro de costes de 1,5 millones (aunque también una merma de ingresos por tasas que, al menos desde 2013, se vienen repartiendo entre el Ayuntamiento y la UTE adjudicataria). Lo cierto es que el tripartito venía anunciando la supresión de ese cuarto turno prácticamente desde que accedió al poder, pero no es hasta ahora cuando se pretende oficializar plasmándola en el contrato mediante la correspondiente modificación.     

En segundo término, se añade la renuncia a otro servicio: el de la generación de biogás o de otro tipo de combustible (valorización) a partir de la fracción del residuo ya no reutilizable. Según pudo constatar este diario, el coste de esa transformación venía corriendo a cargo del Ayuntamiento, por un importe de más de 240.000 euros anuales. Ahora, ese porcentaje de desechos no recuperable pasará directamente a las celdas de vertido.

El tripartito aprovecha ese ahorro en el tratamiento de residuos, de cerca de 1,8 millones anuales, para tratar de mejorar la imagen urbana de la ciudad con un refuerzo y redistribución de los equipos de limpieza viaria y la incorporación de nueva maquinaria. Es, también, una de las medidas contempladas en el pliego del contrato a las que la UTE queda obligada siempre que esté justificada. En este caso, según las fuentes consultadas, el coste de esa pretendida mejora deberá asumirlo el Ayuntamiento, que es quien lanza la propuesta, ya que no se ha concluido a partir de la labor de control de los inspectores municipales que exista una deficiente calidad en la prestación del servicio (lo que hubiese implicado que corriese a cargo de la adjudicataria). Alicante Plaza ya anticipó que la Concejalía de Medio Ambiente estaba trabajando para corregir y mejorar los sistemas de control y seguimiento de la contrata con el fin de que fuesen más objetivos y eficaces. En concreto, el refuerzo en la limpieza de la vía pública supondrá un desembolso de unos 33.200 euros.

La retahíla de modificaciones del contrato incluye, por último, la puesta en marcha, en una primera fase, de la recogida selectiva para los residuos orgánicos a partir de la instalación del contenedor marrón. Según las fuentes consultadas, el objetivo es ampliar ese modelo de forma paulatina mediante el reparto de unos 180 contenedores que llegarían a ampliarse hasta los 880 en un programa a dos años vista. El coste estimado para esta ampliación del servicio supera los 244.000 euros anuales.

UTE Alicante está participada por cuatro sociedades, Cespa (30%), FCC (30%), Cívica (30%) e Inusa (10%), estas dos últimas lideradas por Ortiz (investigado en los casos Gürtel y Brugal). Cuenta con una plantilla de 550 empleados. La UTE consiguió la contrata en 2013, por un plazo de 8 años más dos posibles prórrogas de dos años cada una, tras ser la única que presentó oferta para hacerse con un contrato hasta entonces manejado por Inusa. El PSOE impugnó la adjudicación en los juzgados sin éxito al considerar que no se le había dado la necesaria publicidad a la convocatoria.